La crisis carcelaria se expresó en Ecuador con el estallido de dos coches-bomba

Quito vivió en las últimas horas una inusual serie de ataques con granadas y dos coches-bomba explotaron frente a sendas sedes del organismo que gestiona las cárceles, en lo que aparenta ser una nueva muestra del poder de las organizaciones criminales que protestaron de esa manera por las continuas requisas en las prisiones, que dieron paso además a motines y retenciones de agentes por parte de los reos.

Los ataques, que comenzaron el miércoles por la noche en una zona comercial de Quito, no dejaron víctimas pero generaron un marcada alerta, sobre todo el estallido de los dos coches bomba, un sedán y una camioneta.

Los vehículos, que cargaban cilindros de gas, explotaron frente a la actual sede principal del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) en un caso y frente a oficinas de la misma dependencia, en el otro.

El director de Investigación Antidrogas de la policía, el general Pablo Ramírez, dijo a la prensa que el sedán tenía "dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita".

Además, tres granadas estallaron en Quito, informó el alcalde Pabel Muñoz a través de la red social X (antes Twitter).

El sitio Primicias da cuenta de otras dos explosiones en El Oro (una provincia sureña), aunque sin mayores precisiones, y señala que para analizar los ataques el llamado Frente de Seguridad se reunió en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, aunque sin el presidente Guillermo Lasso, que cumple actividad en el interior del país.

Seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas a varios kilómetros del sitio de una de las explosiones, de acuerdo a Ramírez.

Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato y están presuntamente vinculados al ataque, añadió.

La capital ecuatoriana parecía exceptuada de la guerra no declarada entre bandas del narcotráfico y las autoridades, pero las explosiones de hoy abren un nuevo panorama.

Quito nunca había vivido estallidos de autos, aunque sí hubo atentados con explosivos en dos oportunidades, 1982 y 1984, en este último caso con dos policías muertos como saldo.

En medio de la sangrienta guerra entre bandas, las cárceles fueron sede de varias masacres, mayormente por choques entre las organizaciones y en algunos casos por motines, que dejaron más de 430 presos muertos desde 2021.

El sedán y la camioneta quedaron destruidos. Según la policía, dos ciudadanos en motocicleta "habrían lanzado líquido inflamable" contra el sedán estacionado y cargado con dos cilindros de gas.

Ayer, policías y militares hicieron un operativo en las prisiones de Cotopaxi y Turi, y decidieron el traslado de algunos líderes de bandas.

En Turi, la requisa generó un motín de los reos y la retención de agentes penitenciarios, que hoy cumplieron 24 horas en esa condición.

Hoy se conoció un video, a través de redes sociales, en las que parte de esos policías y agentes retenidos por reclusos reclaman al Gobierno de Lasso que no adopte decisiones que atenten contra los derechos humanos de ellos y de los presos.

"Este mensaje es para decirles que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad", dijo en el video el vocero de los agentes, vestido de uniforme camuflaje militar, acompañado por otros guías.

El mensaje fue confirmado como verídico por el ministro del Interior, Juan Zapata, de acuerdo con el portal de noticias Notimundo.

Ramírez, en tanto, aceptó que el cambio de cárcel de los reclusos "posiblemente sería" lo que motivó el estallido de los coches-bomba frente a las oficinas del SNAI.

"Quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las fuerzas armadas y la policía en controlar estos centros penitenciarios", afirmó, por su parte, el ministro de Seguridad, Wagner Bravo, a una emisora.

En todo el territorio ecuatoriano rige actualmente un estado de excepción y otro para el sistema carcelario, por 60 días cada uno, luego del crimen del entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, asesinado por sicarios colombianos el 9 de agosto último.

Ese estado de excepción es el que habilita que militares patrullen las calles e intervengan en el control de las prisiones, a donde se extiende la guerra de bandas, en general aliadas a cárteles mexicanos y colombianos de drogas.

Lasso, un usuario frecuente de la red X para difundir sus medidas y acciones de Gobierno, se expresó recién varias horas después de los hechos en defensa de su política para el área y con reclamo para los jueces.

"Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país", escribió en la red.

Y agregó: "En la lucha contra el crimen organizado necesitamos el trabajo de todo el Estado, pero hago énfasis en el sistema de justicia. Les pido a los jueces que actúen con celeridad y mucha rigurosidad".

Al grave cuadro de inseguridad se suma el desarrollo de la campaña y la inminencia de la segunda vuelta electoral que debe definir quien completa el mandato de Lasso hasta mayo de 2025.

Los participantes de ese balotaje, Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN), no se refirieron hoy a la cuestión.

La ciudad portuaria de Guayaquil, la segunda de Ecuador, es la más afectada por la inseguridad porque se convirtió en bastión de la violencia narco.

La tasa de homicidios en el país subió al récord de 26 por cada 100.000 habitantes en 2022, casi el doble del año anterior.

Quito solo había vivido dos hechos con algunas similitudes a los atentados de hoy: en noviembre de 1982 hubo una explosión frente a la embajada de Israel, que dejó dos policías muertos, y que algunas versiones atribuyeron al ya desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC); y en mayo de 1984 estallaron dos bombas panfletarias cerca de la embajada de Estados Unidos y en la Catedral Metropolitana, en este caso sin víctimas mortales.