El año en que el Estado argentino será medido con estándares internacionales

Para septiembre de 2026, la gestión pública argentina dejará de medirse por lo que declara y comenzará a medirse por lo que pueda demostrar. No se trata de slogans, sino de evidencia verificable: procesos que funcionen, controles que aguanten una auditoría y tableros de gestión que no colapsen ante una crisis. Y, esta vez, no habrá espacio para la improvisación. Hoy, la foto es incómoda. Los índices de percepción de la corrupción siguen siendo bajos, y la confianza institucional está debilitada. Las leyes están, pero la distancia entre lo escrito y lo ejecutado se nota en cada licitación mal controlada, cada auditoría que queda en un cajón, cada protocolo que nadie aplica.

La diferencia entre un sistema que resiste y uno que se hunde está en tener riesgos mapeados, responsabilidades claras, canales de denuncia activos y sanciones que no sean simbólicas. Hay ejemplos que muestran el camino. En 2023, la Casa de Moneda Argentina logró un hito único: certificarse bajo ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (compliance), junto con un paquete integral de normas que fortalecieron toda su operación. No fue un trámite: fue una reingeniería que dejó capacidad instalada y blindaje institucional.

A nivel local, un municipio que adoptó y amplió la certificación antisoborno consiguió, en dos años, reducir conflictos en licitaciones y mejorar la percepción ciudadana de transparencia. En ciberseguridad, el tiempo de advertencias terminó. El ataque de ransomware a PAMI en 2023 paralizó servicios y expuso más de 800 GB de datos, mientras que en 2022 el Hospital Garrahan sufrió la filtración de información sensible de pacientes.

Estos incidentes no fueron accidentes: fueron síntomas de sistemas sin defensas operativas. La protección se logra con marcos como ISO 27001 y ISO 22301, que obligan a probar respaldos, realizar simulacros, asignar roles y tener protocolos claros. No es una cuestión de si volverá a ocurrir: ocurrirá. La diferencia estará en quién seguirá funcionando al día siguiente. En materia ambiental, la deuda es histórica.

Argentina produce alrededor de 45.000 toneladas diarias de residuos, con más de seiscientos basurales a cielo abierto y miles de microbasurales activos. Este problema no solo compromete la salud pública, sino que erosiona reputaciones políticas y cierra puertas a financiamiento internacional. Integrar a los más de 150.000 recuperadores urbanos con condiciones seguras, equipamiento y procesos estandarizados bajo ISO 14001 e ISO 45001 no es filantropía: es gestión inteligente que multiplica impacto y legitimidad.

En transformación digital, el avance de plataformas como Mi Argentina y los trámites en línea es innegable, pero la interoperabilidad sigue siendo una deuda crítica. Los sistemas en silos, los datos que no conversan y la alta rotación de perfiles técnicos generan vulnerabilidad y costos. La verdadera modernización exige menos trámites redundantes y más intercambio seguro desde el diseño, con gobernanza de datos como política de Estado.

Y todo esto se cruza con un cambio que ya tiene fecha: en 2026 se publicará la nueva versión de la norma internacional de gestión de calidad. El nuevo marco exigirá más resultados medibles, mayor integración de riesgos, gobernanza fortalecida y conexión con agendas digitales y climáticas. Quien no se prepare quedará expuesto en auditorías nacionales e internacionales. El tiempo de adaptación es corto y el costo de llegar tarde, alto.

No hablamos de teorías ni de aspiraciones. Hablamos de estándares que serán exigidos, de evaluaciones que se realizarán y de gestiones que quedarán expuestas. El margen para actuar es ahora, y la ventana se achica cada mes. Si su institución quiere llegar a 2026 con legitimidad técnica, el momento de diseñar la hoja de ruta es hoy. Porque cuando el reloj marque el plazo, ya no se evaluará lo que usted promete, sino lo que pueda demostrar.

(*) Director Regional de G-CERTI Global Certification.