Baclini: "En la Justicia hay muchas cosas que progresivamente tienen que cambiar"

- Usted llegó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe con una idea bastante desarrollada del funcionamiento del Poder Judicial y de lo que considera necesario hacer. ¿Con qué panorama se encontró en estos primeros días en la función?

- Sí, uno había previsto muchas cosas. La verdad es que hay un orden importante, tanto en el aspecto jurisdiccional como en el de superintendencia. Obviamente que a ese orden uno le quiere generar su propia impronta, exponer sus propuestas de cambios, a medida que van surgiendo temas. Yo estuve mucho tiempo en gestión, sí que tengo experiencia en ese plano, y tengo muy en claro muchas cuestiones de lo que tienen que ver con eso. Entonces, a medida que van surgiendo temas de gestión, sobre todo en las reuniones de Acuerdo, voy proponiendo cosas, más allá de temas que yo ya tenía en mi propia agenda. Pero de manera progresiva, no tiene sentido proponer todo junto, y abrumar con cosas que no podamos concretar. Entonces, yo tengo una idea de muchas cosas que tenemos que cambiar para mejor, pero de manera progresiva. Hay muchas cosas que ya se están implementando, que se están haciendo bien y que hay que mirar con una proyección hacia adelante, con un Poder Judicial que tienda más a la eficiencia, a la efectividad en las respuestas; obviamente siempre respetando las garantías. Pero tenemos que tener una visión crítica de lo que hacemos, para proyectar algo superador.

- En su discurso de jura usted ya trazó, al menos de manera genérica, una especie de hoja de ruta de reformas y medidas a tomar en orden a determinados objetivos. A su entender, ¿por dónde habría que empezar?.

- Bueno, nosotros manejamos ya la experiencia de la reforma en el proceso penal, que al principio fue si se quiere traumática, porque los cambios son traumáticos, pero que mejoró muchísimo en los tiempos de respuesta, y en lo que era el tipo de política criminal que se proyectaba y se manejaba.

Creo que hoy hay una visión mucho más amplia de lo que se persigue. Yo fui juez de Instrucción y el accionar era bastante más acotado, porque nos manejábamos un poco con lo que perseguía la policía. Y hoy el sistema ha logrado cambios importantes en esto, ha mejorado mucho en tiempos de respuesta. Ha mejorado mucho en transparencia a través de la publicidad de las audiencias. Creo que los cambios son significativos en estos aspectos.

- Algunos cuestionan que quizás haya demasiados casos que se resuelven mediante procedimientos abreviados (N. de la R: por acuerdo entre las partes) y pocos que lleguen a término a través de juicios orales. ¿Comparte este diagnóstico?

- No. Yo creo que este tipo de sistema necesariamente requiere mucho de los abreviados. Ya la Corte norteamericana dijo en un famoso fallo de 1970 que sin la posibilidad de los acuerdos no podría funcionar ningún sistema acusatorio, es imposible llevar todos los casos a juicio. No podemos sobredimensionar las estructuras judiciales. Es decir, imaginemos que hoy se trabaja al límite, con algunos atrasos. Para aumentar la cantidad de juicios orales tendríamos que estar aumentando muchísimo las plantas. Y la verdad es que no no le veo tanto sentido, cuando la respuesta está dada, y es una respuesta que creo acertada.

Después uno podrá discutir algunas cuestiones, pero con el abreviado tenemos muchísimas ventajas en tiempo de respuesta, en evitar cuestionamientos de prisión preventiva, en la garantía para el fiscal de que tiene una condena, que nadie nadie la garantiza otro modo. También la seguridad para la víctima, que no está expuesta en el juicio. Obviamente que no tiene que ser un abreviado sin límites, sino un abreviado controlado. Creo que ahora cada vez hay más controles y eso me parece muy positivo. El control que hoy tiene internamente la fiscalía, con el fiscal regional y el fiscal general, según los montos de pena que se impongan, pero también el que hace la víctima; porque la fiscalía notifica a la víctima, le pide opinión. Es decir, eso creo que legitima muchísimo a la brevedad.

Después, puede haber discusiones en cada caso puntual; que a veces se dan sin un verdadero conocimiento del caso. Pero nadie puede saber de antemano cómo resultaría un juicio si no hubiese acuerdo, a lo sumo se puede hacer una proyección. No se puede saber si va a haber o no condena, ni a cuántos años. Entonces, yo sé que hay una visión crítica sobre ésto, pero con los controles que hay, y mejorándolos, me parece que la abreviada es una salida importante dentro del sistema.

- Por otro lado, usted marcaba la necesidad de avanzar con la oralidad en los otros fueros…

- Sí, sobre todo en el civil y comercial. Trasladable también a otros fueros, como el laboral, el de Familia, potencialmente después el contencioso administrativo. Pero creo que es importante ésto de ir observando que la resolución en audiencias achica los tiempos de respuesta, genera mayores controles, mayor transparencia. Yo soy muy ambicioso en esto de las reformas y las llevaría a los otros fueros, eliminando el expediente como fuente de información y ciñéndola a lo que se produzca en la audiencia. A lo mejor esto tiene que ser más progresivo, porque los impactos son diferentes y la realidad en el sistema penal es que hay más defensa pública, aquí tenemos más defensa privada. Entonces eso puede desarticular muchísimo el movimiento de los estudios jurídicos, en cómo enfrentar la cantidad de audiencias, y que los abogados puedan adecuar sus tiempos de trabajo. De modo que a estas cosas hay que pensarlas en una proyección con progresividad, pero sin lugar a dudas tenemos que mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de las resoluciones, y para eso con las audiencias es mucho mejor, porque ahí las dos partes se enfrentan y el juez ya resuelve. Ahora en el fuero civil ya hay audiencias, en el laboral está la ley, pero tenemos que ir aplicándola. Y en eso se cifra que lo que mencioné como objetivos: excelencia, eficacia, eficiencia y efectividad.

Recursos y mapa judicial

- También está el tema de la cobertura de vacantes, que siempre se marca desde el Poder Judicial, pero ahora se opone que debe darse en base a un orden de prioridades y un estudio del mapa judicial. ¿Usted piensa que allí debería darse una suerte de "barajar y dar de nuevo"?.

- Esto es así. O sea, uno observa una gran cantidad de vacantes, y son cargos que están creados por ley. Pero también desde el análisis que nosotros hacemos tenemos que ir viendo la realidad del mapa judicial y la cantidad de trabajo que se tiene en las distintas áreas. No podemos permitir que un tribunal que realice una determinada tarea tenga cinco casos y otro que realice la misma tarea en otro lugar de la provincia tenga 25. En eso me parece que es necesario repensar las cargas de trabajo, y esto lleva también a que tengamos que repensar el mapa judicial. Hay juzgados o estructuras que están desbordadas, y es necesario reorganizar en función de una demanda específica. Pero quizá hay otros lugares donde la carga es infinitamente menor y allí tenemos que decir, bueno, aumentamos la competencia territorial para que se dé el tipo de respuesta necesaria. Entonces, en la cobertura de vacantes tenemos que tener en cuenta todo esto. Y también en la distribución de los recursos humanos, los empleados. Porque sin duda en muchos lugares hay carencias, pero también tenemos que ver donde hay exceso, para reacomodar. No es que yo vea exceso por todos lados, porque vengo del MPA, donde arrancamos con estructuras de empleados y de fiscales bajísimas, y vivimos lo que fue la carencia. Se sobrevivió con la carencia y hoy hay estructuras mucho más grandes. Acá también hay que sobrevivir con las carencias, para proyectar y pensar cómo tenemos que aprovechar mejor los recursos, que no se pueden dilapidar.

- A propósito del MPA, en su momento hubo una suerte de pulseada o de proceso de acomodamiento con respecto a en qué términos iba a estar vinculado al Poder Judicial o a la propia Corte. A las puertas de una reforma constitucional, ¿es la oportunidad de que haya una autonomía para ese órgano y el Servicio de Defensa, y por el otro lado, de fijar la cuestión del régimen disciplinario para los fiscales y defensores, que también quedó en manos de la Legislatura y fue motivo de fricciones?.

- Sí, yo creo que la reforma constitucional es una oportunidad histórica donde se tienen que abordar muchísimos temas. Uno es la ubicación institucional de los órganos del sistema acusatorio, pero fundamentalmente que tengan autonomía e independencia por Constitución. Y por otro lado, juntamente con la autonomía, creo que es importante tener en cuenta a los fiscales y defensores en paridad con los jueces en lo que es la potestad disciplinaria, tanto como en el proceso de designación, que hoy se maneja en forma similar con el Consejo de la Magistratura, y en el de remoción. Esto me parece que es importante que se contemple en la reforma constitucional. Yo mencionaba que para mí tiene que haber un Consejo de la Magistratura constitucional, el que está hoy es por decreto. Y este Consejo de la Magistratura tiene que tener necesariamente una integración plural y equilibrada entre estamentos políticos y técnico-jurídicos. Y eso tiene que estar previsto en la Constitución, no que se pueda modificar por ley, como pasó a nivel nacional, donde se alteraron los niveles de representación. Lo mejor es que lo establezca la Constitución, contemplando a las facultades, los Colegios de Abogados, los jueces e incluso la Corte en la integración, y por otro lado senadores, diputados y representantes del Poder Ejecutivo.

Y la remoción de fiscales y defensores, como la de los jueces, tiene que ser un proceso que no sea exclusivamente político, sino a cargo de este tribunal mixto.

Independencia y articulación

- En el marco del actual proceso de renovación de la Corte, se ha puesto mucho énfasis en la necesidad de garantizar la independencia pero, a la vez, de que el Tribunal ejerza el gobierno del Poder Judicial mediante la articulación con los otros poderes. ¿Cómo imagina este rol?

- A ver, yo soy partidario de que tiene que haber una interrelación con los otros poderes, no podemos trabajar en forma estanca. Me pasó mientras estuve en el MPA que allí hay una visión mixturada entre lo que es el accionar del Poder Judicial y el del Poder Ejecutivo. Por la función que cumple el MPA, que es de perseguir el delito, es una visión de mayor interés en el Poder Ejecutivo, porque es ahí donde recae el reclamo por la seguridad. Así que ahí necesariamente tiene que haber una articulación sobre cómo se maneja la Policía, por ejemplo. En el Tribunal también es necesaria esta articulación, porque hay políticas que necesariamente tienen que vincularse y ejecutarse de manera común. También las necesidades que tenemos, por la forma en que hoy está organizada la provincia, tienen que abordarse a través de un reclamo al Ejecutivo. Porque pensar alguna política distinta requiere de asignaciones presupuestarias y esa asignación presupuestaria tiene que salir del presupuesto que nosotros solicitemos y de la aprobación del Ejecutivo, entonces esa interrelación es fundamental.

Yo creo obviamente en el respeto a la independencia, pero la interrelación y la comunicación tienen que estar dadas en el tema de seguridad. Todos tenemos claro de que a la seguridad la maneja en la fase preventiva el Ejecutivo, pero a la persecución penal la maneja el Ministerio Público de la Acusación y los jueces deciden un montón de cuestiones inherentes a ella. Entonces, yo no me abstraigo de la cuestión de seguridad, sino que creo que en forma indirecta el Poder Judicial tiene responsabilidades en este tema. Tengo claro que a lo mejor una decisión que el juez toma con independencia, impacta en términos de de seguridad. Y nosotros con las visiones críticas que tenemos en materia de seguridad en las ciudades más importantes de la provincia, no podemos abstraernos de esas realidades. Por poner un ejemplo, si una persona va caminando por la calle con un arma de fuego, eso no es algo que haga cualquier persona. Entonces, es un delito que no es una cuestión menor. Y no podemos desatenderla en la fase preventiva, pero tampoco en la fase de persecusión y en la fase de sanción. Y todo eso forma parte de una política de seguridad.