Se abre una nueva etapa en el Consejo de la Magistratura

La última semana fue definitoria para la nueva integración del Consejo de la Magistratura de la Nación, el organismo cuyo fin es designar candidatos a jueces, removerlos y sancionarlos, además de administrar los recursos del Poder Judicial.

En cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la actual composición del cuerpo por no respetar el equilibrio entre estamentos exigido por la Carta Magna, el Senado de la Nación logró consagrar con media sanción el proyecto de nueva integración motorizado por el oficialismo, que eleva de 13 a 17 el número de miembros, con una representación más proporcionada entre políticos, abogados, jueces y académicos.

Para cumplir con el plazo establecido por la sentencia, la Cámara de Diputados debería convertir en ley este texto durante la próximo semana, esto es, antes del 14 de abril. No parece que eso vaya a pasar, y así lo admitió el presidente del bloque justicialista, el santafesino Germán Martínez. Y esto es así tanto porque el justicialismo está en desventaja numérica frente a la oposición (que en el caso de Juntos por el Cambio motoriza un proyecto diferente y no acompañará el del Senado), sino por las propias diferencias internas en la constelación oficialista. Las mismas diferencias que impidieron conformas las comisiones y sesionar en el período extraordinario de sesiones.

En cuanto al proyecto opositor, eleva el número de miembros a 20. y más allá de eso no se sustenta en criterios incompatibles con la negociación y la búsqueda de consenso, excepto en un punto: proponen que el presidente del Consejo sea el titular de la Corte (como sucedía con la ley original), que es lo único que el kirchnerismo no está dispuesto a aceptar.

Y que es lo que ocurrirá, no obstante, el 18 de abril, cuando vencido el término para dictar una ley que establezca una nueva composición, recupere vigencia la original, se vuelva a los 20 consejeros y quien presida el cuerpo pase a ser Horacio Rosatti.

El gran interrogante que despierta este panorama se apoya en la cláusula del fallo que dispone que todos los nuevos integrantes (que son siete, además del propio Rosatti, dos abogados, un juez y dos representantes de las "segundas minorías" parlamentarias, uno por cada cámara) deben asumir al mismo tiempo, y no de manera paulatina. El sector político se enfrascó en una disputa sobre a quien corresponde el rol de "segunda minoría" en cada cámara, y no dio ninguna muestra de cómo la va a resolver, dejando vacías esos dos asientos.

Desde adentro del propio Consejo se expresó públicamente el temor de que esa imposibilidad de cumplimiento del fallo redunde en una paralización del organismo, dado que la propia Corte dispuso que si no se acataba el mandato sus futuros actos quedarían sin efecto. No parece que eso sea lo que vaya a ocurrir, según lo que fuentes judiciales deslizaron a El Litoral como interpretación de lo sucedido. Y es que, más allá de la defección del sector político, el Consejo de la Magistratura sí acató el fallo, y llamó a elecciones para completar el número de miembros requeridos, estableciendo además que sean mujeres, para cumplir con la paridad. Así, fueron elegidas las abogadas Jimena de la Torre (alineada con Juntos por el Cambio) y María Fernanda Vázquez (que responde al oficialismo); la jueza Agustina Díaz Cordero (independiente, aunque crítica del kirchnerismo) y en los próximos días ocurrirá lo propio con el sector de las universidades. Es decir, habrá 18 consejeros sobre 20, más que suficientes para cumplir con el quórum requerido.

Con lo cual, el incumplimiento del sector político será una desobediencia al fallo de la Corte, pero no sería (según esta interpretación) un motivo para paralizar al organismo. Máxime cuando la Justicia Federal registra un alarmante 25 % de vacantes en todo el país, configurando una situación de gravedad institucional que no puede quedar (no puede seguir quedando) sujeta a las pujas interpartidarias.