Extranjeros que inviertan en Argentina podrán obtener la ciudadanía sin un tiempo mínimo de residencia

Los extranjeros que realicen una inversión calificada como “relevante” en Argentina podrán solicitar la ciudadanía sin necesidad de cumplir un período mínimo de residencia. Así lo dispuso el Gobierno nacional a través del Decreto 524/2025, que reglamenta los pasos del nuevo régimen de ciudadanía por inversión.

Que dice la medida

La medida forma parte de un paquete de políticas impulsadas para atraer capitales y fomentar el desarrollo económico. Según la normativa, el otorgamiento de la ciudadanía por inversión está contemplado en la Ley de Ciudadanía N° 346, modificada recientemente por el Decreto 366/2025.

A partir de esa reforma, se incorporó una nueva figura legal: la de ciudadano por naturalización en función de una inversión relevante, sin importar el tiempo que el extranjero haya vivido en el país.

Para determinar si una inversión puede ser considerada como relevante, se requerirá la evaluación del Ministerio de Economía. Solo aquellas que cumplan los criterios establecidos por esa cartera podrán avanzar en el trámite.

Una de las claves del nuevo proceso es que se creó un organismo específico para intervenir en esta clase de solicitudes: la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este ente actuará en forma descentralizada dentro del Ministerio de Economía y será el encargado de recibir y analizar las presentaciones.

Evaluación integral y control estatal

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión no sólo tendrá la tarea de verificar si la inversión efectuada por el solicitante es válida, sino también de coordinar con diversos organismos públicos para garantizar que no existan riesgos para la seguridad nacional ni se afecten intereses estratégicos del país.

Para eso, en caso de considerar que la inversión es relevante, la Agencia solicitará informes a organismos como el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), entre otros.

Estas entidades evaluarán si el solicitante presenta antecedentes penales, está vinculado a actividades ilícitas o representa alguna amenaza para el país.

Con todos estos informes reunidos, la Agencia elaborará una recomendación —de aprobación o rechazo— que será enviada a la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

Migraciones tendrá entonces un plazo de hasta 30 días hábiles para emitir una resolución fundada que otorgue o deniegue la ciudadanía al solicitante.

Además del otorgamiento de la ciudadanía, el decreto prevé que quienes accedan a este derecho deberán poder tramitar su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), para lo cual se instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a realizar las adecuaciones necesarias.

La normativa también contempla que la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión deberá dictar las reglas complementarias que permitan instrumentar de forma clara y efectiva todo el procedimiento.