México denuncia a Bolivia ante la justicia internacional

Las diferencias diplomáticas entre México y Bolivia han llegado a la justicia internacional. El Gobierno mexicano ha anunciado este jueves que presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de Naciones Unidas, para que se garantice la seguridad en su embajada en La Paz.

El personal diplomático mexicano asegura que ha sufrido intimidaciones y acoso desde que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio asilo al expresidente Evo Morales en noviembre y que las presiones han aumentado después de que México decidiera asilar en sus legación en la capital boliviana a nueve funcionarios leales a Morales. La Paz considera que las acusaciones son falsas y México no tiene pruebas.

"Lo que planteamos es que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están en el interior", ha dicho el canciller mexicano (ministro de Exteriores), Marcelo Ebrard. "Ni en los peores momentos de los golpes militares de los años setenta y ochenta se puso en riesgo la integridad de estas instalaciones", ha añadido. México denuncia que el acoso comenzó el 11 de noviembre, mientras se hacían las gestiones para llevar a Morales a territorio mexicano. "Primero se quejaban de que le diéramos asilo, después que hiciera unas declaraciones desde México, ahora por estos nueve funcionarios asilados", contaba esta semana en entrevista Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe.

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“Allá nos veremos”. Esa fue la respuesta de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, al anuncio de México. “Veremos quiénes han violado los tratados”, añadió el ministro en referencia a las declaraciones publicas sobre política boliviana que hizo Morales desde su exilio en México. El Gobierno boliviano argumenta que estos dichos fueron permitidos por el Ejecutivo mexicano en contra de los acuerdos internacionales sobre asilo. Además, dijo que no hay pruebas que sostengan las afirmaciones que México hace en su recurso ante la Corte.

EL PAÍS adelantó el lunes que cinco exministros, un exprocurador (fiscal) general, un exgobernador y otros dos funcionarios están resguardados en la legación mexicana después que el Gobierno interino de Jeanine Áñez anunciara una "cacería" para detenerlos. El blanco principal es Juan Ramón Quintana, exministro de Gobierno y uno de los hombres fuertes de Morales. Quintana ha sido acusado de sedición y terrorismo, delito que se sanciona con 30 años de prisión. También está acusada de terrorismo la exministra de Cultura Vilma Alanoca, en la mira porque se encontraron bombas molotov en una dependencia del ministerio que dirigía.

Los funcionarios mexicanos denunciaron que había hombres fuertemente armados en los alrededores de la Embajada, que se seguía a los vehículos oficiales y se increpaba constantemente a la embajadora, Teresa Mercado. El propio Morales, asilado en Argentina desde principios de diciembre, dijo que se estaban utilizando drones para espiar a los diplomáticos mexicanos y a sus exfuncionarios. Karen Longaric, la canciller boliviana, ha dicho que los exfuncionarios "no son perseguidos políticos" sino que son buscados porque "han cometido delitos comunes".

En la víspera de Nochevieja, las presiones empeoraron. Hasta 150 policías y miembros del Ministerio del Interior vigilaron las instalaciones. El Gobierno de Áñez descartó que se tratara de acoso y dijo que se estaba brindando "protección" a los representantes mexicanos. Las protestas poselectorales en Bolivia han dejado al menos una veintena de muertos, según Human Rights Watch. La mayor preocupación de México es una incursión por la fuerza a la Embajada para detener a los nueve funcionarios, han dicho fuentes diplomáticas a este periódico. El Gobierno ya ha otorgado el asilo a los nueve exfuncionarios, pero la Administración de Áñez no ha dado los salvoconductos para que estos abandonen Bolivia y ha emitido órdenes de detención para cinco de ellos.

El viceministro boliviano de Seguridad, Wilson Santamaría, también utilizó un tono desafiante para anunciar que su país no retirará el personal asignado para el control de la Embajada y la residencia oficial mexicanas. El contingente llegó a ser de 90 policías y al día de hoy, después de la primera protesta de México, ha disminuido a 16 efectivos en cada sitio. “No vamos a permitir que nadie que tenga cuentas pendientes con el país de la anterior administración abandone Bolivia”, ha añadido Santamaría.

La Paz ha justificado la vigilancia extraordinaria con dos argumentos diferentes. Los encargados de Seguridad han señalado que existe el riesgo de que los exfuncionarios huyan y se den a la fuga cruzando la frontera con Argentina. El secretario privado de la presidencia, Erick Foronda, aseguró hace un par de días que la policía está protegiendo la embajada mexicana de posibles protestas de campesinos, una explicación que el Gobierno no ha vuelto a usar.

El plan de acción de México ha comenzado por agotar la vía legal y diplomática para evitar la violencia. Argumenta que las acciones de Bolivia violan la Convención de Viena, que establece el derecho que norma entre representaciones y representantes de países. Ha emitido tres notas diplomáticas esta semana, ha acudido a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y se ha acercado a los Gobiernos del continente para reunir apoyos. "No hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país", ha reclamado Ebrard. "México está presentando un instrumento jurídico por violación de obligaciones diplomáticas", ha agregado.

La Cancillería mexicana ha descartado que vaya a romper relaciones con Bolivia. El enfriamiento en las relaciones bilaterales no solo recae en el gesto que tuvo México de dar asilo a Morales. En el telón de fondo también está el hecho de que varias figuras clave del Movimiento al Socialismo buscan llegar, están o han pasado por México en tiempos en los que aún no se define cuándo serán las elecciones presidenciales y cómo será la sucesión en el poder tras la partida del expresidente, quien estuvo casi 14 años en el poder.