La Epe sube en promedio un 25%, con máximos del 35%

El ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe decidió aceptar el pedido de aumento solicitado por la Empresa Provincial de la Energía, que implicará en promedio una suba del 25%, pero con máximos que no podrán excederse del 35%.

Se trata de una actualización para la parte de la tarifa que pagan los usuarios de Epe correspondiente a la distribución de la energía, no al costo de ese insumo en el mercado mayorista eléctrico que se define a nivel nacional.

El aumento del 25% (siempre como promedio) tiene dos escalones y ambos refieren a los valores de las tarifas al 31 de diciembre de 2021. El primero es retroactivo a los consumos registrados a partir del 1ro de febrero e impactará en un 15%; el segundo del 10% desde el 1ro de abril.

Además, la resolución firmada por la ministra Silvina Frana tiene previsto que eventuales aumentos en la estructura de costos por sobre lo calculado por la Epe, podrán ser atendidos con un nuevo aumento de tarifas por hasta un 15% más. La aplicación de este eventual tercer escalón ya está contemplada por la resolución y será "por única vez".

La resolución del Poder Ejecutivo santafesino subraya que se ha celebrado una audiencia pública en la que la compañía estatal pudo mostrar la necesidad de mejorar sus ingresos, al mismo tiempo que exhibió un plan de mejoras para hacer más eficiente el servicio, en especial respecto del hurto bajo la denominación de pérdidas "no técnicas". También, para enfrentar la morosidad que creció con la pandemia.

"Recomposición"

El anuncio oficial habla del 25% en promedio bajo el criterio de la gradualidad, al aplicarse en dos momentos del año para simplificar su mensaje. En rigor, se trata de presentar modificaciones sobre complejos cuadros tarifarios respecto del Valor Agregado de Distribución (VAD), para que por fin esté más cerca de la realidad del mercado laboral, de equipos y materiales y obras civiles al que la Epe debe recurrir para brindar el servicio. Muchos de sus insumos se cotizan en dólares.

Esa variación del VAD se aplica a tres categorías de clientes: residenciales, comerciales e industriales, que a su vez tienen distintos valores por kw según su consumo (y demanda de potencia en los dos últimos casos). Por eso está claro que el anuncio es del 25% en promedio pero habrá quienes sientan en el bolsillo otra cosa… En ese sentido, se fija un tope del 35%.

La ministra Frana y sus colaboradores interpretan que en la audiencia pública, los oradores "no interpusieron conceptos o medidas que pusieran en tela de juicio la recomposición tarifaria requerida, más bien se solicitaron medidas paliativas para los sectores representados".

Discusión nacional

Como se sabe, el VAD es solo una parte de las boletas que pagan los usuarios. Además las componen, con un peso similar de tres tercios, las cargas impositivas y el valor del kilovatio en el mercado de la generación y el transporte de la energía, a nivel nacional.

El valor de producir un kW y de llevarlo de un extremo a otro del país tendrá su discusión este 17 de febrero. Todo permite suponer que habrá necesarias actualizaciones dolorosas: el gobierno nacional intenta bajar subsidios (que hoy engordan el déficit fiscal insostenible, con o sin acuerdo con el FMI), mientras a nivel internacional se han disparado los precios del gas y otros derivados de la industria hidrocarburífera. La Argentina ha mejorado sus matriz energética pero todavía utiliza sobre todo esos recursos no renovables, que en invierno son insuficientes y se importan (en moneda extranjera).

En diez días será la audiencia pública en la que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y la Secretaría de Energía de la Nación llevarán a cabo, de manera conjunta, una audiencia pública, que tendrá dos capítulos: la discusión de tarifas para debatir cuánto vale la producción de las usinas térmicas, nucleares, hidráulicas y de energías alternativas, así como el servicio del transporte de ese insumo por el sistema interconectado nacional, por una parte; y por otra, el VAD para los usuarios de la capital federal y el conurbano bonaerense, es decir, los clientes de Edenor y Edesur. Todos los segmentos atendidos por ambas empresas privadas gozan de muy abultados subsidios del Estado Nacional, pagados por el conjunto de los argentinos. Aparentemente en esa franja de tarifas muy baratas para porteños y bonaerenses habrá ajustes que aplicarán un nuevo criterio: el de la segmentación según el poder económico de cada cliente residencial de las compañías privadas que operan a nivel nacional. Será una discusión que afectará al principal aglomerado poblacional del país, de alto impacto político para la Casa Rosada pero de una vinculación indirecta para Santa Fe.

En cambio, en todo el país importará (además de dejar de subsidiar a los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires) cuál será la suba de los gigavatios que compran las empresas distribuidoras, como la Epe.

Promesa de trabajar sobre enganchados y morosos

La Empresa Provincial de la Energía llevó a la discusión de tarifas en la audiencia pública, que se celebró el 7 de enero, una promesa: comenzar a poner en caja sus costos por deficiencias propias del servicio a la hora de ir a cobrarlo. Tanto sobre el hurto de la energía como en los montos adeudados por los morosos. El control de las llamadas "perdidas no técnicas" y los recursos "a cobrar" por las áreas comerciales ya tienen un peso -pandemia mediante- que forman parte de los desequilibrios que deben corregirse, según se admitió hace un mes.

Los considerandos en varias oportunidades y los incisos de uno de los artículos de la parte resolutiva del aumento para la Epe hablan de los "ejes estratégicos de la gestión". Allí figura un término técnico: la reducción de las "Pérdidas No Técnicas" y se indica que se espera poder recuperar a lo largo del años "100 gigavatios", en todo el ámbito de la Provincia "a partir de acciones de inspección de suministros y operativos especiales en zonas previamente identificadas que permitan el recupero de usuarios en condición irregular", es decir, el robo a la Epe en sectores con un servicio regular.

Se estima que se podrán revisar las instalaciones de 150.000 pequeños usuarios, a un costo de $ 840.000.000 y la implementación de la telemedición para alcanzar a todos los grandes usuarios.

En cuanto a los enganchados, se ordena que la Epe avance con "la ampliación y mejoras en la prestación del servicio público de electricidad en barrios populares, permitiendo la inclusión eléctrica de sus vecinos, sumándolos como usuarios de un servicio más seguro y de mejor calidad, reduciendo de este modo las pérdidas no técnicas" y que para ello "se ejecutan obras en ocho barrios de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, Funes y Recreo, alcanzando a más de 15.000 usuarios", rescata la Casa Gris en los considerandos.

Indicador Ponderado

​

Para las tarifas de 2022 la Epe ha propuesto sumar un "Indicador Ponderado (IP)" que fue aceptado por la ministra Silvina Frana, a cargo de los servicios públicos.

El IP permite "evaluar, a partir de los 180 días de aplicado el incremento total propuesto, la valuación ponderada de índices de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) representativos de Materiales, Mano de Obra y Servicios que conforman la estructura de costos para la prestación del servicio. A consecuencia de su evaluación, podrían resultar variaciones del Indicador que superen el porcentaje aprobado, pudiendo entonces solicitar su aplicación, por única vez, con un tope máximo del 15% tal como quedó expuesto en la Audiencia Pública".

En pocas palabras, si suben los costos para la Epe más de lo previsto, podrá subir según sus cálculos nuevamente hasta un 15% más, en septiembre (6 meses luego del segundo escalón del 1ro de abril).