Polémica en Gualeguaychú por la autorización de la venta de glifosato

Eugenia Delorenzi | redaccion-er@miradorprovincial.com

Desde hace años, Gualeguaychú lleva como bandera la lucha contra la contaminación. Desde la instalación de la pastera UPM-Botnia, y luego con los agrotóxicos y agroquímicos, han manifestado su preocupación por el medioambiente y la salud de los propios convecinos.

Esta lucha ha tenido diversos logros y uno de ellos había sido en abril, cuando el Concejo Deliberante de Gualeguaychú sancionó la ordenanza que establecía la prohibición del uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato dentro del ejido local.

El pasado 10 de julio, el juez federal subrogante Pablo Seró dio lugar a la medida cautelar presentada por diferentes propietarios de locales, que comercializan el agroquímico en Gualeguaychú. Esto implica que podrán continuar con la venta del producto hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre el planteo de inconstitucionalidad de la normativa.

Esto despertó una disconformidad en general, tanto en la cúpula gubernamental que propuso y aprobó la ordenanza, como en los sectores de la sociedad a favor de la protección del medioambiente, por lo que iniciaron medidas para proteger la salud de los gualeguaychuenses.

Los primeros pasos fueron reuniones en el Concejo Deliberante a las que asistieron numerosas organizaciones, encabezadas por el intendente Martín Piaggio y el viceintendente Jorge Maradey, para hacer una consulta pública, y la intervención de los abogados que pedirán que la causa se pase a la Justicia local, que entienda en lo Civil y Comercial.

En tanto, vecinos de Concepción del Uruguay, nucleados en el colectivo “Por la Vida Sin Agrotóxicos”, se movilizarán el próximo martes a partir de las 10 horas frente al Juzgado Federal de esta ciudad, para repudiar la decisión del juez Seró.

El contexto

En una entrevista con Mirador Entre Ríos, Jorge Maradey, viceintendente de Gualeguaychú, brindó detalles de la lucha contra los agrotóxicos y el revés judicial que recibieron.

“Haciendo un poco de historia, todo empezó en el 2003 y 2004. Un grupo de fraybentinas, de la ciudad uruguaya frente a Gualeguaychú, nos alertaba sobre la instalación de una pastera que iba a contaminar. De allí que el grupo fue organizándose y se fue sumando gente. Aparecen algunas maestras preocupadas porque fumigaban en las escuelas rurales, y este grupo que comenzó entre ambientalistas y docentes se reunieron en Concepción del Uruguay, hicieron una asamblea y formaron la Asociación de Paren de Fumigar Escuelas. Luego en Gualeguaychú nació la Asamblea Ciudadana Ambiental que toma mucha fuerza y se hace conocer esto a nivel nacional e internacional, y con esta preocupación Gualeguaychú tomó la bandera del medio ambiente”, rememoró Maradey.

Al ser consultado por el debate que significó prohibir el herbicida manifestó: “Hicimos una serie de consultas con la Sociedad Rural, la Asociación Agraria, Senasa, Inta, Apresit, con la mamá de Antonella —una joven fallecida por leucemia con mucha relación con el glifosato—, asociaciones ecologistas y después con expertos como el doctor Damián Marino, la doctora Manzano, bióloga del Conicet de Paraná, entre otras tantas voces autorizadas; después de eso lo analizamos, y en abril se votó”, destacó el viceintendente.

De 13 concejales, con nueve votos a favor y cuatro en contra, se promulgó la ordenanza que prohibe el uso, el acopio, el transporte y la utilización del glifosato en todo el ámbito del ejido de Gualeguaychú, aclarando que tiene un sector urbano, uno de chacras y quintas y uno rural, fue prohibió en todo el ejido.

¿Salud pública o agronegocio?

Desde el inicio del debate hasta ahora, que pasó a manos de la Justicia, siempre hubo distintas interpretaciones de la ordenanza. Al respecto Maradey explicó: “Nosotros en el debate escuchamos muchas voces. Mucha gente a esto lo toma como un problema de producción y para nosotros es un problema de salud pública. Yo no quiero desviar el eje. Si bien el uso está relacionado a un sistema de siembra directa y a empresas que han trabajado con organismos genéticamente modificados que han hecho resistentes estas semillas al glifosato y generan un uso desmedido y abusivo, vulneran los derechos de la salud, y el ambiente en cuanto al agua, el aire y la tierra”.

En cuanto a la agroecología, el funcionario agregó que la prohibición del glifosato fue un paso importante en defensa de la salud del medioambiente. “Con ello invitamos a un cambio de proceso productivo en el medio hacia la agroecología, por eso nosotros continuamos con el plan y surge acá el ‘Passs' (Plan alimentario sano, seguro y soberano), una producción de alimentos sin agroquímicos, sin agrotóxicos, al que se tenga fácil acceso y en lo posible sea local”.

El respaldo de la Ley

“Nosotros pensamos que no violamos ningún derecho constitucional, por el contrario, tanto la constitución de la provincia como la ley 1027, en su artículo 11º, sostienen que no solamente las municipalidades tienen facultades para intervenir en los procesos productivos y en las prácticas más amigables con el ambiente sino que reconoce que se pueden dictar normativas en términos progresivos”, manifestó el funcionario. Es decir que los municipios tienen autonomía para legislar en materia ambiental.

Acerca del revés judicial, Maradey cuestionó la medida de Seró y dijo: “No estamos nada de acuerdo. A mi personalmente me quedan dudas sobre que hayan abierto así la Feria Judicial por este tema, y me llama la atención cómo se ha actuado así y no se ha llamado después de tanto tiempo a los gerentes de UPM-Botnia a declarar, que no los hayan traído por Interpol y ahora por seis empresas que expenden este producto agrotóxico se abra la Feria y ocurra esto”.

Cifras alarmantes

Con políticas de lucha contra los agroquímicos y los efectos que causan en los habitantes, el gobierno local hace hincapié en tema ambiental. Maradey contó sobre los avances de esta política. “Hace casi un año iniciamos un estudio del cáncer en cuanto a la incidencia y la prevalencia. Entre el 2000 y 2011 ya se juntaron los datos y estamos modificando algunos métodos para que los datos sean más creíbles o fidedignos y pedimos a los colegios médicos que nos ayuden a clarificar algunos certificados para que sea más transparente”, advirtió.

Al mismo tiempo, mencionó que contrataron un equipo de la Universidad de Buenos Aires que se encargan de reunir y analizar datos, “es un trabajo en conjunto con todos los que trabajamos desde acá”, acotó.

Sobre los datos provisorios de estos estudios, reveló: “Aumentaron notoriamente los casos de Linfoma de Hodkings (cáncer en los ganglios linfáticos), y crecieron sorpresivamente los casos de cáncer de riñón. Hay trabajos que demuestran que estos dos últimos casos de enfermedad oncológica tienen relación con el uso de agrotóxicos”.

Maradey resaltó las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que el glifosato es potencialmente cancerígeno, “espero equivocarme pero en cinco años va a ser cancerígeno no potencialmente, porque necesitan tiempo para declararlo. Y también es un interruptor endócrino y estamos viendo en forma alarmante alteraciones en la tiroides, principalmente hipotiroidismo, y también estamos viendo lesiones en piel, leucemia en los niños, entre otras cosas”, concluyó con preocupación.