Indígenas, indigentes y discapacitados argentinos frente al acceso a la justicia

Definiendo “problema jurídico” como aquellas situaciones o circunstancias que experimentan los ciudadanos, que afectan derechos o generan responsabilidades establecidas por las leyes o regulaciones del derecho positivo”, en cooperación con la Facultad de Derecho de la UBA, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia realizó un estudio comparativo entre los tres grupos poblacionales para indagar cómo cada sector resuelve sus problemas legales y que los causa.

El problema jurídico existe aun cuando los individuos no consideren el asunto como “legal” y aunque recurran a medios no judiciales para su resolución, e incluso cuando no hagan nada por resolverlo. Los grupos consultados distinguieron sus problemas legales en orden de prevalencia: trabajo, salud, familia, educación, violencia institucional, daños económicos, comercio, gobierno, seguridad social y justicia penal son los ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios quienes más lo padecieron. En tanto, problemas en las áreas consumidores, deudas, vivienda, discriminación, han afectado más al grupo de los ciudadanos que padece pobreza extrema. Salud y discriminación fueron los principales problemas mencionados por las personas con discapacidad. Sin embargo, las personas con discapacidad se sintieron menos discriminadas (17,6%) que las personas más pobres (30.8%) y la población indígena (25.9%).

Consultados sobre el posible origen de estos problemas, para las personas con discapacidad la principal hipótesis es “vivir en un país injusto” o su propia condición física. En tanto, para las personas en condiciones de pobreza extrema, el origen de sus problemas radica en el desempleo, la pobreza misma y el desconocimiento de sus derechos. La población indígena atribuye sus problemas a problemas familiares, “no tener contactos”, no tener suficiente educación y tener “mal carácter”.

Además, los ciudadanos aborígenes consultados consideraron que estos problemas judiciales les afectaron en lo económico, en su autoestima y en sus relaciones familiares. Las personas con discapacidad aseguraron que les provocaron daños a su salud; y las personas con pobreza extrema manifestaron que a causa de los problemas legales repercutieron en su situación laboral.

A la hora de buscar información para resolver sus problemas legales, el objetivo entre las personas con pobreza extrema fue “identificar personas o instituciones que los pudieran ayudar”. En tanto, entre la población indígena prevalecieron “identificar personas o instituciones que los pudieran ayudar” y “obtener información sobre sus derechos”. Para las personas con discapacidad, en cambio, “conseguir teléfonos o direcciones de alguna persona o institución en particular para que los ayude” fue el objetivo primordial.

Para tomar decisiones, la mayoría de las personas discapacitadas consultadas consideraron tener “la información adecuada”, mientras que la principal respuesta entre los indígenas y las víctimas de la pobreza extrema fue sentirse “perdido”.

Otro dato sobresaliente es que la mayoría de las personas con discapacidad e indígenas con problemas legales admitió haber intentado contactarse directamente con la contraparte, mientras que los ciudadanos en condición de extrema pobreza tendieron a no hacerlo.

La asesoría profesional preferida fue la de un abogado (34,8% de los casos); seguida por profesionales de la salud (21,4%), oficinas estatales (18,4%), defensorías (15,4%), un referente religioso (8,4%). las instituciones intermedias, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos tuvieron muy poca representación en las respuestas de los consultados. Discriminados estos datos por grupo consultado, las personas con discapacidad prefirieron la asesoría, en primer término, de un profesional de la salud, seguida por la de un abogado, luego un psicólogo y después un trabajador social. Los ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios prefirieron un abogado, luego una oficina estatal, una defensoría o un puntero político, en ese orden. Las personas más pobres también optaron por un abogado, una oficina estatal, una defensoría y un profesional de la salud.

Sin embargo, en general, los consultados consideraron más útil la ayuda brindada por algún referente religioso, seguida por la de un psicólogo, un asesor financiero y luego un abogado, aunque todos acabaron solucionando su problema mediante un abogado, con excepción de la población más pobre que dividió sus respuesta entre el abogado y alguna oficina estatal.

Entre los consultados que lograron resolver su problema, la manera más mencionada por la población indígena fue “por un acuerdo realizado personalmente” y “por otros medios”, mientras que para la población más pobre fue “mediante un juicio” o “una de las partes dio por finalizado el problema”. La mayoría de las personas con discapacidad seleccionó las opciones “por otros medios” y “una de las partes dio por finalizado el problema”.

Otro dato sobresaliente es el respeto recibido durante la resolución del problema legal: el 40% de la población indígena consultada percibió faltas de respeto hacia su persona, así como el 27,8% de la población más pobre, frente a solo el 14.4% de las personas con discapacidad. También los sectores indígenas y los más pobres son los que manifiestan no haber llegado a comprender sus derechos y responsabilidad legales y no haber obtenido información ni consejos.

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