Urnas sin soberanía: la elección que Rusia monta en el territorio ocupado de Ucrania

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre habrá urnas en Mariúpol, en Melitópol, en Lugansk y en decenas de localidades del sur y el este de Ucrania y en Crimea que el ejército ruso controla desde 2014 y 2022. Habrá boletas, mesas, autoridades de comicio y, casi con seguridad, cifras oficiales de participación difundidas con entusiasmo al día siguiente. Lo que no habrá es una elección, al menos en el sentido que cualquier ciudadano de una democracia le da a esa palabra.

Moscú decidió que los habitantes de las zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón participen en la renovación de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento ruso. Es la primera vez desde el comienzo de la invasión a gran escala que esas cuatro provincias se suman a unos comicios legislativos nacionales rusos. El Kremlin ya había ensayado la fórmula con Crimea, anexada en 2014 y llamada a votar para la Duma en 2016 y 2021, pero nunca a esta escala: ahora extiende la representación parlamentaria de un Estado a una amplia porción de territorio que, para la comunidad internacional, pertenece a otro país y sigue siendo escenario de una guerra abierta.

El problema de fondo no es de logística ni de transparencia, sino de legitimidad de origen. El derecho internacional humanitario resolvió hace más de un siglo la cuestión central: un ejército que toma un territorio por la fuerza no adquiere soberanía sobre él. Tanto el Reglamento de La Haya de 1907 como el IV Convenio de Ginebra de 1949 reducen a la potencia ocupante al papel de administrador transitorio, obligado a preservar el orden existente mientras dure el conflicto.

Los artículos no dejan margen. El 47 del Convenio de Ginebra establece que ningún cambio en las instituciones del territorio, ni siquiera una anexión, puede privar a la población protegida de sus garantías. El 49 prohíbe trasladar población propia a la zona ocupada. El 54 protege a los funcionarios locales de las presiones del ocupante. Y el Reglamento de La Haya agrega, en su artículo 45, una prohibición que parece escrita para este caso: no se puede obligar a los habitantes de un territorio ocupado a jurar lealtad a la potencia enemiga. El reparto masivo de pasaportes rusos, muchas veces forzado, es la llave de acceso al padrón, y choca de frente con ese principio.

La respuesta rusa es conocida: según el Kremlin, esas cuatro regiones dejaron de ser ucranianas tras los referendos de septiembre de 2022 y hoy forman parte de la Federación. El argumento no resiste el primer examen. El 12 de octubre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró inválidas aquellas consultas mediante la Resolución ES-11/4, titulada "Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas". La votación fue contundente: 143 países a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. La Argentina estuvo entre quienes respaldaron el texto; en la región, solo Nicaragua acompañó a Moscú en el rechazo.

La lógica jurídica funciona en cadena: si la anexión es nula, cualquier institución levantada sobre ella también lo es. Unos comicios parlamentarios organizados en nombre de una soberanía inexistente no pueden producir representantes legítimos de ese territorio.

Aun dejando de lado la cuestión legal, el procedimiento fracasaría como medición de la voluntad popular. Una parte muy importante de quienes vivían en esas regiones antes de la guerra ya no está allí: huyeron hacia otras zonas de Ucrania o se refugiaron en el exterior, y por lo tanto no figuran en ningún registro electoral ruso. El padrón resultante no refleja a la población original, sino a la que quedó, o a la que llegó, bajo el control de Moscú.

Quienes permanecen votan bajo ley marcial y administración militar. El informe Freedom in the World 2025, de Freedom House, consigna que los partidos ucranianos están prohibidos en esas zonas y que solo pueden competir candidatos alineados con la ocupación. El mismo relevamiento señala que en los comicios de 2023 el llamado "voto domiciliario" se hizo con militares que recorrían las casas una por una. No era una novedad: durante los referendos de 2022, el entonces gobernador ucraniano de Lugansk denunció que las comisiones electorales se movían escoltadas por hombres armados y anotaban los datos de quienes se negaban a apoyar la anexión.

A la intimidación física se suma otra más silenciosa, la administrativa: empleados públicos advertidos de que podrían perder su puesto si no van a votar, jubilados a los que se les exige el pasaporte ruso para seguir cobrando, familias que lo necesitan para recibir ayuda humanitaria. En ese contexto, la OSCE fue clara en su declaración conjunta del 6 de agosto de 2026: lo que se vote en los territorios ocupados de Ucrania "no tendrá validez alguna conforme al derecho internacional".

Conviene separar dos problemas. Uno es propio de la ocupación y acaba de describirse. El otro es más amplio: el sistema electoral ruso en su conjunto no cumple los requisitos mínimos de una competencia democrática. Los opositores con chances reales quedan afuera ya en la inscripción de candidaturas, los grandes medios responden al Estado y la observación internacional independiente brilla por su ausencia. En 2021, la oficina electoral de la OSCE desistió de enviar una misión a los comicios de la Duma por las restricciones que impuso Moscú; para la presidencial de 2024, directamente no fue invitada. Lo que ocurrirá en Donetsk o en Jersón no es, entonces, una excepción dentro de un sistema sano, sino la versión más extrema de un modelo ya cuestionado, con el agravante de la ilegalidad propia de una ocupación militar.

Cuando no hay observadores independientes, el lugar no queda vacío: otros lo ocupan. En marzo de 2024, el español Fernando Moragón, que preside una entidad llamada Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, describió la reelección de Vladimir Putin como un proceso "perfectamente organizado", con "gente que vota tranquila" en un clima "de calma y transparencia". Un año antes había elogiado en términos parecidos la votación en el Donetsk ocupado, y en 2022, el referéndum de anexión de Zaporiyia. Otro español, el politólogo Israel Arconada Gómez, conocido como Katu Arkonada y con una larga trayectoria en círculos de la izquierda latinoamericana, le aseguró a la agencia estatal rusa TASS que no había percibido "presión" ni "compra de votos" en Lugansk y que la consulta se ajustaba a los "estándares aceptados" en materia de autodeterminación.

Ninguno de los dos hablaba en nombre de un gobierno ni de un organismo internacional reconocido. Ambos figuran en Fake Observers, la base de datos de la Plataforma Europea para Elecciones Democráticas (EPDE), que en 2024 identificó a 178 de los alrededor de 1.115 "observadores internacionales" invitados por el Kremlin como personas sin ningún mandato real. Mientras tanto, los observadores de la OSCE se quedaban afuera.

El mecanismo es sencillo: la prensa estatal rusa levanta las declaraciones de estos visitantes y las presenta como un aval internacional. Y el castellano no es un idioma menor en esa estrategia. A través de sus plataformas en español, como RT o Sputnik, Moscú hace circular esos testimonios en América Latina, donde la guerra se sigue a la distancia y donde un "observador europeo" que habla de transparencia puede sonar creíble para quien no conoce el contexto.

El lunes 21, el Kremlin anunciará porcentajes de participación y no faltará quien repita frente a las cámaras que todo fue "transparente". Nada de eso altera lo esencial. La votación en los territorios ocupados de Ucrania no tiene, ni puede tener, efectos jurídicos. Presentarla como una elección más, sin las advertencias que impone el derecho internacional, no es equilibrio informativo: es contribuir, aunque sea por omisión, a normalizar una ocupación.

Oleksandr Slyvchuk. Coordinador del Programa de Cooperación con España y América Latina, Transatlantic Dialogue Center (Kyiv)