La cuestión asume particular relevancia en momentos en que el presidente Javier Milei dejó saber su disgusto con el presente elenco del Tribunal, del que esperaba un respaldo más temprano para el DNU 70/23 de desregulación de la economía, a partir de los pronunciamientos judiciales en contra de las disposiciones en materia laboral. El DNU fue rechazado por el Senado y espera turno en Diputados, y la Corte aplicaba su tradicional criterio de esperar que el diferendo fuera resuelto a nivel político. Pero frente a lo tortuoso que está resultando ese trámite (y tal vez la eventualidad de que en buena medida pueda resultar relevado por la ley ómnibus, si finalmente obtiene acuerdo), debería tomarse en cuenta la advertencia formulada por Rosatti en una disertación en el Rotary Club de Buenos Aires. En la oportunidad, el jurista santafesino dejó en claro que "hay que darle una primera chance a la política: hay charlas, reuniones, negociaciones en el Congreso que seguimos con avidez, pero si la política no resuelve este tema, la Justicia lo resolverá. No nos gusta que la judicialización sea el atajo para resolver los temas que no resuelve la política. Apostamos que estas cuestiones se resuelvan en el ámbito parlamentario o en el que sea; si no, lo resolveremos en un tiempo razonable".