El débil músculo de la provincia invencible

La provincia ya presentó un recurso administrativo y analiza sumarse a Córdoba para recurrir a la justicia contra la Nación, que no cumple con un mandato de la ley de presupuesto. En los '90 Santa Fe no transfirió su caja previsional pero cedió recursos a la Anses para financiar haberes de distritos que sí lo hicieron; a cambio el organismo nacional debe compensarla; no sólo no actualiza los montos sino que tiene un año de demora en sus deberes.

El atraso millonario, mientras la cuenta corriente santafesina entró en rojo, no es un dato aislado sino un signo de época de un gobierno central que persiste -más allá de la identidad partidaria de turno- en su determinación de apropiarse de recursos y producción santafesinos, y de retacear sus bienes y derechos.

Sergio Massa dijo ante empresarios de la construcción el último miércoles, que en la demora de pagos de obras públicas necesitaba un "esfuerzo compartido con las provincias" que "a pesar de tener plazos fijos importantes en los bancos, les cuesta un poquito más. Siempre esperan que la Nación les resuelva…". En el auditorio se sintió como una inculpación a Omar Perotti.

La provincia, es cierto, tiene plazos fijos constituidos a partir de los cupones de los bonos con los que cobró -tarde y mal- la deuda histórica del gobierno central, acumulada entre 2006 y 2015 como consecuencia de recortes ilegales del 15% a su coparticipación por parte de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Por ley de la provincia -un acuerdo político de los santafesinos en su derecho- el recurso sólo puede aplicarse a obras nuevas y propias.

Obras que en su caso el gobierno central retrasa -planta potabilizadora, circunvalar ferroviaria, sólo por mencionar dos ejemplos vecinos- o directamente no realiza. No es necesario mencionar el puente Santa Fe-Santa Tomé o el nuevo enlace a Paraná; basta comparar la RN11 con su gemela RN12 al otro lado del río en territorio entrerriano. ¿Hay que contar muertes y pérdidas en la RN 34 y contrastarla con el estado de la misma ruta en el Noroeste argentino?

El gobierno central le adeuda a Santa Fe lo que la provincia -decisión de Jorge Obeid- invirtió para convertir la RN19 en autovía. Hay un convenio y un compromiso político incumplidos. "Somos de cumplir la palabra y vamos a construir el puente Santo Tomé y Santa Fe en compensación por la inversión que la provincia hizo en la ruta Nacional 19; es algo que tenemos que compensarle a esta provincia como corresponde". Fueron las palabras textuales de Néstor Kirchner, el 29 de agosto de 2007 en Sauce Viejo.

¿Con qué músculo político reclama la Casa Gris ante la administración central por lo que le corresponde a todos los santafesinos? ¿Qué hacen los legisladores nacionales por Santa Fe? En la arquitectura del esquema de representación se esconden respuestas tan claras que abruman.

En 2009 el diputado nacional santafesino Gustavo Marconato (por entonces oficialista) fue impulsor decisivo de un esquema legal que cargó impuestos internos y duplicó el IVA para fabricantes de computadoras, celulares, televisores y aire acondicionadores, en detrimento de industrias santafesinas, bonaerenses, de capital federal y San Luis, y en favor de una suerte de zona desgravada para Tierra del Fuego.

La explícita promesa de sustituir importaciones no se cumplió; la Argentina compra caro la tecnología atrasada y los camioneros -que traen lo ensamblado lejos de los centros de consumo- añaden costo ambiental, energético, corporativo e innecesario a los atribulados bolsillos de los consumidores. En Rosario y Santa Fe, líderes locales dejaron de ensamblar electrónica.

En 2021, otro santafesino -Marcos Cleri- fue quien presentó y defendió en el Congreso Nacional una ley de biocombustibles que limitó y sometió a las Pymes extrusoras de la provincia, excluyó a la grandes aceiteras y recortó el cupo de biodiésel en el gasoil de los surtidores. Los ganadores del esquema fueron un empresario en particular de Buenos Aires y -en el caso del cupo en las naftas- el etanol de caña del distrito de Juan Manzur, en detrimento del etanol de maíz que produce Córdoba. El lobby petrolero -con subsidio estatal- prevaleció en sus posiciones.

Contar con un ministro de Transporte de la Nación santafesino, Diego Giuliano, tampoco soluciona problemas ni reconoce derechos santafesinos. El esquema diferencial de beneficios al boleto del Área Metropolitana del Gran Buenos Aires -zona privilegiada con ferrocarriles urbanos subsidiados por todo el país- contrasta con los paros de colectivos en el interior, cuyo boleto es ostensiblemente más caro.

La hidrovía es otro ejemplo del despojo. Organismos federales y participación de gobernadores se prometen en cuanto discurso se pronuncia desde la administración central. Pero la cabina de peaje para que los buques de carga saquen por el Paraná -hacia el océano- al 80% de las exportaciones agroindustriales del país, está atendida por un organismo intervenido desde el gobierno central.

La Administración General de Puertos está a cargo de un funcionario camporista, y sus millones de dólares de superávit -así enunciados genéricamente- no benefician en menor costo logístico a la producción; son coto del acuerdo político entre el ministro de Economía de la Nación y el sector que lidera Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

En materia de tarifas de servicios, abundan los discursos de funcionarios y candidatos que reivindican los subsidios. Son ayudas que benefician más a los que más tienen, pero además concentran recursos en el Amba.

Los subsidios eléctricos -en principio- son "parejos" para todo el país a la hora de pagar la factura al mayorista eléctrico Cammesa. Pero el gobierno nacional suele "saldar por decreto" cuentas impagas de las prestadoras de servicio en el Amba (una de ellas propiedad de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti), lo que termina por impactar en un servicio "más barato" en esa región que en el resto del país.

Aún con un recorte del 32% en lo que va del año, la empresa Aysa -que administra Malena Galmarini- recibió transferencias del gobierno central por $14.033 millones, sin contar desembolsos de créditos internacionales que toma el gobierno central. Acaso se entienda por qué las boletas del servicio de agua y cloacas en el Amba tienen un subsidio de privilegio que no alcanza a los santafesinos, que a su vez pagan impuestos que subsidian a Aysa.

La seguridad es otro capítulo de lo que el gobierno central le retacea al derecho -a la paz y a la vida- de los santafesinos. El narcotráfico es un delito federal y la Casa Rosada está obligada ante el drama que ignora o atiende con cartón pintado. Peor aún, los crímenes narcos se organizan desde cárceles federales que, por ley, están obligadas a instalar inhibidores de señales con celulares. Pero no los tienen, en el marco del flagrante desmantelamiento de la inteligencia criminal penitenciaria que caracteriza a la administración federal.

Según un análisis del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, en función de las exportaciones de los principales complejos agroindustriales, el aporte de la provincia por retenciones en 2022 fue de US$4.278,7 millones. Los embarques aportaron al Banco Central de la República Argentina, liquidaciones por más de US$16 mil millones de dólares; los camiones llegaron hasta los puertos privados más modernos del mundo en su tipo, sobre accesos de ripio.

Mientras por efecto de la declaración de emergencia o desastre en 18 departamentos de la provincia, el inmobiliario rural explica la caída de la recaudación propia de fondos provinciales, el aporte de Santa Fe a las arcas nacionales -en el mismo año de estrés hídrico- fue en concepto de retenciones 6,9% superior al de 2021.

Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el Estado en sus tres niveles se lleva el 67,9% de la renta agrícola santafesina. El informe revela que sólo el 5,6% de los tributos del sector son percibidos por la provincia. Las retenciones no se coparticipan y los productores deben reponer nutrientes al suelo mientras en otros distritos se pagan regalías.

Bienvenido el discurso del gobernador Perotti, que reclama públicamente ante el presidente parte de lo que a Santa Fe le corresponde. Extemporáneo a la propia gestión y en el marco de una interna, el recurso es útil si se sostiene en el tiempo.

El gobierno central le adeuda a Santa Fe lo que la provincia -decisión de Jorge Obeid- invirtió para convertir la RN19 en autovía. Hay un convenio y un compromiso político incumplidos.