Principio de igualdad en la integración del Consejo de la Magistratura

Por Magín Ferrer (*)

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), manifiesta su disconformidad institucional con la redacción propuesta en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, para el artículo relativo a la conformación del Consejo de la Magistratura -en lo atinente a una integración del cuerpo evaluador de los concursos de cobertura de vacantes de Magistrados y Funcionarios Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa Penal-, en tanto el mismo consagra la exclusión (en el estamento académico) de las universidades de gestión privada.

Es dado recordar, que las universidades de gestión privada, desde su surgimiento como institutos de formación y su reconocimiento legal nacional a mediados del siglo pasado, han recorrido un largo camino de consolidación académica que dio como fruto más tangible la equiparación completa y absoluta de los títulos que emiten -tanto en la acreditación de la formación disciplinar, como en el carácter habilitante profesional-, con aquellos expedidos por Casas de Estudios dependientes del Estado nacional o provincial.

De igual forma, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) garantiza los estándares académicos en los planes de estudio y en el perfil tripartito docente (pedagógico-didáctico, de extensión y de investigación), contando las universidades de gestión privada con planteles docentes del alta calidad formativa -especializados y posgraduados- y diseños curriculares modernos y adaptados a las exigencias disciplinares sustantivas y las demandas del mundo del trabajo.

En el caso puntual de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la misma es de las unidades académicas fundacionales de la UCSF y su trayectoria se encuentra pronta a alcanzar las siete décadas de fecunda labor en sus diversas sedes, las que se proyectan incluso fuera del territorio provincial. Egresados de esta facultad cumplen destacada labor en el ámbito público y privado, disciplinar y docente, e incluso integran, tanto en calidad de Convencionales Reformadores, como de asesores técnicos, la Convención Constituyente en curso.

Dicho esto, no resulta razonable sostener ningún tipo de distinción arbitraria respecto a la composición del estamento académico del cuerpo evaluador del proyectado Consejo de la Magistratura, amén de observarse también, la exigua representación atribuida al mismo, con un solo, siendo que la solidez formativa es la principal cualidad a validar en dicha instancia.

El criterio de redacción propuesto, sin perjuicio de las facultades políticas e institucionales de la Convención Reformadora, afecta el principio de igualdad en sentido amplio y la construcción jurisprudencial complementaria de "igualdad entre los iguales", que estaría dada, con base en los aspectos de calidad institucional que se reúnen -en la absoluta paridad académica y competencia de emitir títulos habilitantes profesionales, tanto para universidades de gestión pública como de gestión privada- y que, en consecuencia, se extiende a las calidades de sus académicos especializados en tanto evaluadores a considerar en la instancia proyectada.

En función de lo expuesto, es que solicitamos a la Presidencia de ese cuerpo, se sirva valorar los argumentos vertidos y provea la remisión del presente escrito a la Comisión Redactora, para que en su ámbito -y de ser requerido, al amparo del Reglamento del cuerpo, con citación a las Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales- se revalúe la propuesta de redacción final, incluyendo en paridad de condiciones a las universidades de gestión privada para integrar el Cuerpo Evaluador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe.

(*) Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe