Brasil: el Senado aprobó la ley que podría reducir la condena de Bolsonaro

El Senado de Brasil sancionó este jueves una controvertida ley que habilitaría una reducción de penas para Jair Bolsonaro y otros condenados por la intentona golpista de enero de 2023. El texto ya había sido aprobado por Diputados y ahora quedó en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anticipó su veto.

Desde el oficialismo, consideraron que se trata de un “grave retroceso” en la legislación que protege la democracia y anunciaron además que recurrirán a la Corte Suprema para frenar su aplicación.

Lula vetará la ley

La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, advirtió que el Ejecutivo no permitirá que prosperen beneficios para quienes atacaron el orden constitucional. “Deben pagar por sus crímenes”, dijo en redes sociales, en clara alusión a Bolsonaro y su entorno.

La ley contempla reducciones de hasta dos tercios para los delitos cometidos en el marco de una multitud. Según el texto, aquellos que no financiaron ni lideraron las acciones tendrían derecho a una rebaja penal.

De 27 años a 2

El exmandatario ultraderechista fue condenado en noviembre a 27 años de prisión por múltiples cargos vinculados al intento de golpe. Su defensa apeló ante el Supremo Tribunal Federal y sostiene que la sentencia es “excesiva” al tratarse de un solo episodio.

La nueva norma permitiría acelerar el paso a regímenes carcelarios menos severos. Según estimaciones, si entra en vigor, Bolsonaro podría pasar a libertad condicional en poco más de dos años.

El proyecto fue impulsado por legisladores del Partido Liberal, al que pertenece Bolsonaro, y aprobado con apoyo de otros bloques conservadores. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, celebró el resultado y pidió avanzar con una anulación total de la causa: “Fue una farsa”, dijo.

Organizaciones sociales y partidos oficialistas ya preparan una ofensiva legal. El domingo pasado, decenas de miles de personas marcharon en Brasilia, San Pablo, Salvador y otras ciudades para rechazar la ley que podría beneficiar a los responsables del 8 de enero.