El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó este jueves que vetará el proyecto de ley aprobado por el Congreso brasileño, que permite reducir las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. El principal beneficiado sería el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años por planificar la maniobra.
En una conferencia de prensa desde Brasilia, Lula fue tajante: “Las personas que cometieron un crimen contra la democracia tienen que pagar por los actos cometidos”. El mandatario recordó que tiene “el derecho de vetar” y que el Congreso “puede intentar derribar ese veto”.
El Senado había aprobado el texto en la madrugada del miércoles, tras un debate agitado. La iniciativa ya había pasado por Diputados, lo que la dejaba lista para ser promulgada. Sin embargo, la decisión de Lula podría frenar ese avance, al menos de forma temporal.
El 11 de septiembre, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por haber encabezado una conspiración para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula. La Corte consideró que el exmandatario impulsó un plan para arrastrar a las Fuerzas Armadas a desconocer el resultado electoral.
El Congreso aprobó una ley para reducir penas por delitos contra la democracia. Foto: ReutersEl punto culminante del proceso fue el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores bolsonaristas invadieron las sedes del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto. Aquella jornada marcó el momento más crítico para la joven democracia brasileña desde el fin de la dictadura.
El tribunal ordenó su detención el 25 de noviembre pasado. Bolsonaro se encuentra actualmente recluido en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia, tras haber intentado sabotear una tobillera electrónica impuesta como medida cautelar.
“Si olvidamos lo que pasó, lo perdemos todo”
Lula insistió en la gravedad de los hechos: “Necesitamos tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023. Si la democracia olvida la importancia que tiene, terminamos perdiendo todos”. Fue uno de los fragmentos más duros de su intervención, dirigida tanto al Congreso como a la sociedad brasileña.
El mandatario también consideró que una amnistía encubierta a los responsables del intento de golpe solo alimentaría nuevos desafíos al orden democrático. “La democracia tiene que ser defendida con firmeza, incluso frente a la presión del Parlamento”, expresó.
Si bien el Congreso tiene la posibilidad de revertir el veto, el gesto presidencial anticipa un nuevo capítulo de tensión política entre el Ejecutivo y las bancadas que aún responden al exmandatario.
Bolsonaro fue condenado a 27 años por liderar un intento de golpe en 2023. Foto: ReutersQué cambiaría si la ley se promulga
Según cálculos de legisladores aliados a Bolsonaro, si el proyecto entra en vigor, el excapitán del Ejército podría cumplir apenas dos años en régimen cerrado. Luego, accedería al beneficio de prisión domiciliaria o régimen semiabierto, lo que reconfiguraría su situación legal y política.
La votación fue celebrada con entusiasmo por sectores de la oposición, que aún reivindican la figura del expresidente. Desde el oficialismo, en cambio, advirtieron que la medida representa un “retroceso institucional” y una “amenaza a la credibilidad judicial”.
El futuro de la ley ahora depende del enfrentamiento entre el veto presidencial y la mayoría parlamentaria. La pulseada vuelve a poner a Brasil ante una disyuntiva clave: memoria o impunidad.