Seguridad y Defensa en Argentina

Durante las presidencias de Mauricio Macri, Alberto Fernández y lo que va de la gestión de Javier Milei, la política de seguridad y defensa en Argentina ha oscilado entre la expansión del rol militar en asuntos internos y su restricción a amenazas externas.

Esta ausencia de una política de Estado consistente, en un contexto de inseguridad persistente, crisis económica y memoria de la dictadura, plantea riesgos para la estabilidad social. Veamos los vaivenes normativos, los datos de inseguridad y las tensiones entre prioridades sociales y militares.

Durante la administración de Macri, la inseguridad se consolidó como una preocupación ciudadana clave, según encuestas de 2018. En respuesta, el gobierno modificó el marco normativo con el Decreto N° 683/2018, derogando el Decreto N° 1691/2006 de Néstor Kirchner -que prohibía la intervención militar en seguridad interior- y alterando el Decreto N° 727/2006.

El nuevo texto permitió a las Fuerzas Armadas custodiar "objetivos estratégicos" y enfrentar amenazas como el narcotráfico y el terrorismo, definidos de manera vaga. Esto generó alarma entre académicos y defensores de derechos humanos, evocando los seis golpes de Estado acaecidos entre 1930 y 1982.

El marco legal posdictadura, con la Ley de Defensa Nacional (1988) y la Ley de Seguridad Interior (1992), establece una clara distinción: la defensa se centra en agresiones externas, mientras que la seguridad interior queda reservada a las fuerzas policiales, con apoyo logístico militar solo en casos específicos.

Completan el Sistema de Seguridad Nacional, la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (1998) y la de Inteligencia (2001). Sin embargo, las reformas de Macri abrieron la puerta a interpretaciones expansivas, especialmente al abordar "conflictos de nuevo tipo" como el terrorismo, definido por el politólogo Robert Keohane como la "globalización de la violencia informal".

Algunos analistas interpretaron estas medidas como un cambio de paradigma; otros, como una estrategia electoral para desviar la atención de una economía en retroceso. Sorprendentemente, el debate ignoró el Libro Blanco de Defensa, un instrumento crucial para la transparencia en políticas de defensa.

En términos de inseguridad, Argentina registró en 2018, según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), una tasa de homicidios de 5,3 cada 100.000 habitantes, comparable a la de Estados Unidos de entonces, pero la tasa de robos duplicaba el promedio hemisférico, (973 cada 100.000 habitantes versus 456 cada 100.000), según datos de la OEA.

Esto último alimentó una elevada sensación de inseguridad, a pesar de que Argentina era el segundo país con menos homicidios en América Latina, solo detrás de Chile. Con la llegada de Alberto Fernández en 2019, el nuevo gobierno buscó revertir las reformas de Macri.

El Decreto N° 571/2020 restableció los límites kirchneristas, restringiendo nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas a amenazas externas. El entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi, priorizó la cooperación latinoamericana, la ciberdefensa y el reclamo por las Islas Malvinas.

Además, se creó el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) en 2020, destinando el 0,2% del presupuesto al reequipamiento militar, incluyendo la reactivación de bases como Petrel. Sin embargo, estas medidas fueron cuestionadas en un contexto de pobreza superior al 40% (Indec 2020), donde las prioridades sociales parecían más urgentes.

En 2022, la tasa de homicidios se estabilizó en 5,1 cada 100.000 habitantes, pero los robos permanecieron altos, con más de 900 casos cada 100.000 habitantes.

El Libro Blanco de Defensa 2023 destacó amenazas no tradicionales, como el cambio climático, pero omitió el tema de inteligencia, un punto crítico según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre las grietas en la lucha contra el crimen transnacional.

La falta de una integración clara entre defensa y seguridad interior generó inquietudes entre expertos, que señalaron la desconexión entre las políticas implementadas y las demandas sociales. El arribo de Javier Milei en 2023 marcó un nuevo viraje.

En un contexto de ajuste económico, los decretos 1107 y 1112 de 2024 ampliaron nuevamente el rol de las Fuerzas Armadas, permitiéndoles custodiar infraestructuras críticas, actuar en el ciberespacio y enfrentar el terrorismo transnacional.

Un sector de la oposición denunció violaciones a las leyes de Defensa y Seguridad Interior, alertando sobre el riesgo de militarización interna. En 2024, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) reportó un aumento en el gasto en defensa, financiando adquisiciones como aviones F-16, vehículos Stryker y aviones P-3 Orion, además de avances en ciberdefensa.

Argentina se sumó a la OTAN como socio global y se alineó plenamente con Estados Unidos.

La "Operación Tridente" conocida en octubre de 2025, relativa a un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos en Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, desató críticas por cuestiones de soberanía, especialmente en Ushuaia, un punto estratégico para la Argentina (por el acceso a pasos marítimos importantes en términos geopolíticos, la Antártida y la cuestión Malvinas).

En materia de inseguridad, un estudio de InSight Crime (2024) reveló que Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de Sudamérica (3,8 cada 100.000 habitantes), pero los robos aumentaron a 1.068 cada 100.000, lo que representa un incremento interanual de 1,4%.

La historia reciente de Argentina evidencia carencia de continuidad en seguridad y defensa. Macri dejó la puerta entreabierta para la injerencia militar interna, Fernández la cerró priorizando modernización y Milei las reabrió con un enfoque globalizado.

El desafío es claro: Argentina debe construir un consenso político que fortalezca el Sistema de Seguridad Nacional, no comprometa la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil, priorice datos objetivos, y aborde la inseguridad desde una perspectiva holística, priorizando la prevención y la contención social.

El autor es profesor de Ciencia Política especializado en Seguridad y Defensa en Estados Unidos.