Defensores del Pueblo y la "ineficiencia naturalizada" por los aumentos de Aguas

En un caso, se hace un "abordaje financiero-contable de gastos con 'base caja' prescindiendo de un análisis de ingeniería de costos. Esto implica tomar como base los gastos irrogados y pagados, lo cual lleva a convalidar el statu quo de los procesos, asumiendo la inexistencia de ineficiencias y/o posibilidades de mejoras en la eficiencia de procesos".

En concreto, "para pedir un aumento de tarifa la empresa no nos muestra cuánto costaba producir y distribuir 1 m3 de agua potable y cuánto cuesta ahora. Ni cuanto cuesta procesar 1 m3 de líquidos cloacales. Lo que nos muestra es cuánto la empresa pagó por año por distintos conceptos y cuánto estima que necesitará pagar", sin detenerse en la eficiencia de esos procesos. Así, con el aumento se "asimila el statu quo organizativo y operativo hasta naturalizarlo".

El segundo sesgo es el de fundamentar subas de costos "acumulando los aumentos acaecidos en el pasado con los aumentos que se estima se producirán en el futuro. Esta lógica conduce a una dinámica argumentativa que duplica los aumentos de costos. Si en el pasado se fundamentaron aumentos de costos considerando los aumentos que ya habían ocurrido y los que se estimaba que ocurrirían, en el presente, al tomar los aumentos de costos que ya ocurrieron, estamos considerando dos veces incrementos de los mismos costos. Lo mismo sucederá en el futuro. Si hoy arribamos a un incremento de costos que incluyen los aumentos que aún no ocurrieron, en el futuro se corre el riesgo de volver a tomar aumentos que ya se consideraron en el pasado y se cargaron en la tarifa. Ya tenemos un ejemplo concreto. El año pasado, ASSA pidió un aumento de tarifas para aplicar en 2022 utilizando entre los fundamentos los incrementos esperados en los costos durante el 2022", dijo Henn.

Describió como "una narrativa de políticas públicas" sin argumentación técnica la exposición de la compañía estatal al fundamentar su pedido, tanto durante las reuniones de Rosario y Santa Fe como en la presentación documental de Assa.

Para el ex vicegobernador es particularmente importante que no haya firmas de cuadros técnicos de Assa en la presentación. Y que se haya reproducido solo parcialmente un informe de auditores sobre los números de la empresa.

Lupa sobre tercerizaciones

Gabriel Savino, defensor adjunto de Rosario, dijo el lunes 6 que "hay rubros con incidencia en los costos de los trabajos a cargo de terceros que no se precisa en qué consisten" y como ejemplo citó el caso de los "pasajes, viáticos y hotelería" un renglón que "aumentó 220%" el último año respecto de 2021.

Savino puso el acento en qué significan las fugas de las cañerías de distribución y advirtió que cuando se otorgó el aumento de 2018 la micromedición llegaba al 20% y recordó que se quería llegar al 64% para 2023. "No hay información al respecto", apuntó.

"El tema de las pérdidas en las redes no ha sido profundizado", en el informe oficial. Expresó que años atrás se estimaba en un 30% el total de agua potable producida que en lugar de consumirse va a las alcantarillas y que mencionó que puede llegar a ser hasta del 40% en las conexiones clandestinas, "en barrios populares". Para el defensor adjunto "es ineficiencia atribuible al prestador, no vemos que se pueda cumplir con el objetivo de bajar costos" si no se presta atención a ese aspecto, comentó. "No hay detalles del impacto económico que implicaría una neutralización de las pérdidas" de agua en las calles o al menos para llevar esa variable a niveles más aceptables. Hoy es de 300 litros el consumo diario por habitante en el área de cobertura de Assa. Lo recomendable es 100.

Dijo que en su oficina de Rosario hay abiertos 190 expedientes sólo por quejas de los usuarios en esa ciudad y que hay una cantidad similar "de las restantes 14 localidades servidas". (A esos números habrá que cotejarlos con trámites similares ante la empresa y el Enress).

Observó que el año pasado los "incobrables" produjeron un rojo de $ 22 millones, que podrían ser menos si hubiera una tarifa social, apuntó. Como otros expositores, comparó su inexistencia con las que tienen los servicios de electricidad y gas.

Más segmentación

Antonio Salinas, director de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Rosario, dijo que se opone al aumento "porque es plano", uniforme para todos los usuarios sin observar su capacidad de pago. Indicó que al ser igual para cada cliente "no es justo, equitativo, ni razonable".

Aceptó los números que expuso la empresa para actualizar la tarifa y la "necesidad de cubrir un déficit", pero "no entendemos que sea igual para todos; al serlo, es caro para algunos y barato para otros", razonó. Especialmente es injusto "para quienes no tienen un buen servicio en los barrios" más alejados de las plantas potabilizadoras.

Recordó -como la Defensoría del Pueblo- el fallo de 2016 de la Corte Suprema de Justicia que morigeró las subas de tarifas del gobierno de Mauricio Macri y repitió: "deben ser justas y razonables", ademas de oportunas sus actualizaciones.

"Vemos que todos los servicios públicos van a la segmentación. Sucede con el gas y la electricidad. Se busca que pague más quienes pueden hacerlo", indicó.

Lamentó que solo en 2 ó 3 de cada 10 casas de Rosario haya caudalímetros y repitió: "si a todos les aumenta lo mismo, no es progresivo". Salinas defendió como un logro de los santafesinos que la empresa hoy esté en manos del Estado pero aseguró que "no se toman decisiones políticas" posibles gracias a esa situación.

Dijo que en términos relativos, si se tiene en cuenta el peso de los aportes del Tesoro provincial en cada presupuesto anual, desde 2018 son cada vez menores esos flujos de fondos. "Es una curva descendente, aunque es verdad que para Assa (dentro de sus números) es cada vez más alto el porcentaje de lo que pone el Estado Provincial".