Ni las posteriores medidas sociales anunciadas por el gobierno de Piñera ni el acuerdo parlamentario para cambiar la constitución lograron menguar las protestas, que comenzaron como respuesta al aumento de tarifas del transporte público el 18 de octubre y que ya dejaron 23 muertos, miles de heridos y denuncias de torturas, abusos sexuales y crímenes contra los derechos fundamentales.


































