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Viernes 17.2.2023
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Juan José Sagardía
Por: 
Juan José Sagardía

Las adicciones las tenemos por el cigarrillo, el alcohol, las distintas formas de la droga y la delincuencia callejera. A su vez, en lo que significa Seguridad Social, a los enfermos, los heridos y los lastimados, se los atiende a través de obras sociales y hospitales.

En dicho contexto, lo que llama la atención es que los adictos al cigarrillo y al alcohol, por cada compra que realizan, pagan un impuesto o sellado, según como se lo quiera denominar. Pero los adictos a las drogas no pagan ningún impuesto y a los delincuentes, que dejan heridos y lastimados, nunca se les hace pagar nada.

¿Dónde van a parar los impuestos antes mencionados? A las arcas del Estado Nacional. Lo llamativo es que ellos reciben impuestos de parte de los adictos al cigarrillo y al alcohol, pero cuando estos se enferman se hacen cargo las obras sociales y los hospitales.

Al margen de eso, está claro que por ahora lo más delicado de las adicciones es el consumo de drogas, que se hace en la informalidad y va in crescendo, porque no está controlado. Y esto genera enfermedades irreversibles en los jóvenes que consumen, dejando secuelas importantes en ellos.

Por otra parte, los heridos, lastimados o golpeados por la delincuencia callejera son atendidos por los hospitales y las obras sociales, pero a los delincuentes culpables de esos actos, cuando se los juzga, nunca se les carga dicho costo. Es decir el costo que oportunamente generaron a través del accionar delictivo.

La pregunta que surge es: ¿Si las drogas y las acciones de los delincuentes implican un consumo y un accionar no legalizado, quién debe controlarlo? De hecho, lo debe hacer el Estado. Es decir, los distintos poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Entonces aparece otra pregunta: ¿Se está haciendo?

En la provincia de Santa Fe, estas adicciones traen consecuencias delictivas. Y, si bien hace años que tenemos la provincia "invadida" por parte del gobierno nacional -a través de Prefectura, Policía Federal y otras fuerzas-, las propias estadísticas demuestran que aún con mayor control, hay más aumento del consumo (¿cómo puede ser?)

Mientras tanto, el señor gobernador, no sé cuántos ministros de Seguridad cambió, sin que con ello fuera a dar una solución. La solución, considero, no pasa por los ministros. Pasa por un solo lado: darle autoridad, responsabilidad y acción a la policía de la provincia. Dejemos de jugar "al gato y el ratón"; hoy la policía cumple un papel decorativo y no de acción. Y si hace una acción, siempre el responsable es el policía y no el delincuente.

Señores administradores del Estado, si no son capaces de dar instrucciones de fondo, contraten asesores militares, pero la muerte que generan el consumo y la acción de la delincuencia, debieran repelerse de la misma manera. Tenemos invadida la provincia; ya en 1970-1980 tuvimos una confrontación interna… qué diferencia hay ahora con esta confrontación silenciosa.

Todos sabemos que lo referente a la droga implica al Estado Nacional, pero eso a mi entender significa una intromisión a la autonomía provincial, porque la venta en la calle es una violación a las normas internas, no a las federales. Qué fácil es sacarse el poncho de encima. Los ciudadanos estamos desprotegidos, mientras que Provincia y Nación juegan a ver quién es campeón del mundo.

Señores del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial: son los representantes legales de la democracia y la aplicación de la Constitución. Por favor, si no lo entienden, renuncien todos; no sirven para cuidarnos. Cada día estamos más indefensos, con el agravante que si nos defendemos a los que se los juzga es a nosotros. El delincuente cuenta con los Derechos Humanos.

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