Atajo legal

Por Gustavo E. Feldman

Abogado

¿Qué es mejor para la sociedad, que un delincuente vaya preso o que se repare o por lo menos se atenúe el daño moral o material que produjo el delito? ¿Qué es mejor, dejar escapar del castigo a uno y recuperar el botín o perseguir sin cuartel a todos? ¿Es justo que el Fiscal y la defensa acuerden una pena benévola, que implica la libertad del ofensor, en lugar de la que supuestamente le hubiera correspondido de producirse una condena después del juicio? ¿Cómo juega la víctima primaria o directa del delito ante estos mecanismos?

Los códigos procesales penales modernos contienen institutos como el principio de disponibilidad de la acción penal o de oportunidad, o el juicio abreviado; por los cuales una causa penal puede tener un desenlace distinto al que habitualmente se conoce: el juicio, con pruebas y alegatos, que termina con un veredicto de culpabilidad o absolución del encartado. Es más, nuestro código le impone al Fiscal la obligación de "componer el conflicto" antes que perseguir y buscar la imposición de pena. Estos mecanismos "alternativos" generan análisis, emociones y sensaciones encontradas.

Una variante sumamente singular constituye la llamada ley del arrepentido, o "delación premiada" de acuerdo al código brasileño. Que consiste en cambiar con algunos de los delincuentes perpetradores, información con impunidad. Es decir, a alguien que fue lo suficientemente infame como para delinquir se le brinda la posibilidad de que sea lo suficientemente infame como para delatar. En Argentina esta normativa ha servido realmente muy poco, tiene serias falencias en su estructuración y articulación y está diseñada de una forma de dudosa constitucionalidad.

Volviendo al llamado juicio, o procedimiento, abreviado; el Juez sólo puede revisar la legalidad y racionalidad de su contenido; es decir que el mérito y oportunidad para aplicar el instituto en tal o cual caso, o respecto de tal o cual hecho o persona, lo tiene el Fiscal. Por supuesto la salida debe contar con la anuencia o consentimiento pleno y explícito del encartado. No debe olvidarse que la cuestión culmina con un fallo condenatorio.

El grado de discrecionalidad de los acusadores aumenta cuando el fiscal, aun frente a lo que aparece diáfanamente como un delito, dispone no proceder, es decir, no perseguir y acusar. En este caso el único freno, además del continente de legalidad, lo da la presencia de lo que la ley procesal menta como "orden público", uno de los conceptos más vidriosos e indeterminados de todo el Derecho. Tampoco puede haber "disponibilidad" de la acción frente a un delito de lesa humanidad por imperio de las convenciones internacionales protectivas de derechos humanos suscriptas por la Argentina.

Aquí está la arista más filosa de esta temática. Si la postura fiscal, sea la de un juicio abreviado o la disponibilidad de la acción (no proceder aun frente a la posibilidad concreta y acendrada de un delito) goza de legalidad, lo cual implica también que goza de racionalidad (es impensable una salida "legal" no racional), no puede ser atacado o impugnado por consideraciones subjetivas del juzgador ni de ningún otro órgano.

Resulte simpático o antipático, caiga bien o mal en el humor social, en "la gente", si se ajusta a la ley debe respetarse y honrarse la postura fiscal.

En nuestra provincia ha habido de todo en esta particular y espinosa cuestión. La conclusión siempre es una sola: si no existe algún otro elemento concreto y tangible que tiña de sospecha la actuación del Fiscal; si como se dijo, la actuación se ajusta a la ley, esta conducta no puede ser puesta en vilo y mucho menos puede ser considerada una falta o un delito.

Estos institutos, me refiero al "juicio abreviado" y a la "disponibilidad" de la acción (excluyo a la figura del arrepentido), hoy en día, facilitan la tarea de administrar justicia. Las posturas pacatas o demagógicas no pueden prevalecer sobre las pautas jurídicas contenidas en la Constitución y la ley.

Como he dicho ya, sembrar el terror entre quienes administran justicia es malo para jueces y fiscales; pero es mucho peor para la sociedad en su conjunto.

(*) Abogado

Nuestro código le impone al Fiscal la obligación de "componer el conflicto" antes que perseguir y buscar la imposición de pena. Estos mecanismos "alternativos" generan análisis, emociones y sensaciones encontradas.

Resulte simpático o antipático, caiga bien o mal en el humor social, en "la gente", si se ajusta a la ley debe respetarse y honrarse la postura fiscal.

Un caso singular es la llamada ley del arrepentido, o "delación premiada" (...) A alguien que fue lo suficientemente infame como para delinquir se le brinda la posibilidad de que sea lo suficientemente infame como para delatar.