El uzbeko que asesinó a 5 rosarinos en Nueva York podría recibir pena de muerte

La fase definitoria del juicio contra el uzbeko Sayfullo Saipov, que definirá si le corresponde la pena de muerte o reclusión perpetua por el asesinato, en 2017, de ocho personas en un bicisenda de Nueva York, entre ellas cinco rosarino, comenzará este lunes en un juzgado federal del Distrito Sur de esa ciudad estadounidense.

En caso de que se aplique la pena de muerte al ciudadano uzbeko, que declaró que atropelló con un camión a los ciclistas que el 11 de septiembre de 2017 circulaban por la bicisenda del West Site de Manhattan para ingresar al grupo yihadista Estado Islámico (Isis), sería la primera pena capital resuelta bajo el mandato del presidente Joe Biden.

Saipov fue declarado culpable de asesinato por este mismo juzgado el último 26 de enero y esta segunda fase, que deberá determinar la sentencia que le corresponde, debería haber comenzado el 4 de febrero, pero las diligencias y observaciones impuestas por la defensa forzaron esta postergación, y los elementos agregados hacen prever que la sentencia recién se dictará a fines de febrero o principios de marzo.

“Por la reprogramación que hubo pudimos saber que es muy posible que esto demore mínimo dos semanas de actividad programadas. Hubo mucha dificultad para traer a todos los testigos, considerando que van a traer como testigos a la familia de Saipov, que viene de Uzbekistán”, explicó a Télam el abogado Juan Félix Marteau.

El letrado argentino representa en el juicio a la viuda y los hijos de Hernán Mendoza, una de las víctimas del atentado perpetrado por Saipov.

Mendoza había viajado a Nueva York con varios de sus compañeros del Colegio Politécnico, en Rosario, para festejar los 30 años de egresados. Junto a él murieron Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, mientras que Martín Marro resultó herido.

Nicholas Cleves, de 23 años, de Nueva York, y Darren Drake, de 32 años, de New Milford, Nueva Jersey, fueron los dos estadounidenses muertos. Y la octava víctima fue Ann-Laure Decalt, una ciudadana belga de 31 años.

Saipov, que fue detenido por un policía cuando intentaba huir del lugar del atentado, es un inmigrante de Uzbekistán que, según dijo en sus primeras declaraciones, perpetró el ataque para ingresar al Isis.

Este elemento, según dijo a Télam el abogado Marteau, es el que deja abierta las puertas para que la sentencia del culpable sea la pena de muerte, ya que el Isis integra la lista de organizaciones terroristas que confecciona Estados Unidos.

“Quedó claro en este proceso que Sayfullo Saipov brinda soporte material al Isis. Esto abre la puerta por la que debería acreditarse la pena de muerte”, había dicho Marteau a Télam cuando el tribunal condenó por asesinato al uzbeko, con la aclaración de que era una observación técnica, que nada tenía que ver con la opinión de sus representados en este juicio.

La moción de la defensa cuestionó por qué el gobierno estaba persiguiendo la pena de muerte cuando la administración Biden ha impuesto una moratoria sobre las ejecuciones federales y se ha negado a autorizar la pena de muerte en ataques más mortíferos, en particular el crimen de odio en un Walmart de El Paso, Texas, que dejó 23 muertos en 2019.

“Y dada la reciente decisión de aceptar la declaración de culpabilidad de Patrick Crusius a cadena perpetua a pesar de su asesinato por odio, premeditado y sin arrepentimiento, de 23 latinos en un Walmart de El Paso, Texas, el Tribunal debería estar muy preocupado por el hecho de que una de las fuerzas que impulsan el pedido de (pena) de muerte en este caso sea la religión y la nacionalidad del Sr. Saipov, en violación de la Quinta y la Octava Enmienda”, dijo el abogado defensor David Patton, citado por abcNews.

Si el juez no está dispuesto a suprimir la pena de muerte, una condena respaldada para este caso tanto por el ex presidente Donald Trump como por Biden, quien durante la campaña prometió buscar la abolición de la pena capital, la defensa dijo que al menos debería ordenar a los fiscales federales que revelen las pruebas en las que se basa la decisión.