El que destruye a los militares primero, gana

Las comunidades marginadas de Salta necesitan agua. Otros sectores necesitan alimentos en el Impenetrable chaqueño. Se incendia la Patagonia. También Corrientes, Santa Fe y hasta Brasil. Alud de barro en Bariloche. Se cayó un puente en el norte y se inundó el centro. Las fronteras están incontrolables. El narcotráfico no deja vivir a los rosarinos. La alfabetización está en el piso mínimo y las drogas están destruyendo a los jóvenes. La pandemia demanda control y vacunación. Esa aparición de coronavirus dejó como precedente la evidencia marcada de cómo todas las agencias del Estado no estaban preparadas para contener a la sociedad. Una vez más fue ahí cuando los Soldados, lógicamente sin ninguna protección extra ni garantías sanitarias brindadas por los gobernantes, salieron a las calles para tender una mano. Infinidad de vicisitudes y problemas sociales donde la política agotó recursos sin lograr resultados o donde no supo – o no quiso – cómo resolverlos. Una sola alternativa como respuesta a todo, que ahora se escucha al unísono entre los diversos sectores partidarios dominantes: los militares.

Los hombres y mujeres que portan uniforme camuflado viven por debajo de la línea de pobreza en su mayoría. Deben adiestrarse y alistarse, en la medida de lo posible, para sostener las capacidades necesarias para reaccionar en caso de que los intereses vitales de nuestra Nación o la propia soberanía, estén en riesgo. Deben estar preparados física, psicológica y técnicamente para el peor escenario de crisis: la guerra. En paralelo, además, deben atender problemas como los citados en el primer párrafo, subsidiariamente a sus misiones principales. La mochila es pesada, pero la vocación de servir fortalece la espalda.

Pese a las malas políticas en materia de Defensa que se dictaron, en términos generales, desde 1983 y una mala compensación salarial, los militares logran mostrar una alta efectividad en su desempeño. Eso les vale liderar cualquier encuesta de opinión sobre el grado de confianza que la sociedad tiene sobre las instituciones y actores que la componen. Esas virtudes, como ya dijimos, no son acompañadas por un reconocimiento gubernamental y las convierte, en definitiva, en mano de obra efectiva pero muy barata.

Entrado un nuevo año electoral y con los militares a merced de cualquier necesidad, aquellos que pretenden un cargo de relevancia a partir de diciembre tienen en su boca a las Fuerzas Armadas como eje de salvación de todo lo que no se pudo resolver hasta ahora y que se encuentra al borde de la detonación total. Para acabar al narcotráfico, para cuidar las fronteras, para contener a los adolescentes, para urbanizar villas, para lo que las cientos de secretarías, direcciones y niveles del gobierno no discuten soluciones contundentes y a largo plazo: intervención militar.

No sólo es peligroso involucrar a militares en cuestiones legalmente no aceptadas, sino la demostración de la humillación y desprecio que la mayoría de los actores políticos tienen sobre los uniformados. Ninguno planteó de qué manera construirían el andamiaje legal para que las Fuerzas Armadas participen en cuestiones policiales o de seguridad interiores, ni qué cambios implementarían en sus doctrinas formativas, en consecuencia. Tampoco hubo quien ponga sobre la mesa la necesidad indispensable de aumentar el cuadro salarial para evitar que los más vulnerables terminen siendo funcionales a los sujetos que se busca combatir. Mucho menos se habló de reequiparlos con los medios y armas necesarias para los fines pretendidos, por ejemplo, en Rosario. Por el contrario, sólo les preocupa desplegarlos “sin armas”. Tiene lógica, no es cool combatir a narcos de esa forma, sino tirando pavimento con uniforme militar en medio de una balacera.

Aunque todo parezca un gran disparate, impensado – por ejemplo – durante el gobierno de Néstor Kirchner, donde el instrumento militar es la moneda de cambio ante cada complicación, están tomando protagonismo en la escena general. Demasiado protagonismo. Esa inusitada condición pone en jaque el status quo de otros actores, por ejemplo, de algunas Fuerzas Federales de Seguridad y toda una estructura, llegando hasta la Justicia, que lleva años funcionando – bien o mal – de una manera que ahora está en riesgo. Eso lleva a que muchos, analizando dos segundos la situación, se pregunten si forzadas escenas - como las presentadas en Gualeguaychú - no esconden en realidad un objetivo de desprestigio que evite un reposicionamiento de roles y ayude, paralelamente, a un funcionario a volver al circuito Federal porteño. Móviles de televisión llegando con patrulleros a un procedimiento confidencial y fotos obsenas viralizadas tras el secuestro de un celular generan la hipótesis. Un oficial jefe siendo esposado, con un casco en su cabeza y detenido más de diez días acusado de esconder un pendrive, alimentan la misma hipótesis. Todo se torna bizarro y dañino, mientras los verdaderos delincuentes (grotescos y de guantes blancos) siguen libres.

Mientras la prioridad son los slogans y no las plataformas. Mientras se ofrece un fin utópico sin un camino proyectado para alcanzarlo, a nadie le importan los militares, ni sus familias, ni los recursos invertidos hasta ahora para formarlos. Por eso ningún funcionario, ni tampoco la conducción de las Fuerzas Armadas que se fusionó a la casta política, se escandaliza con la fuga de profesionales más grande de la historia del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea. Tampoco se perturban por una tasa de suicidios que se dispara por la frustración de proyectos; problemas económicos y, en consecuencia, pérdida de motivación para vivir. No importa cuidar a nadie, sólo alcanzar o estancarse en el poder el mayor tiempo posible. Por desprecio o ambición, los militares sólo están condenados al sometimiento.