Está en marcha el proceso para designar Defensor del Pueblo de la Nación

Tras 16 años de vacancia en el cargo, por falta de acuerdos políticos para cubrirlo, y una nueva exhortación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Congreso puso en marcha el proceso para designar al Defensor del Pueblo de la Nación. Lo hizo a instancias de la oposición y con objeciones por parte del oficialismo, que cuestiona la oportunidad por cuanto se pone en marcha en medio de un proceso electoral y la designación tendrá lugar justo antes de un cambio en la composición del parlamento.

La medida se publicó en el Boletín Oficial y se da en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 24.284, que regula los requisitos para el nombramiento, incompatibilidades y competencia de la Defensoría del Pueblo. Se trata de un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación y previsto en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. En ese marco, la Comisión Bicameral del Congreso recibirá las propuestas de candidatos hasta el próximo 8 de octubre.

El texto constitucional establece que el Defensor del Pueblo "actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad" y que "su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas". También, tiene legitimación procesal y dura en su cargo 5 años, pudiendo ser reelecto por una sola vez, siempre con "el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras", una mayoría especial que requiere un nivel de consenso no alcanzado en los últimos más de tres lustros.

Reclamo reiterado

Cabe señalar que desde el año 2009, cuando renunció Eduardo Mondino, no hay un titular frente a la Defensoría del Pueblo de la Nación. En reiterados fallos, la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso a nombrar al Defensor. En tal sentido se pronunció en una sentencia dictada en el mes de agosto. En ese mismo expediente, el Máximo Tribunal volvió a reclamar una ley que regule los procesos colectivos, al cerrar la causa iniciada para extender el alcance del "fallo Badaro" a todos los jubilados y pensionados en situación similar.

En un voto conjunto, los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz remarcaron que el trámite del expediente se vio condicionado por la falta de un "ombudsman" que pudiera adaptar la demanda a los requisitos fijados por la propia Corte para este tipo de procesos.

La última vez que más "cerca" se estuvo de avanzar con la elección de un ombudsman fue en 2017, durante la gestión Cambiemos, cuando la bicameral eligió una terna de candidatos (Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor), pero finalmente no se avanzó en el recinto. Ese último proceso surgió de un fallo que en agosto de 2016 emitió la Corte, donde frenó los tarifazos de gas dispuestos en ese momento por el gobierno de Mauricio Macri y recomendó por la cobertura del cargo.

Cómo es el trámite

Actualmente, la bicameral está presidida por el senador Daniel Kroneberger (UCR) e integrada por los senadores María Victoria Huala (Pro), Mónica Silva (JSRN), Vilma Bedia (LLA), Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino y Alicia Kirchner (UP); y los diputados Margarita Stolbizer (EF), Emmanuel Bianchetti (Pro), Lilia Lemoine (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Juan Manuel Pedrini, Cecilia Moreau y Germán Martínez (UP).

En la reunión convocada luego de la exhortación de la Corte, toda la oposición unida, sin aval de La Libertad Avanza, resolvió iniciar el proceso de selección. Entre el 13 a 19 de octubre se recibirán impugnaciones y adhesiones a las candidaturas presentadas hasta el día 8, mientras que el 22 la bicameral se reunirá para anunciar a los pre-seleccionados. Los candidatos asistirán a audiencia pública a la comisión el 29 de octubre.

Finalmente, el 5 de noviembre la bicameral deberá confeccionar una terna y elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas cámaras para su tratamiento y votación. Las mismas fechas correrán para el concurso del procurador Penitenciario.

"Es imprescindible iniciar este proceso. Un proceso abierto, participativo, prolijo, transparente", destacó Stolbizer, vicepresidenta de la bicameral, y agregó: "Es lógico que entendamos que por detrás de nuestra mora están los derechos de muchísimas personas".

A su turno, la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti recordó que "quedará pendiente para el año que viene el Comité de la Tortura, que también es un organismo pendiente de resolución". "Me alegra que estemos cumpliendo con este objetivo", dijo y señaló que poner el requisito de que los candidatos presenten un plan de gestión, "nos pone la vara un poco más alta para la elección de alguien tan importante".

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas observó que "la capacidad de acuerdo político es una señal de fortaleza institucional". "Quizás hubo un exceso en la redacción constitucional con los dos tercios en ambas cámaras, pero ahora tenemos por tercera vez el pedido de la Corte Suprema", resaltó.

Y sumó: "Es un cronograma que no me parece descabellado, me parece cumplible. El 5 de noviembre estamos después de las elecciones y con esa temperatura política se podrá medir si lo pueden resolver los plenos con esta constitución o con la próxima".