La escuela bajo sospecha: "¡Con los niños no, con los docentes tampoco!"

Se han multiplicado los escándalos y denuncias contra docentes por supuestos abusos sexuales contra menores cometidos dentro de las escuelas. Santa Fe tiene una larga lista de ejemplos: algunos muy difundidos en los medios de comunicación y otros que han transcurrido de modo más discreto, pero con efectos no menos dañinos para toda la comunidad educativa.

Con sarcasmo, un docente amigo me decía: "¡Parece que el magisterio se ha poblado de pedófilos con piel de cordero o chaqueta de maestra jardinera!" En los pasillos de los establecimientos educativos se escuchan voces aterradas e indignadas que señalan: "Yo no los toco por nada del mundo: ¡no quiero que me acusen de pervertido!"; "¡Si se hizo caca, que venga la familia a cambiarlo!"; "¡Nos dijeron que si nos abrazan, tenemos que colocar los abrazos atrás de la espalda!"; "Yo no les doy ni el correo electrónico para evitar malos entendidos"; "Si los y las docentes no nos cuidamos entre nosotros: ¿Quién nos va a amparar?"

A esto hay que sumar también los oportunistas que se valen de falsas denuncias para -por ejemplo- no ir a rendir una materia o para sacar una tajada económica; tampoco hay que descontar a los irresponsables que agitan estas situaciones para "sacar de juego" a los docentes críticos, especialmente, si son delegados gremiales.

Sin lugar a dudas, los niños, las niñas y jóvenes son lo más sagrado que tenemos. Pero tengamos en cuenta que estamos en una sociedad crispada, altamente inflamable, que "tira la piña" y después pregunta "¿Qué pasó?". Y ante el espanto que genera el abuso sexual de menores, el hilo se corta por lo más delgado: ¡Cortemos la cabeza del o la docente para calmar a las fieras!

Cuando estos graves conflictos estallan, los y las docentes pasan a considerarse "culpables" antes de que aparezcan las pruebas o de que la justicia intervenga. Maestras y profesores quedan abandonados a su suerte porque ni la escuela, ni el Ministerio, ni los gremios, ni los medios de comunicación saben con certeza cómo afrontar estas situaciones sin quedar "pegados".

Para tener una mirada más amplia de este fenónemo, entrevistamos a Gabriela Scarfo, antropóloga social, investigadora y docente. Desde 2019 y en la Universidad Nacional de Moreno (UNM), está a cargo del proyecto denominado "La lógica de las sospecha. Denuncias a docentes de nivel inicial que interrumpen la vida escolar".

- ¿Cuál es la historia que moviliza esta investigación?

- Empecé a pensar que "algo" estaba pasando en el nivel inicial cuando en el año 2017, en una materia que dicto en la UNM, tuve cinco estudiantes denunciadas o "casi" denunciadas por el delito de abuso sexual infantil. Eso era el veinte por ciento de las estudiantes, todas ellas maestras de nivel inicial porque cursan un ciclo de Licenciatura en Educación Inicial en la universidad. Sumando a ello, empecé a notar cómo año a año se profundizaba el temor a abrazar a los niños pequeños o a cambiarles un pañal o una muda de ropa. Se trata de huellas que las denuncias por supuestas situaciones de abuso están dejando en el trabajo docente en general, y en el nivel inicial en particular.

- ¿Qué se entiende por "judicialización de la escuela"?

- Es un concepto que recupero de Philippe Meirieu para dar cuenta de cómo se recurre a la Justicia como mecanismo de resolución y de reparo de conflictos que emergen en la escuela, fundamentalmente, en el desencuentro entre familias y escuelas. Ahora bien, el fenómeno tiene lugar en un contexto de época marcado por la fragilización de las instituciones públicas, entre ellas la institución escolar. Esto es clave para entender el problema: las familias recurren a la justicia porque, frente a la crisis de autoridad de la escuela, existen ocasiones donde no hay suficiente confianza en la institución escolar. Por supuesto, el recurrir a la justicia agrava aún más el problema de legitimidad que atraviesa la escuela. Digo "en ocasiones" porque efectivamente esto no sucede siempre, muchas veces, existe diálogo entre familias y escuelas que incluso logran anticipar y desandar un potencial caso de judicialización.

- ¿Cuál es la lógica de la sospecha que recae sobre la comunidad educativa?

- En mi trabajo de campo en jardines y en diálogo con docentes y familias, encuentro que la lógica de la sospecha rige hoy los vínculos al interior de la comunidad educativa. Me refiero a la falta de confianza entre familias y docentes y a cómo eso se refleja en prácticas y discursos que -sin quererlo- socaban la legitimidad de la escuela que mencionábamos antes. Te lo explico en un ejemplo: la presencia de un docente varón genera -en ocasiones- temores vinculados al estigma con el que carga la figura del varón en un mundo de infancia, es decir, en un mundo donde el cuidado y la educación estuvieron históricamente a cargo de las mujeres. Me refiero al estigma de ser un potencial abusador. Este temor está naturalizado en las escuelas y lo que suele hacer la institución es dar garantías de que el profesor de Música o de Educación Física (que son los roles que más ocupan los varones en la educación) no están solos en las clases. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿por qué no podrían dar solos su clase? Y sobre todo, cabe reflexionar sobre el efecto que estas palabras tiene en las familias. Puesto que, sin quererlo, cimientan la sospecha. Lo mismo sucede cada vez que la escuela pide permiso -por escrito- para cambiar un pañal. Una práctica que siempre hizo la escuela y que habla del cuidado integral. Sin embargo, pedir autorización o incluso plantear que la escuela no cambia pañales, alimenta -sin quererlo- todos los miedos que existen en las familias en torno al cuidado de los cuerpos.

Desde estos temores, se construyen relatos que denomino "inverosímiles". En su gran mayoría, son casos que suponen relatos de hecho que muy difícilmente puedan suceder en un jardín de infantes. Aquí, lo inverosímil se afirma no tanto solo por el contenido de aquello que se denuncia, es decir, escenas sexuales que se presumen sucedieron de forma reiterada en una sala del jardín de infantes, sino por una condición sine qua non que este hecho exige. Para que esto ocurra, es necesaria la complicidad y el silencio de todos los actores escolares. Es decir: de un equipo directivo, de maestras de sala, de preceptoras e incluso de auxiliares de limpieza. Por eso, las describo como inverosímiles porque hechos así no pueden estar ocurriendo en las escuelas -en forma casi sistemática como se replican hoy en día- sin la complicidad de toda la institución. En esa línea, me parece importante entender que no es un problema individual del docente acusado sino un problema de toda la escuela y su relación con las familias, algunas de las cuales se convencen de que estos hechos inverosímiles sucedieron en la escuela.

Asimismo, hay que señalar las graves consecuencias que ocasiona darle veracidad a relatos de escenas dantescas. Cuando las familias están convencidas que sus hijos fueron vulnerados, transforman al Maestro de Música, de Educación Física o a la Seño de la sala en un monstruo. Y entonces tienen lugar escenas de mucha violencia contra la institución, contra los docentes, sus casas y sus familias. En provincia de Buenos Aires hay un caso muy grave de un docente que fue asesinado a la salida de la catedral de Morón por un grupo de familias. También tiene consecuencias para todos los niños y niñas del jardín que de un día para el otro, pierden a sus referentes educadores porque el sistema educativo activa medidas de resguardo y desplaza, en ocasiones, a todo el personal de la institución. Podríamos pensar entonces que se vulnera incluso el derecho a la educación. Finalmente, pero no menos importante, estas acusaciones traen graves consecuencias para los familiares del denunciado/a que en más de un caso, pierden su casa o deben mudarse frente a los escraches y/o amenazas reiteradas de las que son víctimas. Recordemos, de nuevo, que se trata de maestros y maestras que en ocasiones son también padres y madres de niños pequeños.

- ¿Esta problemática es exclusiva de Argentina?

- En absoluto. La judicialización escolar también está en Francia, por eso Meirieu acuñó este concepto. Solo que la escuela francesa no está tan golpeada como la nuestra, y el efecto es menor. Además, la judicialización, excede a la escuela. Es un fenómeno que está presente en otros ámbitos, en ese sentido, lo que le sucede a la escuela no está escindido de lo que acontece en el resto del mundo social. En el ámbito de la salud como en la política, es común encontrar que se recurra a la justicia para dirimir cuestiones que son propias de las instituciones.

La judicialización tampoco es exclusiva del nivel inicial ni de las familias hacia la escuela. Está presente en todos los niveles educativos y en CABA, por ejemplo, es el propio Estado el que, en ocasiones, judicializa a los padres por las tomas de escuelas secundarias que hacen sus hijos. La particularidad que tiene el nivel inicial es que las denuncias destacan, como decíamos antes, por su inverosimilitud.

- ¿Qué aporte hace a esta problemática la antropología social?

- La antropología, como disciplina social, busca aportar a la comprensión de los problemas sociales, en ese caso, aporta a la comprensión de lo que sucede en el mundo escolar. En el caso de la judicialización, permite correr la discusión sobre si hay que escuchar o no a los chicos. ¡A los niños hay que escucharlos, siempre! ¡Eso no puede estar en discusión! Lo que muestra la investigación de corte etnográfico, una metodología que implica trabajo de campo en las escuelas, es que el problema es de otra índole. Es una problemática social fuertemente vinculada al desprestigio de la escuela hoy, a la sospecha que rige entre familias y escuelas y a los pánicos morales que emergen cuando se deja a un niño pequeño al cuidado de otro adulto. En ocasiones, también está presente un individualismo extremo que prioriza el bienestar individual por sobre el bien común que implica "cuidar" a la escuela, a sus docentes y a sus niños.

- Más allá de la escuela misma: ¿Qué legislación nos falta o no está en vigencia?

- Desde mi punto de vista, tenemos vigente una ley con enorme potencial para trabajar estos temas en las escuelas. Me refiero a la ley 26.150, Ley de Educación Sexual Integral, sancionada en el 2006. Esta normativa no solo ayuda a la prevención del abuso sexual infantil (ASI) sino que también aporta a generar lazos de confianza con las familias: algo crucial en el contexto actual. La contracara de esta ley es que es posible que algunas situaciones se desaten por los pánicos morales que la enseñanza de la ESI genera en padres y madres. Ahora bien, la ESI es -sin lugar a dudas- una herramienta valiosa que hoy tienen las escuelas para desandar la lógica de la sospecha y construir comunidad escolar.

Lo que estaría faltando, y los docentes lo vienen reclamando a través de algunos sindicatos, son protocolos que resguarden a los docentes cuando estos casos emergen. Y eso supone el reparo en los casos que se resuelven a favor del docente injustamente señalado, que son la mayoría, y que quedan en el olvido. Esto es importante porque en distritos con muchos casos como estos, cuesta cubrir cargos de docentes de música, por ejemplo, porque frente al fantasma de ser denunciado, los docentes, sobretodo varones, prefieren no tomar los cargos en jardines de infantes.

- Sobre el trabajo docente: ¿Qué deudas tienen los sindicatos sobre esta temática?

- Es difícil generalizar porque los sindicatos son un colectivo muy heterogéneo. En general, y sobre todo frente a los primeros casos, los sindicatos le rehuyeron al tema por "lo intolerable" que la solo mención del ASI genera. Obviamente, nadie quiere asociarse con un "supuesto" caso de estos. Aun así, hay antecedentes de sindicatos que salieron a discutir en la esfera pública el contenido de estas denuncias y organizaron la defensa del docente injustamente acusado.

Más recientemente esto se ha ido cambiando y cada vez más los sindicatos se involucran. Así, se pueden recuperar algunas experiencias donde han aportado -y mucho- a visibilizar el tema y a desnaturalizar esta lógica de la sospecha. Aquí en Santa Fe se ha hecho una jornada de reflexión sobre el tema donde SADOP por ejemplo, participó de su organización.

En términos de deuda, creo que el sindicato debería defender más férreamente los derechos de los trabajadores de la educación en estos casos. Hoy eso supone poner el tema en las agendas ministeriales y reclamar al Estado que visibilice esta problemática en los términos que venimos diciendo. Es decir, entender que acá hay una crisis de confianza en la institución y niños/as vulnerado/as en su derecho a la educación, como docentes vulnerados/as en su derecho al trabajo. Nada tiene que ver con la discusión en torno a la importancia de escuchar a los niños, algo en lo que por supuesto, todos estamos de acuerdo.

- Honestamente creo que la escuela ha sido siempre -y lo sigue siendo- un lugar de educación y cuidado de los niños y niñas. ¡Marcos normativos para ello sobran! Tal vez, la clave no sea pensar en protocolos sino en revisar las prácticas actuales que, sin querer, nos alejan y generan temores o profundizan los miedos existentes al momento de dejar a un niño/a pequeño/a en una institución escolar.

Con los educadores es diferente. Si bien es una novedad que requieran ser cuidados, lo cierto es que los ministerios no lo están haciendo. Las medidas de resguardo hoy suponen desplazar a los docentes de sus cargos y obligarles a cumplir horarios en sedes distritales donde un docente no tiene mucho que hacer, más que alguna que otra tarea administrativa. Eso, en general, les duele. No estudiaron para eso. Entonces se hace necesario pensar protocolos de resguardo y reparación para ellos.

- ¿Qué rol tienen los medios y las redes sociales en el abordaje de estas problemáticas?

- En la actualidad los medios tienen un comportamiento muy irresponsable frente a estos casos. Colocan cámaras y micrófonos reproduciendo estos relatos inverosímiles. Eso solo genera más pánico en la comunidad escolar y la consecuencia más inmediata es el aumento de las denuncias. Pero lo más cruel del rol de los medios es que alimentan la idea del "docente-monstruo" que -llevada a la justicia- es muy difícil de desandar. La lógica judicial es muy compleja de desandar. Y finalmente, no hay ningún medio que publique noticias de absolución. El problema es que las absoluciones miden mucho menos que las acusaciones.

- Hay que fortalecer a la escuela y a su vínculo con la comunidad para que cuando una duda aparezca, un temor surja, se pueda dialogar en la escuela antes que depositarlo en la justicia. El poder judicial tiene sus propias lógicas y atravesarlas es muy costoso. Y lo es en muchos sentidos, emocional pero también económico. Afrontar una causa penal supone sumas muy altas de dinero y abogados cuyos honorarios están en dólares. Y estamos hablando de maestros y maestra que cuentan -fundamentalmente- con su sueldo modesto si no perdieron el cargo en el transcurso del proceso judicial.

¡Pero cuidado porque no quiero con esto negar el derecho a acudir a la justicia cuando la situación lo amerite! ¡No es eso lo que digo! Lo que observo en mi trabajo de campo son relatos inverosímiles -aquí en Santa Fe hay un caso reciente donde vandalizaron la casa del docente y mataron a sus mascotas- que para quienes conocen el trabajo docente y la lógica escolar, saben que eso no pudo haber pasado en un jardín. Por eso creo que urge "leer" estas causas no en términos de pericias judiciales a niños y niñas sino en el marco de la fragilización de la escuela, la lógica de la sospecha y los pánicos morales que hoy atraviesa a la sociedad en general, y a la escuela en particular.