La Cámara Electoral Nacional fijó pautas sobre cuánto cobrar por los padrones

La Cámara Electoral Nacional dictó una acordada para fijar los montos que cada jurisdicción deberá abonar por la provisión de los padrones para los comicios locales, que será proporcional a la cantidad de votantes, y que además deberán estar estipulados en los convenios que se firmen a tal efecto.

En la acordada 120 del 12 de noviembre, el cuerpo encabezado por Santiago Corcuera e integrado también por Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía, justifica la determinación en atención a que esta tarea requiere "compensaciones económicas para que el fuero federal pueda hacer frente a las actividades adicionales de administración electoral", que "se fundan en la necesidad de solventar los gastos derivados de la realización de horas extraordinarias por parte del personal del fuero y/o de la contratación de agentes", así como también la adquisición de insumos y la cobertura de viáticos, "entre muchas otras cuestiones".

El texto dedica varios párrafos a sustentar las incumbencias de la Cámara en la materia y el carácter "libre y permanente" que el Código Electoral Nacional garantiza a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual "no existe ningún antecedente (…) en que se haya negado la autorización pertinente para la entrega de los datos constitutivos de los padrones electorales". No obstante, "en tanto lo solicitado suponga una tarea adicional o una erogación objetiva cuantificable, la previsión legal no implica que la respectiva jurisdiccion no deba asumir los costos pertinentes". Ya que, de lo contrario "podría producirse un perjuicio patrimonial al estado nacional, o la aplicación de los escasos recursos humanos y de infraestructura a otras tareas ajenas a las específicas funciones de este fuero relacionadas con la administración electoral de los comicios nacionales, obstruyendo el normal funcionamiento de estos últimos".

La Cámara detalla en su acordada como esta cuestión fue resuelta hasta la fecha "de modo no controversial", en el marco de los convenios de colaboración que firman los jueces federales con competencia electoral con los organismos locales. "Sin embargo, circunstancias recientes (derivadas del desconocimiento parcial por parte del organismo electoral de la provincia de Santa Fe respecto de tales antecedentes y procedimientos) pusieron de manifiesto la necesidad de fijar parámetros expresos y objetivos".

El asunto Santa Fe

En este punto, los jueces aluden a lo sucedido en abril de 2023, cuando el entonces presidente de la Corte santafesina y por ende del Tribunal Electoral, Daniel Erbetta, y en momentos en que todo estaba dispuesto desde el gobierno para hacerlo, se negó a firmar el tradicional acuerdo de colaboración entre el organismo provincial y la Cámara Electoral Nacional, por considerar que el monto de 55 millones de pesos requerido era "muy elevado".

Según reveló en aquel momento El Litoral, el magistrado exigió conocer el detalle y la justificación del gasto; y en segunda instancia, alertó sobre una situación dispar y en apariencia, discrecional. Advirtió que jurisdicciones como Córdoba, incluso con más electores que Santa Fe, pagaban una suma significativamente menor; y que para otros distritos, el servicio se ofrecía directamente sin cargo.

"Siempre la provincia debe pagar una suma de dinero para obtener el padrón definitivo", manifestó Erbetta a El Litoral. "Y dada la composición del Tribunal Electoral y el hecho de que la Secretaría (Electoral) depende del gobierno (provincial), ésta es una gestión que ha hecho el Poder Ejecutivo. De todas maneras – explicó-, estamos indagando y discutiendo porque en principio consideramos que hay un costo muy elevado que se le quiere cobrar a la provincia".

Por aquel entonces, el juez federal con competencia electoral de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, advirtió que si Santa Fe se resistía a pagar la suma planteada, se concederían "menos servicios" o un padrón que corría el riesgo de no ser depurado.

Ante ello, Erbetta insistió en que "esto tiene que ver con una suerte de tradición o algunas circunstancias supongo yo, históricas. Porque hoy vivimos en el mundo de la digitalización y la informatización, de modo que la eventualidad de depurar un padrón no debe demandar supuestamente la carga de trabajo material que se correspondía en otras épocas. No hay una regla muy clara; éste es un tema que algún día se va a tener que definir entre la Corte de la Nación y por qué no, la Junta Federal de Cortes. Este año hubo provincias que han recibido el padrón gratuitamente, otras que como Córdoba han pagado ocho millones, otras como Santa Fe donde se piden 55. Y en verdad, por fuera de estos convenios, existe una partida nacional que la Corte le asigna a la Cámara Electoral y ésta a cada uno de los juzgados y secretarías electorales, por los cuales también se les reconocen horas extraordinarias".

Factura detallada

En respuesta a ello, la acordada de la Cámara dedica varios tramos a describir, de manera ejemplificativa pero pormenorizada, esas tareas "en ocasiones desconocidas incluso por quienes integran organismos electorales", pero que "resultan imprescindibles".

Precisan que se trata de "tareas de actualización o control registral" y también "de índole técnico-informáticas". Y que las primeras se realizan "atendiendo específicamente a los electores que deben integrar el cuerpo electoral de la circunscripción (o circunscripciones) cuyo padrón se requiere, o a características de la legislación electoral local (por ejemplo, inclusión o no de jóvenes votantes, modificaciones de límites de ejidos municipales, cruces con registros de electores extranjeros)"

Y que se trata de "un conjunto de tareas de control y actualizaciones registrales" que "representa en promedio aproximadamente una hora de trabajo efectivo por la cantidad total de electores que conformará cada mesa electoral". Tareas que, además de horas-hombre y recursos informáticos, deben realizarse "fuera del horario regular de trabajo para afectar en la menor medida posible el trabajo permanente de la justicia nacional electoral".

En el anexo, la acordada establece los parámetros para calcular cuánto deberá pagar cada provincia para obtener los padrones depurados, en proporción a la cantidad de electores. "La compensación económica que se prevea debe incluir tanto la cantidad de horas técnicas necesarias para cumplir con las tareas de índole técnica-informática por parte del personal de soporte, como la cantidad de horas extraordinarias de ejecución para cumplir las tareas de actualización y control registral por parte del personal administrativo", aclara el documento, que incluye también un modelo de convenio para firmar en cada caso.