Se prorroga el contrato de Aguas Santafesinas y prometen nueva legislación de saneamiento

Mediante el decreto 2.773, el gobernador Maximiliano Pullaro ratificó “el Contrato de Vinculación Transitorio que vincula a la Provincia de Santa Fe con la Empresa Aguas Santafesinas SA”, en los términos de decisorios similares anteriores que datan de 2007, 2009, 2012, 2017, 2022 y 2024.

Con la medida, esta vez, se agrega un plazo atado a la sanción de una nueva ley que resulta una suerte de promesa: “prorrógase su vigencia hasta la sanción e implementación de la nueva Ley del Servicio Sanitario”, una norma de la que hasta ahora (en lo público) solo se conoce este título.

Como es usual en los demás decretos de prórroga de la vigencia del contrato de vinculación transitorio también se aprueban las “Pautas Complementarias” como Anexo I que son “de aplicación inmediata, sin alterar lo dispuesto en la Ley N° 11.220 y concordantes”.

El decreto firmado por el titular del Poder Ejecutivo Provincial y el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico instruye al Directorio de Aguas Santafesinas SA a convocar a Asamblea General Extraordinaria, conforme a la Ley Nacional N° 19.550, a fin de reformar el Artículo 3º del Estatuto Social relativo al plazo de duración, el que deberá quedar redactado del siguiente modo: ‘Artículo 3°: La Sociedad extenderá su plazo de duración por veinte (20) años desde el momento de su vencimiento, prorrogable en la medida necesaria hasta la expiración de la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato de vinculación o cualquier otro vínculo que celebre con la Provincia de Santa Fe, incluyendo sus prórrogas’ ”.

Mayoría de edad

Desde 2007, desde distintos gobiernos provinciales de signo político diferente, se han dictado decretos de prórroga al contrato de vinculación transitorio que da sustento legal al nexo entre el Estado provincial.

Le ha tocado al peronismo en su etapa de gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obeid (que sumaron cuatro mandatos intercalados entre ambos) las decisiones políticas más importantes sobre la empresa creada a partir de la privatización de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias, Dipos. El primero, en su gestión inicial, siguió las pautas nacionales por la privatización que el justicialismo llevó adelante en los ’90 y fue el mismo grupo de origen francés Lyonnaisse des Aaux (luego adquirido por Suez) quien ganó sendas licitaciones internacionales. Menos de diez años después, cesó el contrato que se había sido previsto para un siglo, durante el segundo gobierno de Obeid. Fue en 2006 que el servicio volvió a ser de gestión estatal y en 2007 que se firmó el primer contrato de vinculación transitoria.

Este año esa situación provisoria cumple la mayoría de edad, con 18 años. Habrá que ver si, como dice el primer artículo del decreto firmado por Pullaro se logra ahora sí una nueva normativa integral, mientras rige la Ley 11.220 cuyo diseño responde a la idea de que la prestación del servicio esté a cargo de privados.

La deuda de la Legislatura santafesina en esta materia no tiene otra causa que la falta de un acuerdo político para avanzar, tanto en los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social que contenía a solo parte del oficialismo actual, como de vuelta del peronismo en la administración anterior.

Ahora se plantea, con la idea de que exista una ley del servicio sanitario, un nuevo debate que inexorablemente estará atravesado por el contexto nacional: hoy el gobierno federal ha convocado a una privatización de la empresa de agua potable y cloacas más importante del país: Aguas y Saneamientos Argentinos SA que también había sido reestatizada tras el estallido de la Convertibilidad (luego que Santa Fe).

Hay una diferencia importante, más allá de las convicciones y las ideas de cada gobierno. Mientras que ASSA en Santa Fe necesita inversiones urgentes para sus sistemas de distribución y recolección, en las dos ciudades más pobladas del mapa de la bota, Ayssa ya las hizo -en su enorme mayoría- durante las gestiones del kirchnerismo, eso sí, en beneficio exclusivo de porteños y bonaerenses con fondos nacionales aportados por todos los argentinos.

Santa Fe y Rosario esperan que se cumplan las promesas preelectorales del gobierno nacional de finalizar las obras comprometidas por el Estado nacional en sus plantas potabilizadoras que necesitan multiplicar su capacidad de producción para ponerse a la altura de la demanda.