ADN para investigar delitos, el proyecto de ley aprobado que presentó un santafesino en 2022

A fines de 2022, dos legisladores nacionales del radicalismo planteaban un debate de fondo en el Congreso. Juan Martín, por entonces diputado nacional por Santa Fe y Alfredo Cornejo, hace dos años senador nacional por Mendoza, propusieron en un proyecto de ley el uso desde el Estado de los datos genéticos de los ciudadanos para las investigaciones penales. Buena parte de lo aprobado esta semana en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación repite sus ideas centrales, producto de la experiencia mendocina, que iniciara ese ex gobernador.

Ahora recibió media sanción una de las normas que había impulsado el gobierno nacional por impulso de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El oficialismo de La Libertad Avanza en minoría y los llamados bloques dialoguistas aprobaron con cambios el mensaje del Poder Ejecutivo Nacional: el más relevante es que el nuevo registro del ADN, que no sólo será por vínculos con delitos de integridad sexual, quedará en manos del Ministerio de Justicia, no de la cartera de Seguridad como pretendía la ministra. Obviamente, más allá de ser una herramienta útil para la investigación penal, quien posee esa información cuenta con más poder: son datos sensibles sobre la vida de las personas, cuyo resguardo es clave.

El texto sancionado por los diputados, que pasó al Senado, ahora suma al existente registro de ADN de violadores todo tipo de delitos dolosos, no los culposos. Estos últimos no se registran. (Un delito es doloso cuando hay la intención de cometerlo). Desde el gobierno nacional se había pensado en registrar el ADN desde la imputación y finalmente, por la discusión que se extendió incluso hasta las bancas, se optó por hacerlo desde el procesamiento (sin condena firme).

Por otra parte, al igual que en Mendoza, los integrantes de las fuerzas de seguridad y todo el personal de la justicia forence serán registrados para que no se contamine la escena de los crímenes u otros delitos. La norma que sigue su debate en el Congreso plantea incluir los datos solo de quienes hayan sido imputados en delitos leves.

En una investigación, al cotejarse el ADN encontrado en la escena de un crimen, un cabello por ejemplo, con el bando de datos del registro, se habla de un "match positivo" cuando se trata de la misma huella genética. La ley con media sanción ha previsto que un juez sea quien autorice una eventual segunda prueba sobre un ciudadano, cuando la primera no haya dado match certero.

Opinión

Este diario se comunicó con el ex diputado nacional por Santa Fe, Juan Martín quien consideró fundamental ese aspecto, el de la actuación de la justicia. Una vez más, puso como referencia de lo deseable lo que se hecho en Mendoza, donde el Ministerio Público Fiscal (algo similar al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe) posee esa información y el poder de realizar los matchs. En el proyecto en debate a nivel nacional, queda bajo el Ministerio de Justicia.

"Hace dos años presentábamos junto a Alfredo Cornejo y las asociaciones de víctimas un proyecto de ley para contar en toda la Argentina con un Banco de Huellas Genéticas Digitalizadas. Lamentablemente tuvo que pasar mucho tiempo porque el Frente de Todos cajoneó el debate bajo el paradigma de un garantismo estéril", recordó Martín.

"En definitiva -insistió- se trata de dejar de lado el relato para centrarse en los hechos y ser prácticos. De ponerse en los zapatos de los que sufren la inseguridad y encontrar en la tecnología una aliada para la resolución de violaciones, robos, homicidios".

Sobre el proyecto con media sanción, abundó: "así vamos a contar con justicia para aminorar el dolor de las víctimas de delitos que hasta hoy quedaban impunes y a su vez se logrará prevenir la comisión de nuevos crímenes. Ojalá el Senado de la Nación le dé rápidamente sanción definitiva".

Resultados cuyanos

En Mendoza, la huella genética ha podido mejorar la persecución penal no solo de casos vinculados a los abusos sexuales o las violaciones, también para otros delitos. Los mendocinos tienen un banco de huellas genéticas que "es el más grande de América Latina", según el ex gobernador Cornejo.

El proyecto a nivel nacional fue votado favorablemente por 146 diputados nacionales frente a 87 en contra. Se registraron 7 abstenciones.

Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, sostuvo que la norma "es una de las más importantes en materia de investigación criminalística" desde fines del siglo XXVIII y principios del XIX con el inicio de las investigaciones policiales que utilizaron un descubrimiento argentino: que cada individuo tiene huellas dactilares irrepetibles.

Algo así sucede con el ADN, con una ventaja: la huella genética del ADN es similar entre familiares, lo que amplía muy significativamente las chances de encontrar una pista. Cornejo lo explicó a El Litoral en noviembre de 2022: "Generamos durante mi gobierno una ley muy dura, que al principio provocó dudas y críticas, pero que ahora todo el mundo valora. Obliga a cargar en una base de datos y tomar la muestra de ADN a todos los imputados. Los sobreseídos (en primera instancia) salen de ese registro".

"No se está en ese registro por una multa de tránsito, sí por un accidente de tránsito que tenga una imputación penal. Eso ha hecho que por imputados tengamos 46 mil muestras; pero además es obligatorio tomar muestras de todos los condenados que son unos 6 mil; y por otra parte deben tomarse esa muestra todos los policías y fuerzas de seguridad oficiales que son 11 mil y de los agentes de seguridad privados que son 8 mil y ya lo han hecho unos dos mil quinientos. Y lo mismo, todos los integrantes del Poder Judicial de Mendoza. Así tenemos en total unas 68 mil personas de las que conocemos su ADN. Los resultados son impresionantes", subrayó.

En la investigación penal "tenemos ahora una prueba indubitable". Y esa ventaja para la acusación se nota en la resolución de casos, muchas veces porque los acusados aceptan el juicio abreviado ante la evidencia de lo inevitable.

"Ya no se depende de tener un 'buchón' de la policía o un ciudadano que se presta como testigo y acepta enfrentar ese papel con los temores que ello acarrea. Aquí lo que tenemos es la certeza de que alguien estuvo en un lugar si se le encuentra un cabello o algún otro rastro. No solo se está usando para homicidios, femicidios y delitos sexuales, también para robos agravados", advirtió el senador nacional en aquella entrevista.