Biodiésel: mientras Brasil sube el corte al 12 %, en la Argentina no hay precio

"Los productores de biodiésel de Santa Fe nuevamente quedamos en manos del funcionario de turno que tiene en su decisión arbitraria el destino de las plantas de Santa Fe que concentran el 80 % de la producción de ese combustible en todo el país", lamenta en un comunicado de prensa Marcelo Kusznierz, de la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe. El texto habla de la situación actual por la que pasa el sector y de las decisiones políticas en su contra, tomadas por el gobierno nacional desde que cambió la legislación que lo promovió.

Recuerda que "en el mes de noviembre ya alertábamos de nuestra compleja situación ante la no publicación en tiempo y forma de los precios de venta a las petroleras, actitud que se repitió en forma constante durante todo el año 2022". Sin esos valores, los productores quedan "en medio de una negociación que nos es ajena (petroleras-gobierno) y no nos cansamos de repetirlo, ya que el aumento del costo del biodiésel impacta solo en un 7,5% del aumento en el surtidor".

Otra política

"Esa discusión ambiental está presente en nuestro vecino Brasil, que viendo las potencialidades y beneficios que brinda el sector del biodiésel tiene un plan a corto, mediano y largo plazo, su Consejo Nacional de Política Energética aprobó el aumento al 12% de la mezcla de biodiésel con diésel vendido a partir del mes de abril y la norma establece también el incremento al 13% en abril de 2024, 14 % en abril 2025 y al 15 % en abril de 2026".

Cabe destacar que en la Argentina, por efecto de la reforma a la legislación que estuvo vigente durante quince años. Desde 2006 hasta la sanción de la ley 27.640, el corte obligatorio era del 10%. Desde que se puso en vigencia la nueva norma, votada por el peronismo en el Congreso en 2021, esa participación en el mercado interno cayó al 5%.

Fundamentos para imitar

La Cámara de Productores de Biodiesel de Santa Fe pide detenerse sobre los considerandos de la legislación brasilera, que copia en su comunicado y son capaces de ser trasladados a la realidad argentina, donde lamentablemente se va en sentido contrario.

"En los fundamentos de la resolución manifiestan: 'esta medida que aprobamos hoy ofrece seguridad y previsibilidad al sector, incentiva la generación de empleos e inversiones en el área de biocombustibles y contribuye a la reducción de importaciones. La decisión rescata el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesél y refuerza la estrategia nacional de transición energética, bajo el liderazgo del presidente Lula, y contribuye a consolidar a Brasil como uno de los mayores productores de biocombustibles del mundo'. Todos conceptos que venimos pregonando desde nuestras Cámaras Empresarias, desde la Unión Industrial de Santa Fe y desde nuestras empresas desde siempre", dice la manifestación de los empleados santafesinos.

"Las empresas productoras de biodiésel de la Provincia reiteramos nuestro compromiso con la sociedad, el medioambiente y la transición energética, probamos sobradamente que industrializamos la ruralidad aportando desarrollo científico tecnológico, empleo de calidad y movimiento económico en las localidades donde nos radicamos. Pudimos y podemos seguir evitando la fuga de divisas proveyendo desde nuestra capacidad de producción soluciones energéticas alternativas a la crisis del gasoil como fuera sobradamente probado", destaca.

"Como Pymes de Santa Fe reclamamos de nuestros gobernantes y funcionarios reglamentar en forma perentoria la ley 27.640 y que tomemos como ejemplo concreto y posible lo que hace nuestro principal socio comercial que tiene una mirada de planificación más allá de la coyuntura y de los procesos electorales de turno", compara.

El final de la expresión de los empresarios santafesinos del biodiésel tiene un destinatario claro, fácilmente perceptible para quienes hayan seguido de cerca el conflicto con la actual gestión en la Casa Rosada: el sector político del oficialismo nacional y provincial que, tras aprobar la norma, sostuvo que con una reglamentación de la ley podría ser mejorada.