Cuando el 15 de enero pasado recibíamos la noticia de que en Italia, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, prohibía el uso de celulares durante las clases "por ser un elemento de distracción y una falta de respeto al profesorado además de su efecto nada diferente a la cocaína" nos esperanzamos. Cuando nos enteramos, también a principios de este año, que el distrito de 109 escuelas públicas de Seattle, en los Estados Unidos, inició una demanda a grandes empresas tecnológicas (TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y Snapchat) alegando "que sus redes sociales han creado una crisis sin precedentes, siendo responsables de empeorar la salud mental de los alumnos e impidiendo que sus centros lleven a cabo su misión educativa, a la vez que diseñan a propósito sus productos para crear dependencia hacia ellos", también creímos aumentar nuestra cuota de esperanza.



































