Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas para limitar el "turismo de nacimiento" en Estados Unidos

Donald Trump volvió a colocar la política migratoria en el centro de su agenda al firmar dos nuevas órdenes ejecutivas destinadas a restringir el denominado "turismo de nacimiento", una práctica mediante la cual mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan en ese país y obtengan la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento.

Las nuevas disposiciones fueron presentadas por la Casa Blanca como una forma de limitar supuestos abusos del sistema migratorio, aunque su alcance y legalidad ya generan cuestionamientos.

Qué es el "turismo de nacimiento" y qué buscan las nuevas medidas

El concepto de "turismo de nacimiento" hace referencia a los viajes que realizan algunas mujeres embarazadas con el objetivo de dar a luz en territorio estadounidense.

Bajo la interpretación tradicional de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, la mayoría de los niños nacidos en Estados Unidos adquieren automáticamente la ciudadanía, independientemente de la nacionalidad o situación migratoria de sus padres.

Trump sostiene desde hace años que ese mecanismo favorece abusos y prometió durante su campaña impulsar cambios para limitar ese derecho. Sin embargo, uno de sus principales intentos sufrió un revés a fines de junio, cuando la Corte Suprema mantuvo la vigencia de la ciudadanía por nacimiento y dejó sin efecto una orden ejecutiva anterior que buscaba restringir ese beneficio.

Ahora, la Casa Blanca optó por una estrategia diferente. En lugar de intentar modificar de manera general el alcance de la ciudadanía por nacimiento, las nuevas órdenes ejecutivas apuntan a situaciones puntuales que, según el Gobierno, constituyen excepciones contempladas por la legislación y la jurisprudencia.

Entre los casos alcanzados figuran los hijos de diplomáticos extranjeros, personas consideradas enemigas del país —como integrantes de organizaciones terroristas— y otros supuestos vinculados al llamado turismo de nacimiento.

También se plantea revisar el tratamiento de nacimientos ocurridos en determinados territorios estadounidenses no incorporados, una cuestión que también forma parte del debate jurídico.

Desde la administración Trump sostienen que estas medidas buscan proteger el valor de la ciudadanía estadounidense y desalentar el uso de visas temporales con el único propósito de obtener ese beneficio para los hijos nacidos en el país.

Un nuevo frente judicial y un debate que sigue abierto

Las órdenes ejecutivas llegan apenas semanas después del fallo de la Corte Suprema que frustró el intento anterior de la administración republicana de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto presidencial.

Ese antecedente hace prever que las nuevas disposiciones también enfrentarán demandas judiciales. Diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles y especialistas en derecho constitucional ya anticiparon que cuestionarán su legalidad por considerar que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y solo podría modificarse mediante una reforma constitucional, no por decisión del Poder Ejecutivo.

La discusión también gira en torno a la magnitud real del fenómeno. Aunque el Gobierno estadounidense sostiene que el turismo de nacimiento representa un problema migratorio que debe ser combatido, no existen estadísticas oficiales sobre su alcance.

Algunas estimaciones independientes calculan que podrían producirse más de 20.000 nacimientos por año vinculados con esta práctica, aunque otros especialistas consideran que se trata de un fenómeno limitado y que puede abordarse mediante controles migratorios sin modificar el principio de ciudadanía por nacimiento.