Fideicomiso transitorio administra desde hoy la autopista a Rosario

Ivana Fux
ifux@ellitoral.com

Vial Santa Fe es la denominación del nuevo operador de la autopista Santa Fe-Rosario a partir de hoy. Es un cambio de nombre -reemplaza a la concesionaria ARSSA- y también de modelo de gestión. Ya no se trata de un concesionario privado; tampoco implica la administración plena de parte de la provincia, instancia que exigiría la sanción de una ley. Se trata de una salida intermedia y “provisoria”. Ése es el otro elemento distintivo de la medida. El decreto Nro. 1870 firmado por el Poder Ejecutivo el 29 de junio, aprueba el modelo de contrato de fideicomiso que estará administrado por el Banco Municipal de Rosario, y establece claramente en sus considerandos y articulado que se trata de una solución “alternativa y transitoria”, que se extenderá por un año con posibilidad de renovar el vínculo por idéntico período.

Esta mañana, en una de las cabinas troncales de peaje, el actual administrador provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, dio explicaciones sobre cómo funcionará el nuevo sistema. Él es el funcionario signado por el decreto para firmar el contrato de fideicomiso; y el área a su cargo, la autoridad de aplicación.

Consultado por El Litoral, el funcionario ratificó que la provincia seguirá haciéndose cargo de las obras del corredor, y sostuvo que es aspiración de la gestión “licitar la repavimentación de toda la autopista” en el mandato de Miguel Lifschitz.

Aclaró, también, que la provincia seguirá teniendo potestad sobre el cuadro tarifario que, según dijo, no sufrirá variaciones en el corto plazo. Seghezzo destacó que el traspaso “se hizo de manera ordenada y sin problemas para los trabajadores, que mantienen sus categorías, ingresos y antigüedad”.

Comisiones y control

El decreto 1870 establece que los organismos de control que tendrán potestad sobre el contrato de fideicomiso serán la Dirección General de Concesiones de la Dirección provincial de Vialidad, y el Tribunal de Cuentas. Sobre esa base, Seghezzo confirmó que el actual Organismo de Control de la Concesionaria “terminará desapareciendo”.

Respecto de las comisiones a cobrar por el Banco Municipal por su rol de administrador del fideicomiso, el Anexo del decreto establece que serán equivalentes al “2 por ciento de los ingresos ordinarios por cobro de peaje y servicios”. Actualmente, la autopista tiene un promedio de ingresos de 30 millones de pesos por mes. La comisión estaría en el orden de los “600 mil pesos mensuales”, confirmó Seghezzo.

Provisorio

El decreto que aprueba el fideicomiso repasa los sucesivos vaivenes por los que atravesó la administración de la autopista en los últimos dos años. Cita el decreto 5194 de 2016 que refrenda la rescisión consensuada con ARSSA, y la concesión precaria que se estableció por seis meses a cargo de esa firma, hasta tanto la provincia adjudicara al nuevo operador. Apunta el llamado a licitación para definirlo, y menciona el decreto 1017 (ver El dato) que en pleno proceso licitatorio, el Ejecutivo firmó para revisar todo lo actuado. Sigue el relato cronológico mencionando el fracaso de la licitación porque el único oferente no cumplía los requisitos establecidos, y concluye en que la provincia se encontrana en el “dilema” de resolver “por vía excepcional” la continuidad de la prestación “de manera transitoria y precaria”. La licitación había fracasado; estaba a punto de finalizar la concesión precaria; ARSSA había formalizado la decisión de no aceptar nuevas prórrogas, y había “impedimentos transitorios” para que la autopista pasara a la órbita estatal. Esa “urgencia” -dice el decreto- fue la que justificó la elección de la figura de un fideicomiso administrado por una entidad pública -Banco Municipal- como solución. Pero una solución “alternativa y provisoria”, hasta tanto se adopte “un nuevo modelo de gestión que resulte adecuado para la administración y gerenciamiento del corredor, o se reúnan los requisitos legales para que la provincia tome directamente a su cargo la prestación del servicio público en cuestión”. Esa opción, aclara el propio decreto, “requiere de aval legislativo”.

Seghezzo, ante la consulta de El Litoral, explicó que se optó por hacer un contrato solamente de un año “porque estamos también a la espera de lo que resolverá la Nación en materia de concesiones viales. Veremos la situación en particular de Santa Fe y estaremos atentos a lo que pase a nivel nacional para tomar la decisión definitiva”, concluyó.

Revisión

Según confirmó Pablo Seghezzo, “una consultora externa” contrata por el Ministerio de Infraestructura es la que realiza la revisión encomendada por decreto Nro. 1017 de este año, con un plazo de 180 días. De ese análisis resultará si la rescisión con la empresa ARSSA es consensuada como lo intentó el gobierno, o unilateral. De ser esta última la conclusión, podrían caber multas o sanciones para la ex concesionaria.