Conflicto mapuche: presentaron un proyecto de ley para frenar la entrega de tierras

La legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Villarruel presentó un proyecto en el Congreso de la Nación que busca derogar la Ley 21.160, que la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.

Sobre el conflicto en vigor, Villarruel sostuvo que “es un tema que viene con la reforma constitucional de 1994 y va creciendo cada vez más hasta lo que es hoy en la actualidad donde esta problemática ya excede el simple reclamo porque se está planteando el separatismo y la balcanización de la República Argentina y en los últimos 10 años se ha puesto más agresivo y más violento”.

“Lo que aumentó y más me preocupa es la indiferencia o desidia del Estado ante esto que pone en juego el derecho de la propiedad y la integridad territorial del país”, señaló Villaruel y remarcó que “cualquier persona que cometa un delito debe responder: acá hay lesiones a ciudadanos, tomas de tierras de todo tipo, incendios intencionales y usurpaciones y ninguno de estos delitos tienen personas detenidas”.

La legisladora coincidió con los vecinos de Villa Mascardi al decir que el conflicto “en primer término es una cuestión ideológica y en que hay varios ex montoneros, si es que se pudiera dejar de ser terrorista, como los Vaca Narvaja o los Urien que tienen fuerte presencia en los grupos que están cometiendo delitos”. En esa línea aseguró que “hay un sesgo muy claro de estos grupos armados que en la década de 1970 pretendieron hacerse del poder de nuestro país y que hoy vuelven a intentarlo apoyando a un grupo inorgánico y que no tiene raíces verdaderas en el pueblo mapuche y no entiendo por qué el Estado no lo investiga, no lo ve y no lo sanciona”.

Sobre su propuesta, comentó que presentó “un proyecto para derogar la Ley 21.160 que es la que detiene los desalojos de las usurpaciones de tierra bajo el paraguas de las comunidades indígenas y eso no sólo pasa en la Patagonia, sino en todo el país (donde hay más de 700 conflictos del mismo tenor)”. Sobre la Ley 21.160 aclaró que cuando se aprobó “estaba basada en una emergencia y ya lleva más de 16 años”, por eso y ante los efectos adversos también pretenden saber “qué está haciendo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con qué presupuesto, de qué manera y por qué se siguen admitiendo comunidades indígenas recientes” al tiempo que exige que “funcionarios que son cómplices respondan penalmente”.

“Sólo leen la parte que beneficia a las comunidades”

Para el abogado Nicolás Suárez Colman, la Ley 21.160 acoge que “el derecho a la propiedad privada no tiene que colisionar con el derecho de la propiedad indígena” pero “hay fiscales y y jueces que no parecen tener un rumbo en el trabajo que están haciendo” mientras “parece que sólo leen la parte que beneficia a las comunidades” porque “hay una multiplicidad de expedientes que se han ido construyendo a través de denuncias a distintos funcionarios púbicos que han tenido un rol fundamental en el descontrol de usurpaciones y entrega de tierras en zona cordillerana” que “avanzan sobre una tortuga”.

Sobre las usurpaciones, señaló que los ocupas “avanzan con un proceso equivocado que es el amparo, que no es la vía idónea”. Si bien rescató que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó que las vías de hecho no eran las correctas para reclamar, sino que debían someterse a la justicia ordinaria como cualquier argentino, indicó que ahora “la Corte Suprema tiene que dar señales claras de si va a proteger la propiedad privada o si va a permitir que un grupo de ciudadanos se organice con funcionarios del Estado para quitarle tierras a los argentinos”.

En el último punto reiteró que “la 21.160 dice claramente que no se puede someter a propiedad colectiva lo que es privada de particulares o del Estado, sino justamente buscar terrenos fiscales semejantes” y que por eso “entregar tierras del Ejército es una locura, ya que pasa lo mismo que la Escuela de Guardaparques que ahora está totalmente destruida en Villa Mascardi”.