El Gobierno nacional denunció penalmente a jueces y otros implicados en el viaje a Lago Escondido

El Gobierno nacional denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente.

"Por instrucción del Presidente de la Nación argentina, Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y, particularmente, lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial.

El documento se presenta a horas de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fuera condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal 2.

Según se precisó, en el escrito presentado por el Ministerio de Justicia se denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas al juez federal Julián Ercolini; al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola y al titular del juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso, Pablo Cayssials.

“Se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse. Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política", se afirma en el cuerpo de la denuncia.

En la denuncia se busca que se investiguen hechos que tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde el aeropuerto de San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Al mismo tiempo, solicitó al Congreso que "avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación".

También informó que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura pedirá el inicio de un sumario contra los magistrados implicados ante la Comisión de Disciplina del cuerpo.

Por otra parte, se acusó por el ofrecimiento de dádivas al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador del inmueble en el que se habría desarrollado el encuentro, Nicolás Van Ditmar; al exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, Leonardo Bergroth; y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.