Catástrofe sanitaria de alcance internacional: ¿el “Clan Fentanilo” es solo familiar?

En el acoplado de 3 Arroyos Mayorista Alimentaria no había, precisamente, “cereales para el desayuno muy ricos”. En su interior se encontraron 29 pallets con cajas de medicamentos con el sello del laboratorio HLB PHARMA, provenientes de la droguería Alfarma S.R.L. La mercadería había sido elaborada en Laboratorios Ramallo y estaba siendo transportada hacia un depósito de la empresa Cables Epuyen S.R.L. —dedicada a la fabricación de productos para transmisión de energía, señales y datos—, previa escala en otra droguería: Nueva Labac S.A.

¿Qué tienen en común empresas tan disímiles?

Lo primero: sus titulares pertenecen a la misma familia. En la última década, los miembros del clan García Furfaro han ido rotando de sociedad en sociedad. El grupo está integrado por Ariel García (considerado el jefe), sus hermanos Diego y Damián, y su madre, Nilda Furfaro.

Lo segundo: estas firmas conforman un entramado que funciona como pantalla, con el resultado objetivo de ocultar la trazabilidad de medicamentos, facilitando su desvío al mercado negro. Así lo sugiere el resultado del allanamiento ordenado por la Justicia Federal.

Pero lo más grave no es solo el tráfico de medicamentos: la magnitud de la catástrofe sanitaria deja en evidencia que la operatoria es la utilizada con narcóticos y precursores químicos, como el fentanilo, cuyo rastro se pierde en una red de logística societaria que apunta a ser el puente entre la medicina legal y el narcotráfico.

Esto pone a la Argentina en la mira de organismos internacionales encargados del control de sustancias peligrosas, comprometiendo tratados y protocolos que el país ha suscripto, pero estaría violando.

El juez que mira y no ve

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación iniciada tras una denuncia de la ANMAT por delitos contra la salud pública —ocurridos en la jurisdicción que gestiona su hermano, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak—, aún no ha imputado ni detenido preventivamente a ninguno de los investigados.

La actuación judicial ha sido llamativamente tardía: durante ese lapso, desaparecieron pruebas, se vaciaron depósitos, se incineraron narcóticos sin control oficial y se inhibieron bienes días después del vaciamiento patrimonial de los implicados.

Un dato concreto: Ariel García Furfaro y la droguería Alfarma acumulan cheques rechazados por más de $1.500 millones, con vaciamiento de fondos ocurrido entre la denuncia de ANMAT y el inicio efectivo de la investigación judicial.

Varias preguntas surgen inevitablemente: ¿Por qué un laboratorio pone su marca en productos que en realidad elabora otro? ¿Por qué HLB PHARMA, que no produce los medicamentos, tampoco los comercializa directamente, sino que lo hace a través de Alfarma S.R.L.? ¿Por qué esa droguería vende luego a otras, también bajo control del grupo, en una cadena de hasta diez empresas antes de que los productos lleguen a farmacias o licitaciones públicas? ¿Por qué esta peligrosa y flagrante violación de la trazabilidad de medicamentos y narcóticos no provoca una reacción estatal, mientras la vida de 54 personas se corta, sin que el tema se transforme en noticia nacional excluyente?

¿Y el fentanilo? ¿Queda en Argentina?

El clan, liderado por los Furfaro, replica su estructura societaria en el extranjero. Según informes de la DEA, un kilogramo de fentanilo puro, producido en China o India, puede comprarse legalmente por USD 10.000. En el mercado negro argentino, utilizado para elaborar pastillas que hoy alimentan una epidemia global, ese mismo kilo puede valer USD 1.000.000. A pesar de ello, y sin intervención de autoridades sanitarias ni judiciales, HLB PHARMA informó haber incinerado 5 kg de fentanilo puro y miles de ampollas, según un acta notarial firmada por la escribana Rosa Gómez Csher.

La supuesta destrucción fue aceptada por el juez como válida, pese a que el lote correspondía al fentanilo que había desaparecido tras el primer allanamiento en la sede de HLB en San Isidro. El documento notarial “certifica” la incineración de un material cuyo valor, solo en esos 5 kg, alcanza los 5 millones de dólares en el mercado ilegal.

¿Qué podrían hacer?

Ariel García Furfaro intentaba montar un laboratorio en Ciudad del Este, bajo el ala del expresidente paraguayo Horacio Cartes y el senador Gustavo Leites, quien aspira a ser embajador en EE.UU. También realizó 10 viajes en el último año en aviones privados, uno de ellos perteneciente a una ex empresa de Lázaro Báez, cuyo domicilio societario coincide con el de la señora del “Clan” Garcia Furfaro, Nilda Furfaro.

Otros vuelos los habría hecho en avión privado a nombre de ADANCARD S.A., una firma de contenidos audiovisuales donde figuran como titulares sus hermanos, Diego y Damián Furfaro.

Aviones propios y un entramado de laboratorios, droguerías y sanatorios, financieras, distribuidoras de alimentos, stud de caballos de carreras, empresas importadoras y exportadoras dentro de un propio esquema societario. Todo parece indicar que el “Clan García Furfaro” no solo opera con una lógica empresarial, sino que construyó una red de poder y dinero que cruzan fronteras, sectores y niveles del Estado.