Piden allanar el despacho de Kueider, mientras atacan la validez de la sesión

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó este viernes el allanamiento del despacho de Edgardo Kueider en el Senado. Lo dispuso en un oficio enviado al presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro. Abdala reemplaza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Italia, cuestión que, por no haberse contemplado este jueves a los efectos de la sesión, desató una polémica sobre la validez de la misma, alentada desde el propio oficialismo.

El pedido de desafuero producido por la magistrada minutos antes de la sesión fue determinante para precipitar el desarrollo de los acontecimientos. Y, a la vez, la caída de los fueros por efecto de la expulsión habilitaron la orden de allanamiento y registro del despacho, que el mismo día fue fajado a petición de la magistrada. En la nota, Arroyo Salgado fundamenta el pedido en que "dentro del mismo, podrían hallarse elementos de prueba que permitan corroborar las hipótesis delictivas bajo examen".

"Incumplimiento"

Mientras tanto, luego de que la Cámara de Senadores votara la expulsión del aliado oficialista Edgardo Kuider, desde la Casa Rosada hubo expresiones en el sentido de sostener la nulidad de la sesión, a la vez que apuntan al supuesto "incumplimiento de deberes" de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La decisión del Senado fue producto de una serie de circunstancias políticas que, en buena medida, escaparon al control y a las preferencias del Gobierno. Pero más allá de ellas, lo que ahora se cuestiona es el hecho de que la titular del Senado presidió la votación en el mismo momento en el que debía estar en ejercicio de la presidencia, debido al viaje a Italia que el mandatario Javier Milei emprendió durante el mediodía del jueves.

Sobre esta base, los abogados del senador Kueider anticiparon que pedirían la nulidad de la sesión que expulsó al senador, ya que la titular del Senado no podría haber coordinado la sesión por tener que estar al frente del Gobierno. Una idea que fue puesta sobre el tapete desde el propio oficialismo.

De hecho, el senador oficialista Carlos Pagotto fue uno de los primeros en abrir la discusión sobre la legalidad de la sesión. "Creo que un escribano debió haberse constituido en la cámara y hacerle firmar. Son cuestiones jurídicas elementales. Tranquilamente podría darse la impugnación de la sesión. Tendría que haberse hecho un acta de traspaso de mando y firmar la vicepresidenta. Ni bien se firma el acta, cumple otras funciones. Ahora tendrán que dilucidar quién tiene la responsabilidad", resaltó el legislador libertario.

"Mentiras"

Desde el entorno de Villarruel sostienen que la vice recién firmó el traspaso a las 19, lo que implicaría asumir que el Poder Ejecutivo permaneció acéfalo en las horas en las que el jefe de Estado partió a Europa.

Por el contrario, a través de la difusión de una nota firmada por el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y enviada por el sistema de Gestión Documental Electrónica, fuentes de Balcarce 50 afirman que Villarruel fue debidamente notificada en tiempo y forma, y aseveran que la funcionaria "miente".

"Informo a usted que, el día 12 de diciembre de 2024 a las 12:00 horas aproximadamente, el señor Presidente de la Nación, viajará a la ciudad de Roma (República Italiana), teniendo previsto su regreso el día 15 de diciembre de 2024 a las 20:00 horas aproximadamente", se le notificó a la vicepresidenta y a sus colaboradores a través del documento.

En horas de la mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó un sugestivo mensaje en su cuenta de X, direccionado contra la compañera de fórmula de Javier Milei, aunque sin hacer mención: "En este Gobierno no se miente. Que tengan todos un gran cierre de semana. Fin".

Incluso desde presidencia hicieron circular capturas de una supuesta conversación de ese mismo día con la secretaria de la vicepresidenta Guadalupe Jones en el que daban cuenta del viaje de Milei a Italia.

Trasfondo

La cuestión de la expulsión de Kueider fue resistida desde La Libertad Avanza (incluso por la propia Villarruel, que introdujo la discusión sobre el caso de Oscar Parrilli en un intento de bloquear al kirchnerismo) no tanto por cuestiones institucionales o por el afán de proteger al legislador, como por el efecto que la decisión tendrá en la composición de la cámara. Esto es porque la expulsión de Kueider supone que en su banca asumirá Stefanía Cora, militante de La Cámpora. Con ello, Unión por la Patria quedará con 34 senadores –a tres del quórum propio– y el Gobierno perdió un aliado para que se incorpore una opositora acérrima.

Una serie de circustancias se alinearon para que el legislador entrerriano fuese expulsado, pese a la reticencia del PRO por la misma razón. Primero, la decisión de ese bloque de asistir a dar la discusión, con lo cual se garantizó el quórum y no se pudo impedir la sesión. Segundo, el pedido de desafuero que, en el mismo día, produjo la jueza Sandra Arroyo Salgado, que al introducir un elemento de proceso judicial en el país redujo el margen de argumentación para rechazarlo. Tercero, el riesgo de que ni la expulsión, ni la suspensión (que impulsaban el gobierno y el PRO) tuviesen los dos tercios de respaldo, y por lo tanto la sesión terminase sin ningun tipo de sanción para Kueider. A esto se sumaron algunas decisiones individuales (como el fuerte pronunciamiento de Guadalupe Tagliaferri y legisladores del radicalismo), que convencieron a todos de la conveniencia de avanzar con la expulsión.

Pero ante el hecho consumado, la irregular situación que se dio con la presidencia de Villarruel, combinada con su posición de enfrentamiento con la plana mayor de la gestión Milei, podría dar pie a una nueva jugada para intentar voltear la sesión.

Pero más allá de la discusión sobre la simultaneidad de funciones (que no está prohibida expresamente en ninguna parte, pero es naturalmente incompatible con la división de poderes), y si bien algunos constitucionalistas advirtieron por las desprolijidades en la sesión, distintos senadores dejaron en claro que no hay razones para declararla inválida.

"La jurisprudencia es muy restrictiva al analizar violaciones reglamentarias cuando la propia Cámara es la que dice que algo estuvo ok", dijeron fuentes del bloque de la UCR. Incluso el presidente provisional de la Cámara Alta, el libertario Bartolomé Abdala, también se expresó en ese sentido.