Diputados piden sesión especial para debatir una nueva fórmula jubilatoria

El 1° de marzo se inició el período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Eso significa, en pocas palabras, que desde esa fecha, además de considerarse en las sesiones de Diputados y del Senado proyectos enviados por el Ejecutivo nacional, los legisladores y legisladoras podrán impulsar sus propias iniciativas.

En las últimas horas se conoció el pedido del bloque Hacemos Coalición Federal para una sesión especial en Diputados el próximo 13 de marzo a las 12 con el objetivo de debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La bancada que preside Miguel Ángel Pichetto propuso como único proyecto en el temario el que presentaron legisladores de la Coalición Cívica -integrantes del bloque- que propone actualizar los haberes previsionales mensualmente por inflación.

La solicitud lleva la firma de Emilio Monzó, Nicolás Massot, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. El proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto; un trámite, tal cual explica el sitio web especializado Parlamentario.com, que no resultará sencillo sin acuerdos previos. No obstante, la intención es adelantarse al oficialismo, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus.

La novedad de la convocatoria se conoció un par de días antes de que se concrete la reunión de gobernadores (o al menos de algunos de ellos) con parte del gabinete nacional luego de semanas de tensión y en el marco del llamado presidencial a participar del Pacto de Mayo. Se espera que el contenido de la "ley ómnibus" estará en la mesa de conversaciones, junto con (o como condición de) alternativas de un alivio fiscal para las provincias.

Desde el PRO

El de HCF no es el único proyecto en línea con uno de los temas más acuciantes de la economía cotidiana de millones de personas, como es el de los haberes jubilatorios. También impulsa una iniciativa en esa línea la diputada del Pro, María Eugenia Vidal. El proyecto prevé sustituir el artículo 32 de la Ley 24.241 por uno que diga que "el índice de movilidad se ajustará mensualmente en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) calculado por el INDEC. Si esta variación no hubiera sido positiva, nos e aplicará ajuste alguno".

"Adicionalmente, en el mes de marzo de cada año se aplicará el siguiente aumento: un 30% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Indice de Precios al Consumidor Nacional (IPCN) entre los meses de diciembre de los dos años previos", agrega la modificación, que concluye aclarando que "si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado".

En caso de ser aprobado el proyecto, y siempre según el sitio especializado en temas legislativos, se establece que "a los fines de la aplicación por primera vez del mecanismo de movilidad previsto, se tomará como mes de referencia el último considerado para el cálculo del índice de movilidad aplicado por última vez con anterioridad a la sanción de esta ley".

El proyecto de Vidal es acompañado por sus pares del Pro Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Daiana Fernández Molero, Emmanuel Bianchetti, Gabriela Besana, Marilú Quiroz, Héctor Baldassi, Martín Maquieyra, Gabriel Chumpitaz, Alejandro Finocchiaro y Germana Figueroa Casas.

Consultado sobre el tema, este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni coincidió en que "la fórmula jubilatoria debe discutirse, forma parte de una discusión amplia, y debe generar consenso generalizado porque (su aplicación) va a exceder a este gobierno". Aunque aclaró, respecto de la iniciativa de Coalición Federal, que "tenemos otro camino legislativo".

El tema vuelve a la agenda legislativa junto con el dato que reveló el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que asimila casi la mitad de la reducción del gasto público primario a la fuerte licuación de las jubilaciones durante el primer bimestre del año.