Gobierno aclara: "No podemos resolver prisiones domiciliarias"

El gobierno provincial se vio forzado a aclarar públicamente no es su potestad resolver las prisiones domiciliarias. Durante el fin de semana, y después de una reunión que se realizó el viernes para analizar la situación penitenciaria tras los motines en Coronda y Las Flores, comenzó a circular la posibilidad de que se concedieran cientos de prisiones domiciliarias para “descomprimir” la población carcelaria, en el marco de la emergencia provocada por el coronavirus.

Sin embargo, el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, aclaró que ello es resorte exclusivo de la justicia. Y aclaró que desde el Poder Ejecutivo se trabaja para poder atender a los reclusos que eventualmente contraigan el virus, dentro del mismo penal.

“El Poder Ejecutivo no tiene competencia para resolver temas vinculados a libertades y flexibilización de las prisiones, como para convertirlas en domiciliarias. Eso es potestad y resorte exclusivo del Poder Judicial -dijo el funcionario-. Nosotros debemos proveer los informes que nos solicite la justicia a pedido del potencial beneficiario (el recluso) y tratar de despacharlos en el corto plazo. Pero ello también conlleva una logística”.

El funcionario admitió que “existe masividad” en la solicitud de los informes judiciales para requerir el estado de salud de los internos, y por ello mismo, sostuvo que requieren de “toda una logística” para poder responderlos. “Hay que hacer un movimiento considerable por lo que no podemos completar más de diez o doce informes por día. Hay que sacar al interno de la celda, asegurar medidas de profilaxis, revisarlo, devolverlo a la celda, hacer el escrito y enviarlo. Eso lleva tiempo. En Las Flores, por ejemplo, el servicio médico quedó destruido después del motín, así que es una complicación adicional”, describió.

Para quién

En términos generales, se presume que podría requerir la prisión domiciliaria aquella persona vulnerable o que se encuentra dentro de los grupos de riesgo. Sin embargo, Somaglia aclaró que hay muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta. “Es necesario revisar el perfil del interno, la gravedad del delito que cometió y la pena que está cumpliendo, y en qué situación se encuentra dentro del penal”, planteó. Y sobre esa base, sostuvo que “estamos reacondicionando diferentes sectores de cada unidad carcelaria, y vamos a llegar a las doscientas camas de aislamiento, dentro del propio Servicio. La intención es que los internos que eventualmente necesiten atención por esta enfermedad no deban salir del penal”.

En cuanto a la reunión del viernes, la evaluó como muy positiva. “Cada uno pudo exteriorizar su preocupación sobre el tema. Como Poder Ejecutivo, nosotros ratificamos la posición de sostener en el tiempo y durante el plazo que dure la cuarentena, todas las medidas restrictivas acerca de las visitas; y la entrega de los bolsones de alimentación y dinero que llevan familiares, a través del servicio penitenciario. Vamos a extremar, además, todas las medidas de profilaxis de los agentes penitenciarios y los controles sanitarios de las unidades penitenciarias”, comentó. En tanto, dijo que esperan tener en las próximas 48 horas un informe que permita cuantificar la población carcelaria que se en encuentra en situación de riesgo.

De la reunión del viernes participaron jueces penales, los titulares de la Defensoría y Fiscalía General de la provincia, representantes del Colegio de Magistrados; el ministro de Seguridad, Marcelo Saín y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Prudencia

Somaglia consideró que las eventuales prisiones domiciliarias deberían ser administradas con prudencia y “razonabilidad”. “Se ha expuesto de manera pública una situación que debe tratarse con cierto criterio de razonabilibidad. Porque acá se trata de derechos que están en pugna y que tienen jerarquía constitucional. Se trata, por un lado, de la libertad y la salud de cada interno; pero también de la salud y de la seguridad pública”, advirtió. “Entonces -sostuvo-, hay que ser muy cuidadosos al momento de resolver para que todos estos derechos queden en cierta manera satisfechos. Asimismo, todo habeas corpus tiene que estar sustentado en un perjuicio actual y real. Y hoy, ese perjuicio es potencial. Hay que procurar no aumentar el riesgo de un interno al sacarlo del penal, siendo que dentro de la cárcel van a estar protegidos”, concluyó.

Piden extender los “pabellones-iglesia”

Desde la Legislatura se solicitó que se amplíe la cantidad de sectores evangélicos en el sistema penitenciario de la provincia, sobre la base de “la conducta ejemplar y el modelo cordial de convivencia que demuestran”.

Aseguraron que en las últimas revueltas producidas tanto en la cárcel de Coronda como Las Flores, “la población de los pabellones iglesias no participó de los motines, evitando así una propagación de la violencia”. Recordaron que en esos sectores se establece un ordenamiento social, donde se deben cumplir “normas de conductas basadas en una práctica religiosa, en la disciplina y el orden, siempre respetando las reglas impuestas por el sistema penitenciario”. “Este trabajo -destacan-, cuando es mancomunado con las autoridades y los penitenciarios, exhibe una nula conflictividad de los presos que se alojan allí”. Por ello, sostuvieron que “la intención no es convertir las cárceles en iglesias, sino poder trabajar con los presos que sin ser evangélicos, abracen las buenas conductas morales que mejoran la convivencia”.

Según detalló, en Coronda, existen 4 pabellones cristianos que representan aproximadamente el 30% de la población detenida.