Políticas pendulares e institucionalidad débil

Desde hace un largo tiempo (podemos tomar los últimos cuarenta años), la política argentina se ha comportado de una manera pendular, oscilando de un extremo a otro con cada cambio de gobierno.

Sin ningún tipo de gradualidad, pasa de modelos fuertemente estatistas a sistemas altamente aperturistas, de políticas de control a mecanismos desregulatorios, de envalentonar la figura del Estado a endiosar al mercado.

Cada giro intenta crear un elemento de refundación social y económica, repitiendo este movimiento pendular, ignorando de alguna manera que la historia se reitera.

Ahora nos podríamos preguntar, ¿por qué ocurre esto? Creo que la razón más significativa no es económica, sino institucional.

Se observa que existe una falta de institucionalidad que estructure la vida política argentina.

La institucionalidad, en términos simples la podemos definir como el entramado de reglas, normas y prácticas que organizan la convivencia política, social y económica de una sociedad.

Son las instituciones, tanto formales como informales las que otorgan previsibilidad, garantizan derechos y definen los límites del poder.

Cuando éstas son fuertes, cambian los gobiernos, pero las políticas fundamentales se mantienen, y el ángulo pendular tiende a ser pequeño; pero cuando son débiles, surge ese interés de cambiar todo, destruyendo lo malo, y también lo bueno de un esquema anterior, generando así, un ángulo del péndulo mucho mayor.

En nuestro país, la debilidad institucional se manifiesta en tres planos: inestabilidad de las reglas, personalización del poder y confusión entre Estado y Gobierno

Como podemos observar en nuestra historia (al menos, en los últimos cuarenta años), las reglas cambian con frecuencia; las normativas legales no se ajustan a partir de consensos duraderos, sino por urgencias coyunturales o necesidades electorales. Lo coyuntural está siempre por encima de lo estructural; y este esquema, generalmente afecta de manera negativa a la inversión real, favoreciendo siempre a las inversiones financieras de corto plazo.

La política argentina, históricamente estuvo marcada por la existencia de fuertes liderazgos de personalidades carismáticas que han "prometido rescatar" al país de lo que consideran un desastre anterior. Ante esta situación, las instituciones quedan subordinadas al capricho o a la visión algo mesiánica (en algunos caso) del conductor de turno.

Además, se observa que existe una persistente confusión entre Estado y Gobierno. No se concibe al Estado como una estructura permanente que trasciende a los partidos políticos; y este hecho favorece la posibilidad de un mayor grado de incidencias de políticas de gobierno sobre políticas de Estado.

Por supuesto, la falta de solidez de una arquitectura institucional no permite que el país pueda mantener una dirección sostenida en el tiempo. Ante cada fracaso, la sociedad busca la alternativa opuesta, generando bruscos virajes.

Estas recurrentes repeticiones producen una sensación de inicios y agotamientos. Cada gobierno comienza su gestión denunciando la herencia recibida, y concluye sus mandatos justificando sus fracasos por la resistencia al cambio.

La debilidad institucional desincentiva los acuerdos estructurales debido a la falta de confianza mutua entre los actores políticos, y hacen imposible diseñar, acordar y construir políticas de Estado.

Ante esta realidad, ningún actor político cree que las reglas sobrevivirán al próximo cambio de signo político, y ningún sector político estará dispuesto a ceder poder o asumir costos presentes por beneficios futuros que pueden disfrutarlo otros; y a partir de allí, la gobernabilidad se termina reduciendo al cortoplacismo.

Para poder romper ese círculo vicioso no solo se necesitan reformas administrativas, se requiere un pacto político y social que coloque a las instituciones por arriba de los actores. Para lograr estabilidad se deben lograr acuerdos básicos que sean considerados como políticas de Estado, que incluyan definiciones generales sobre temas como la educación, la política social y fiscal y la integración internacional, entre otros, que se sostengan con el tiempo. La alternancia no debe ser sinónimo de ruptura, sino de continuidad con ciertos matices.

El crecimiento con desarrollo depende de este acuerdo social y económico, pues el aumento de inversiones reales con mayor productividad y competitividad de una economía no puede darse en un terreno económico y social inestable. Por lo tanto, la previsibilidad política, económica y jurídica no se debe suponer como un lujo, sino como una necesidad.

El diálogo sincero y sin odios es totalmente necesario para comenzar a recorrer el camino de crecimiento y desarrollo.

La búsqueda de consensos, intentando interpretar lo que realmente le sirve a nuestra sociedad es solo el camino, no la meta en sí misma.

Llegar a un buen destino depende de los principales actores políticos y sociales, y también (por que no) de una sociedad que participe en el camino de crear las condiciones para lograr que con el transcurso del tiempo, existan más políticas de Estado y algo menos de políticas de gobierno.

¿Podremos ser capaces de lograrlo?