El Principio

I - Definitivamente la Constitución de la provincia de Santa Fe se reformará. Si bien es producto de una ley que dicta la Legislatura, con mayorías especiales, llegar a ello es producto de un largo y a veces tedioso proceso.

II - Desde el retorno de la democracia, a fines del 83 y luego de encauzar las primeras acciones hacia la instalación de las instituciones que respondan a esos principios, se escucharon algunas voces tempraneras que, tímidamente, planteaban la necesidad de modernizar la "carta del 62".

Los argumentos eran atendibles por un dato absolutamente objetivo; el paso del tiempo hace que la realidad –social, económica, política- sea otra, tanto en la plano provincial, nacional como internacional, en un mundo en el que comenzaba a hablarse de globalización.

Varias provincias, desde la recuperación de la democracia, actualizaron sus constituciones por los medios establecidos. En algunos casos fueron notables avances en la línea de garantizar derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, tanto sociales, económicos como políticos.

En la década 1983-1993, la mayoría de las provincias reformaron su constitución: en 1986 fueron Jujuy, La Rioja, San Juan, Salta y Santiago del Estero; en 1987, Córdoba y San Luis; en 1988, Río Negro y Catamarca; en 1990, Tucumán; 3n 1991, Formosa y Tierra del Fuego; en 1993, Corrientes.

Una causa objetiva surgió hacia fines de 1994 cuando se sancionó la nueva Constitución nacional. Pasaron críticas febriles por esa modificación y algunos de esos reproches todavía hoy se escuchaban con el mismo tono alto.

Pero el propio texto indica, como en 1853, que las cartas provinciales, debían intervenirse para que, preservando su poder originario, adecuen su texto a los principios de la nueva ley fundamental. Luego de 1994, reformaron las suyas Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Chaco; en 1997 Santiago del Estero y en 1998, Santa Cruz y La Rioja.

La provincia de Santa Fe por causas varias nunca adecuó su norma y junto a Mendoza, son dos estados en situación excepcional. Ambos tienen su carta de 1962. En Mendoza, se registran varias tratativas de convocar a reforma, pero nunca se han reunido las voluntades –léase los votos- necesarias para encarar tal empresa.

III - En nuestra provincia, tal como lo adelantamos, fueron varios los momentos en donde se llevaron adelante los primeros sondeos en el ámbito de la política, para lograr ciertas anuencias, pero en verdad fueron gestiones sin tanta convicción.

En nuestra interpretación, esa falta de convicción, era una carencia de voluntad en razón a que ante las primeras respuestas adversas, no le sucedieron algunas ofertas que tiendan "puentes de plata" con el interlocutor de turno para saber si se podría comenzar a desandar algún camino.

Recordamos, por su proximidad, que en 1993 el legislador Jorge Giorgetti, justicialista con estrecha vinculación a Carlos Reutemann, presentó ante sus pares un proyecto de ley de reforma que no prosperó, si bien era un hombre de oficialismo, pero aún no había acuerdos mínimos ni entre las huestes propias.

La alianza liderada por el socialismo, bajo el nombre de Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), que logró llevar al sillón del Brigadier Estanislao López al rafaelino Hermes Binner el 11 de diciembre de 2007, a poco de ello, esbozó su idea reformista pero nunca llegó a la aquiescencia necesaria.

Cuatro años después, otro hombre de ese mismo espacio se manifestó varias veces en el mismo rumbo, pero la relación con la Legislatura tuvo que transitar por nuevos caminos en razón a que los resultados de las urnas presentaron un panorama directamente "contrario a la voluntad del constituyente de 1962".

Este había querido asegurarle la gobernabilidad al partido político que triunfe y por lo tanto volcó en la letra de la misma que, de los 50 diputados que se eligen por distrito único, 28 son precisamente del sector político gobernante y los otros 22 se reparten por el sistema D´Hont.

Pero no contaba con el hecho que se podría "cortar boleta", cosa que ocurrió en esos comicios donde una parte de la ciudadanía apoyo a la candidata del Justicialismo -María Eugenia Bielsa- ese domingo 24 de julio, de forma que "la oposición" tuvo 28 escaños y el "oficialismo", apenas 15.

El siguiente mandato, el tercero del FPCyS, se salvó aquella circunstancia y con un gobernador como Miguel Lifschitz, que desde siempre buscó acuerdos y contaba con un capital que pocos blandían -una enorme confianza entre la ciudadanía-, el 16 de abril de 2018 presentó un ambicioso proyecto de reforma.

Anunciaba desde la Casa Gris que era más que una reforma, es "poner en discusión un proyecto y los valores sobre los que queremos construir la provincia", las líneas fundamentales de lo institucional, político, económico y social.

En política las buenas intenciones no son suficientes. Había pasado más de la mitad de su mandato, no estaba definitivamente resuelto el tema de la reelección, cláusula altamente conflictiva.

Se había hecho todo un proceso de consultas que iban desde lo político hasta la academia y existían funcionarios trabajando a tiempo completo en proponer el mejor modelo posible abierto a los debates. La realidad -la única verdad- indica que no pudo darse, pero esa semilla hoy brota y todo indica que con fortaleza.

Varias provincias, desde la recuperación de la democracia, actualizaron sus constituciones por los medios establecidos. En algunos casos fueron notables avances en la línea de garantizar derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, tanto sociales, económicos como políticos.

En la década 1983-1993, la mayoría de las provincias reformaron su constitución: en 1986 fueron Jujuy, La Rioja, San Juan, Salta y Santiago del Estero; en 1987, Córdoba y San Luis; en 1988, Río Negro y Catamarca; en 1990, Tucumán; en 1991, Formosa y Tierra del Fuego; en 1993, Corrientes.