Empresario del juego clandestino declaró que coimeó a senadores

La defensa del empresario del juego clandestino Leonardo Peiti, detenido por una causa sobre las apuestas ilegales que se inició en la ciudad de Rafaela, acordó con el Ministerio Público de la Acusación colaborar con las investigaciones de la justicia a cambio de una eventual reducción de su pena de unos hipotéticos seis años a solo tres (excarcelables).

Peiti aportó en su declaración judicial nuevos elementos que involucrarían al senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) y también a "dos senadores provinciales radicales del sur", según los dichos de su abogado defensor Ángelo Rossini.

En la trama que describe Peiti (que deberá evaluar el juez de la causa) el acusado dice haber pagado 250 mil dólares a ese legislador del oficialismo y otros dos de la oposición (cuyos nombres no han trascendido) para poder quedarse con la concesión del juego on line legal en la provincia, algo que sin embargo fue definido por el decreto 998 del gobernador Omar Perotti, el 21 de septiembre de 2020.

En Rafaela

Peiti declaró como arrepentido luego de ser detenido en marzo pasado, a raíz de una investigación penal de dos fiscales de la ciudad de Rafaela que sitúan como el principal responsable de una vasta red de salas de juego ilícitas en el departamento Castellanos. En el operativo policial también fue detenido su hermano Esteban.

La detención fue concretada a partir de una pesquisa en la que colaboró el Organismo de Investigaciones (OI) de Rafaela, que ya había detectado a Peiti como principal inversor de salas semejantes en las ciudades de Reconquista y Vera.

Ese día fueron 24 los allanamientos y 16 de ellos tuvieron lugar en domicilios rafaelinos, otros 5 en Rosario y los restantes en las localidades de Lehmann, Ataliva, Eusebia y Carolina del departamento Castellanos.

Su arresto fue producto de una investigación de los fiscales Guillermo Loyola y Gabriela Lema.

Para entonces Peiti no estaba preso pese a que había reconocido ante la Justicia ser un capitalista del juego ilegal, en la causa en la que involucró como arrepentido a los fiscales de Rosario que fueron apartados de su cargo y fueron a prisión: Patricio Serjal (ex fiscal regional, quien contaba con el segundo cargo en importancia del MPA) y Gustavo Ponce Asahad (mano derecha de Serjal) por cobrar sobornos a fin de permitir el despliegue de casinos y otros emprendimientos clandestinos a la vez que facilitar información para la continuidad de esas actividades ilegales.

Hasta marzo pasado Peiti permanecía en libertad pese a estar imputado porque su condición de colaborador en la causa de Rosario implicaba, según la explicación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, la imposición de una figura penal que permitía la excarcelación.

Ambos fiscales son los que reclaman poder imputar al senador Traferri aunque no lograron que el Senado santafesino le quitara para ello sus fueros. Ahora, con las declaraciones judiciales de Peiti podrían iniciarle una nueva causa, así como a otros senadores del radicalismo que son parte de la misma acusación.

El "Zar" y el "Rey"

La causa de Rafaela por la que Peiti fue detenido en marzo pasado es una derivación de otra que había iniciado el fiscal de Rafaela Martín Castellanos. En ese trámite, el 8 de agosto de 2020 fue detenido David Alejandro Perona, de 44 años, conocido como "El Rey" del juego ilegal, a quien apresaron en su departamento de Rafaela. Sobre Perona, que falleció dos meses después, pesaba una denuncia del año 2017 ante la fiscalía a cargo del fiscal Castellanos por el manejo de casinos clandestinos, que tuvo un trámite cuestionado por los senadores justiciaslistas del Nuevo Espacio Santafesino (Nes) por sus demoras. Es conocido que en esa ciudad había pintadas callejeras sobre la existencia de los "Casinos Perona".

Ahora es el llamado "zar" del juego ilegal, Peiti, quien acusa de nuevos ilícitos a los senadores y lo hace sobre un eventual negocio legal: las apuestas on line.

Aún sin homologar

Peiti aspira a ser considerado también un arrepentido en las causas oriundas de Rafaela y de Melincué (como en la de Rosario) para poder quedar en libertad. Y para ello, además de aportar información sobre una instancia superior de la cadena de delitos que describe, deberá pagar medio millón de dólares a la justicia como una suerte de compensación por las pérdidas que el juego ilegal le ocasiona a las arcas del Estado, porque compite con la actividad legal.

Pre acuerdo

El diario Infobae reprodujo días atrás una copia del acuerdo entre Peiti y todos los fiscales de las tres causas: la de Rosario, Rafaela y Melincué, además del fiscal general Jorge Baclini. A la declaración se la tomó la jueza Eleonora Verón.

Se trata de la misma magistrada que en primera instancia rechazara el planteo de los fiscales Edery y Schiappa Pietra para que se declare inconstitucional un artículo del Códigol Procesal Penal de Santa Fe que les ordena archivar la acusación (inicial) contra Traferri. Como se sabe los fiscales apelaron y lograron un fallo favorable del camarista José Luis Mascali que directamente declaró inconstitucional la Constitución de la Provincia en su artículo 51 sobre los llamados "fueros absolutos". La cuestión será dirimida en la Corte santafesina.

Mil millones de pesos por mes

Según el relato de Peiti, el acusado pagó un cuarto de millón de dólares por un negocio que se estima puede mover hasta mil millones de pesos por mes.

El abogado Luis Rossini, que representa al empresario del juego ilegal confirmó a distintos medios que el testimonio de su defendido complicará a varios dirigentes políticos. También ha subrayado que Peiti cuenta con concesiones legales del juego en la República del Paraguay y en la provincia de Formosa.

No hay proyectos sobre el objeto del supuesto cohecho

En su declaración a la justicia, Leonardo Peiti dice haber pagado 250 mil dólares a senadores para poder quedarse con la concesión de las apuestas del juego legal on line, es decir, a través de internet. Sin embargo, no hay en la Cámara de Senadores de la Legislatura de Santa Fe ningún proyecto de ley al respecto.

En cambio, sí existen pedidos de informes y hasta una denuncia penal de la oposición radical en la Cámara de Diputados por la firma del decreto 998 del gobernador Omar Perotti, que concesionó a los tres casinos autorizados por la provincia a explotar esas apuestas "no presenciales". Aquel decreto de septiembre de 2020 aprobó una resolución de Lotería que habilitaba a los tres casinos a instrumentar y explotar la modalidad virtual.

La disposición firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Acción Social, Rodolfo Cattaneo, señala que "no se puede desconocer que la tecnología en materia de juego ha tenido una evolución sustancial" y la modalidad de juegos on line "es una tendencia que se ha afianzado progresivamente". Cattaneo agrega que existe un "interés social comprometido", debido a la "inusual proliferación" de actividades ilegales que explotan juegos de azar clandestinos.

Para uno de los firmantes de la denuncia, el diputado provincial del radicalismo Maximiliano Pullaro "el juego on line en la provincia es ilegal. El decreto que firmó el gobernador Perotti otorga una explotación millonaria por 15 años a 3 empresas y se firmó de manera oscura a espaldas de la sociedad", afirmó.

En tanto su par y correligionario, Fabián Bastia puntualizó que: "La investigación fiscal se llevará adelante y veremos hasta quien llega. No cabe duda que hay responsabilidad del Estado y el representante es el gobernador y el ministro que ha firmado", así como la Lotería.

Para la oposición, el decreto "viola las condiciones en las que se establecieron los pliegos licitatorios y sus objetivos" para los tres casinos.

Subrayaron que cuando se sancionó la ley de excepción que habilitó el juego en tres casinos en la provincia se seleccionaron tres lugares "con la expresa prohibición de trasladar el asiento de las salas de juego y de captar apuestas fuera de dicha jurisdicción".

El decreto "podría considerarse una adjudicación directa de un sistema millonario prácticamente sin regulación a partir de esta actitud del Ejecutivo".

Pullaro y Bastía estimaron que no se trata de una actividad "complementaria" o "accesoria" del juego presencial, sino de una actividad distinta, por lo tanto, equivale a una nueva concesión sin marco legal que la autorice.