El Gobierno otorgará 16.050 millones de pesos a las provincias para el transporte público

El Ministerio de Transporte cristalizó este lunes, con la publicación del Boletín Oficial, un nuevo incremento en los subsidios que entrega a las provincias en el marco del “Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país”. Según se informó, en los próximos cuatro meses el Gobierno destinará para ese fin un total de 16.050 millones de pesos, siempre con el objetivo de alcanzar los 46 mil millones durante 2022.

La Resolución 401/2022, firmada por el titular de esa cartera, Alexis Guerrera, estableció en su Artículo 1° un monto mensual de hasta 3.850 millones de pesos para los meses de julio, agosto y septiembre y de $4.500.000.000 en octubre, totalizando la suma de $16.050.000.000 de aportes con destino a los servicios que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Asimismo, se detalló que estas asistencias “serán transferidas a la jurisdicción provincial y/o municipal beneficiaria, a fin de que ésta transfiera los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales”, dentro “de los dos días hábiles, contados desde la acreditación” en sus cuentas.

Por su parte, las jurisdicciones deberán continuar aportando al sistema, ya sea a las empresas prestadoras de los servicios o, en su caso, al municipio que así se lo hubiera requerido por medio fehaciente, “como mínimo, un monto que mantenga la proporción que se hubiera verificado por los aportes correspondientes al año 2021″, procurando “la sustentabilidad de los servicios de transporte automotor de pasajeros involucrados”.

En los considerandos de esta Resolución, el Gobierno señaló que en enero, febrero y marzo de este año ya les entregó $3.200.000.000 por cada mes a las compañías del sector en concepto de subsidios del Fondo de Compensación, mientras que en abril, mayo y junio los montos fueron de hasta $3.500.000.000.

En caso de que alguna provincia, voluntaria o involuntariamente, no adhiera a esta denominada “ADENDA II - AL CONVENIO AÑO 2022” en los próximos 30 días, la Secretaría de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, o en ciertos casos la Secretaría de Gestión de Transporte de la misma cartera, podrán “suscribir dicha adenda de manera directa con aquellos municipios que así lo solicitasen, con arreglo a sus correspondientes regímenes normativos”.

“En todos los casos, las adendas deberán ser refrendadas por la máxima autoridad con competencia del Poder Ejecutivo Municipal”, se aclaró.

En paralelo, se informó que “las acreencias liquidadas como consecuencia de la aplicación del artículo 2° de la presente resolución serán transferidas a la jurisdicción provincial y/o municipal beneficiaria, a fin de que ésta transfiera los fondos en forma directa a las empresas prestadoras de los servicios provinciales y municipales, salvo requerimiento en contrario efectuado por medio fehaciente a la Provincia por parte de la jurisdicción municipal”.

“Las transferencias deberán ser efectuadas por la jurisdicción provincial y/o municipal dentro de los dos días hábiles, contados desde la acreditación de los fondos en las cuentas designadas en la “ADENDA II - AL CONVENIO AÑO 2022”, con destino a las empresas que les indique el Ministerio de Transporte”, agregó la Resolución en su Artículo 3°.

Concentración de recursos en el AMBA

El eje de la discusión es la disconformidad de las provincias por la concentración de recursos en el AMBA, donde según los datos expuestos por los legisladores, se concentra el 83% de los fondos destinados a subsidiar el boleto que pagan los pasajeros. En consecuencia, la tarifa es más costosa en el interior del país.

Por otra parte, hace tan solo unas semanas la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a varias empresas de colectivos que circulan fuera de Buenos Aires y sus alrededores, denunció que el Estado Nacional les adeudaba “millones de pesos del Fondo Compensador”.

“El sector no podrá hacer frente a los compromisos y gastos necesarios para la continuidad de los servicios, por imposibilidad de afrontar los gastos operativos y salariales, que representan el 85% de los costos”, había advertido el organismo a través de un comunicado a mediados de junio.