Poder Judicial y Código de Ética

Nos informamos por medio de El Litoral que Jimena de la Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, junto a representantes de diversas agrupaciones de abogados de Argentina han presentado un proyecto de Código de Ética, para establecer "los principios fundamentales" que deben guiar la conducta y el desempeño de quienes integran el Poder Judicial nacional.

En la referida iniciativa, para fiscales y jueces quedan explícitos cinco aspectos puntuales, a saber: 1) Principios fundamentales; 2) Ejercicio responsable de la función judicial; 3) Regulación de la Ética Digital y Tecnológica; 4) Creación del comité asesor de Ética Judicial; 5) Pautas sobre la capacitación y promoción de la ética. Que increíble.

En Argentina, tal cual lo entiendo yo, agrupaciones de abogados y la nombrada consejera dirigen al Consejo de la Magistratura una propuesta para capacitar a todo el Poder Judicial en cuestiones éticas, porque entienden que los ciudadanos del país deben tener más confianza en las acciones de los fiscales y jueces.

Estos destacados precursores de la justicia, conocedores de las conductas de quienes integran lo que conocemos como el Poder Judicial, no denuncian lo que conocen y en cambio proponen poner "en caja", sin excepción a todos los miembros de dicho ámbito en el país, con un programa ético para mejorar la performance de ese poder democrático. Ante lo descripto, se me ocurren varias preguntas: ¿Los referentes que presentan la iniciativa, evidentemente tienen más que conocimiento real y efectivo sobre el accionar del Poder Judicial? ¿Por qué no lo denuncian? Algo me huele mal.

Los ciudadanos de a pie, aquellos que creemos que los integrantes del Poder Judicial debieran ser inmaculados e impolutos, ante esta iniciativa que surge en la ciudad de Buenos Aires, podemos pensar… ¿En manos de quién estamos? ¿Nuestros derechos donde están, qué garantía tenemos? Este accionar me hace reflexionar y llego a la conclusión de que muchas veces actúan como niños irresponsables, como pasó con el tema de la ley de Ficha Limpia.

Mi fundamento está basado en lo que significa la selección de futuros jueces, porque entiendo que los poderes Ejecutivo y Legislativo seleccionan (o deben seleccionar) a profesionales abogados de reconocida trayectoria, en la faz laboral, pero además en su comportamiento como ciudadanos probos; sus antecedentes personales y familiares, su participación en la comunidad y su relación con los demás. En síntesis, todo lo que hace a un profesional ético, íntegro y honesto.

¿Los distintos poderes ejecutivos y legislativos, podrán demostrar cuando proponen fiscales y jueces que estos tienen aquellas virtudes que un grupo perteneciente al sector hoy pone en tela de juicio, presentando esta iniciativa?

¿De quién es la responsabilidad concreta de controlar al Poder Judicial? ¿Es tan independiente, que los poderes políticos, llámese Ejecutivo o Legislativo, no tienen potestad de contralor? ¿Patria, en qué manos está nuestra seguridad jurídica?