El CELS se opuso a la reapertura de la causa contra Monteros

El CELS es un organismo que aboga por la protección de los derechos humanos y que era presidido hasta poco más de un año por el periodista Horacio Verbitsky, quien dejó su cargo tras el escándalo que se desató cuando reconoció ser uno de los vacunados vip, inoculado contra el Covid-19 junto a funcionarios, empresarios y familiares de políticos antes que le correspondiera. Verbitsky es uno de los exmiembros de Montoneros acusados de haber intervenido en el atentado.

El Centro advirtió que esta sentencia de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “no ocurre en el vacío”, sino ante “el crecimiento de sectores políticos de ultraderecha que reivindican el accionar del Estado argentino durante los años 70″.

Dijo el CELS que el fallo “busca equiparar a delitos de lesa humanidad” las muertes causadas por los guerrilleros y remarcó que esos crímenes en cuestión fueron declarados “prescriptos”.

“Con su resolución, los jueces reinstalan la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad”, declaró. Los camaristas ordenaron a la jueza María Servini dictar una nueva resolución debido a que la magistrada había rechazado el año pasado un planteo para reabrir la pesquisa.

”La excusa es la falta de fundamento de la decisión de la jueza de primera instancia María Servini; aunque su decisión en verdad había sido fundada con precisión: los hechos ocurridos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal fueron declarados prescriptos y esa decisión está firme”, argumentó el CELS.

”Aunque jurídicamente esta discusión esté saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuestión y producen lo que está pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado más cruenta del siglo XX, ola que, además, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contemporáneo”, consideró.

El CELS interpretó que la Justicia debió haber juzgado a los responsables del atentado en aquel momento y que, en cambio, eligió la represión ilegal. “La acción de Montoneros podría haber sido investigada en su momento por la justicia penal. Eso no fue así porque el Estado, en lugar de este camino, eligió un método clandestino de represión y exterminio, cuyas consecuencias todos conocemos”, dijo.

El 2 de julio de 1976 a las 13.20 un poderoso artefacto explosivo detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal en Moreno 1431 y mató a 24 personas: 20 suboficiales, tres oficiales y a una civil que visitaba el edificio.

La entidad dijo que los denunciantes invocan el derecho a la verdad y que efectivamente se trata de “una obligación internacional del Estado asociada a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad cuando hay un obstáculo para la imposición de una sanción”.

”En este caso, no hubo inconvenientes de ese tipo: la causa penal está prescrita y los peticionantes pueden pedir información al Estado sobre los hechos. Probablemente, enfrentarán numerosos obstáculos porque la dictadura se encargó de ocultar y destruir mucha información”, dijo el organismo.

Los denunciantes en esta causa son la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, Eduardo Emilio Kalinec (un excomisario condenado por delitos de lesa humanidad) y Alicia de León, quienes pidieron ser querellantes como “víctimas directas”.