La agenda del oficialismo para avanzar sobre el Poder Judicial desde el Congreso

El Congreso de la Nación se apresta a retomar su funcionamiento a efectos de considerar la casi treintena de temas propuestos por el Poder Ejecutivo para ser tratados en el período extraordinario de sesiones, desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

Si bien la motivación principal de la convocatoria parece haber estado cifrada en la promoción del juicio político a los miembros de la Corte Suprema, entre los temas hay varios de importancia para la gestión económica, como la ley agroindustrial, cambios en el Indec y la iniciativa de blanqueo del ministro Sergio Massa. También la ley de alcoholemia cero para la conducción de vehículos y el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Pero particularmente tienen peso propio, tanto en la importancia institucional como en el foco del conflicto político, las distintas iniciativas vinculadas al Poder Judicial, además del planteo de juicio político a la Corte. La lista no incluye la reforma del fuero federal, fuertemente cuestionada y resistida por la oposición, ni tampoco la creación de juzgados y fiscalías en las provincias, un reclamo sostenido por legisladores del interior, con particular gravitancia en el caso de Santa Fe.

La ampliación de la Corte

Con media sanción del Senado, ingresó a Diputados la propuesta de modificación del artículo 21 de la Ley N° 1285/58, con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a 15 miembros.

Inicialmente, la propuesta oficial era lograr la cifra de 25 jueces, sin embargo, tras negociaciones legislativas, se redujo el número para lograr los votos suficientes. Los impulsores de la iniciativa señalaron que ampliar la Corte Suprema le daría un carácter más federal al Poder Judicial, un aspecto solicitado originalmente por un grupo de gobernadores del peronismo.

La iniciativa fue aprobada el 22 de septiembre, con 36 votos a favor y 33 en contra, respaldada por el Frente de Todos y sus aliados, y rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio. Este rechazo, sumado al del interbloque federal y otras fuerzas menores, hace por el momento inviable que el proyecto prospere en Diputados.

Consejo de la Magistratura

Otra de las propuestas que impulsa el oficialismo y cuenta con media sanción de senadores es la que prevé la modificación del Consejo de la Magistratura, cuyos actuales integrantes también fueron definidos mediante intervención de la Justicia. El proyecto busca elevar el número de 13 a 17 miembros, con criterio de paridad de género y excluyendo a los jueces de la Corte Suprema.

La solicitud se desprende de uno de los puntos que el Gobierno más le cuestiona a la Corte: la declaración de inconstitucionalidad de la composición del Consejo, sancionada en 2006, y la reposición del esquema anterior con el presidente de la Corte como titular y pasando de 13 miembros a los 20 originales, con mayor representación de los estamentos no políticos.

El Gobierno se vale de la exhortación que había fijado la Corte en aquel fallo de diciembre de 2021 para avanzar en una nueva reforma. En aquel momento el máximo tribunal le había dado un plazo de 120 días al Congreso para avanzar en una nueva norma. En el decreto, el Gobierno alerta que "dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible".

En el interín, el ministro de Justicia Martín Soria fantaseó con la posibilidad de reconfigurar el Consejo de la Magistratura por decreto, pero la Casa Rosada tomó distancia de esa idea.

El procurador

Otros de los proyectos que involucran al Poder Judicial es el tratamiento para el acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación, en donde ocupa el cargo interinamente Eduardo Casal desde el 31 de diciembre del 2017, cuando renunció Alejandra Gils Carbó. Actualmente, el pliego existente es el presentado desde febrero de 2020 por el juez Daniel Rafecas. Aún no fue debatido por el Senado, en donde ingresó la propuesta.

Los legisladores habían puesto reparos respeto al pliego de Rafecas cuando se presentó en 2019, y su designación no será un proceso simple, ya que debe conseguir el acuerdo de dos tercios del Senado para que su postulación avance y no fracase en el intento, tal como sucedió con el pliego de la jueza Inés Weinberg de Roca, quien fue propuesta por el expresidente Mauricio Macri.

Sobre este punto, el oficialismo amagó en algún momento con modificar la mayoría calificada que se requiere para llevar a cabo la designación (alternativa rechazada por el propio Rafecas), pero la idea tampoco prosperó.

A la vez, el Presidente no avanzó en cubrir la vacante que dejó en la Corte la jueza Elena Highton de Nolasco cuando renunció en octubre del 2021. El proceso para elegir a su reemplazante venció en febrero de este año sin que el Presidente haya enviado el nombre de su reemplazante al Senado.

Ejecución de penas

Por último, se añadió en el temario el proyecto que modifica el Capítulo IV –"Disciplina"-, de la ley de Ejecución de la Pena. Con media sanción de la Cámara alta, el texto fue resultado de una propuesta de modificación legislativa arribada por consenso con la Defensoría General de la Nación en el marco del caso "Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina" que tramitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"En particular, la propuesta legislativa que se somete a consideración asigna al régimen disciplinario la finalidad de garantizar la seguridad y la convivencia ordenada y pacífica en los establecimientos penitenciarios y consagra la obligación de todas las personas privadas de libertad de observar y acatar las normas de conducta determinadas en la ley y en los reglamentos respectivos", señala en sus fundamentos.