Pasó a cuarto intermedio hasta las primeras horas de la tarde de este miércoles, la audiencia de medidas cautelares en el marco de la causa en la que se investiga – y ya fue imputado- al ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, por presunto espionaje ilegal. Durante la deliberación de este martes, la fiscalía y la defensa del imputado expusieron el acuerdo que prevé una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva. Convinieron la prohibición de contacto y acercamiento de Sain tanto al Ministerio de Seguridad y Organismo de Investigación, como a las víctimas y testigos. También, fijar domicilio, prohibir la ostentación de la portación de armas, caución patrimonial y restricciones para salir del país. Pero los querellantes – cinco de seis- disintieron con lo acordado y reclamaron la prisión preventiva para el ex ministro. Sólo la provincia que está representada por la Fiscalía de Estado adhirió al acuerdo enunciado.
POLÍTICA
Controversia por el pedido de prisión para Sain y por un imputado que viajó a Brasil
Se reanudará este miércoles a la tarde la audiencia de medidas cautelares. La fiscalía acordó con la defensa del ex ministro medidas alternativas a la prisión preventiva. Pero disienten con ello las querellas. La definición estará en manos del juez Martín Torres.
En medio de una audiencia en la que se discutían medidas para no entorpecer la investigación y evitar los riesgos de fuga, sorprendió que uno de los imputados se hubiese ausentado del país sin haberlo notificado al juez. Se trata de Germán Montenegro, ex secretario de Seguridad, quien viajó a Brasil sin el correspondiente aviso y permiso judicial.
Espionaje
En su exposición, el fiscal Ezequiel Hernández fundamentó la imputación realizada hace una semana. Allí, a Sain se le atribuyó el cargo de jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a cometer otros delitos, como espionaje y malversación de fondos. Hernández volvió a plantear que desde el Ministerio se utilizaban recursos humanos y económicos de la cartera para perfilar a referentes políticos, sindicales, magistrados, periodistas y empresarios. Mencionó que los confeccionaban mediante la búsqueda de información en bases de datos abiertas y cerradas, y a través de organismos oficiales. Contó que se detectaron 9 mil búsquedas en Migraciones, 15 mil en Catastro y 17 mil en el Registro Civil, por mencionar sólo algunos casos. Y sostuvo que a partir de un cruce de información, se corroboró que apenas "el 13%" de las búsquedas estaban asociadas a una investigación judicial en trámite.
Parte y contraparte
Hernán Martínez, abogado de Sain, negó que hubiese peligro de fuga de sus defendidos. Pablo Cocochioni, patrocinante de Maximiliano Pullaro en su condición de querellante, reclamó a la defensa que admitiese si acordar cautelares con la fiscalía, implicaba reconocer la materialidad de los hechos. La defensa controvirtió el pedido; "reconocemos la imputación pero insistimos en que los elementos probatorios son insuficientes", dijo Hernán Martínez. Asimismo, defendió las acciones de investigación (perfilamiento) que promovía Saín, sobre la base de que "son funciones inherentes" al Ministerio de Seguridad. "No se lo imputa por hacer inteligencia – retrucó Cocochioni-; se lo imputa por hacer inteligencia ilegal". El abogado insistió en el riesgo procesal que existe, si Sain no queda detenido; y recordó que la expectativa de prisión para un delito como asociación ilícita oscila entre "los 5 y 50 años", más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En su exposición, reprodujo a través de la lectura, varios audios con menciones a altos funcionarios provinciales y hasta nacionales – Omar Perotti, Roberto Mirabella, Gabriel Somaglia, jueces federales- para demostrar que en función de las influencias que posee, corre riesgos el proceso si no se lo cautela. El resto de los querellantes citaron expresiones "amenazantes e intimidatorias" de Sain, incluso, ostentando la tenencia de armas, sobretodo con el personal del Organismo de Investigaciones. Hablaron de las manifestaciones "mafiosas y violentas" del ex ministro y de haber montado un "sistema paraestatal" desde el Ministerio. "Si no respetaba el estado de derecho, por qué lo haría con el actual proceso penal", razonaron, para insistir con el pedido de prisión preventiva.
La controversia se resolverá esta tarde, cuando se retome la audiencia. Ante la diferencia de criterios, será el juez quien tenga la última palabra.
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