Indulto a policía: un dictamen del Procurador deja en stand by la decisión de Pullaro

Un dictamen del Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, estableció un impasse en el análisis que el Poder Ejecutivo venía realizando sobre la posibilidad de indultar al policía Luciano Nocelli. Se trata del efectivo rosarino que en mayo de 2019, en medio de un intento de robo, termina disparando contra los dos asaltantes armados y les causa la muerte. El uniformado fue juzgado y acusado de doble homicidio; el tribunal entendió que había incurrido un exceso de su legítima defensa, y en 2022, lo condenó a 25 años de prisión. El fallo fue confirmado en segunda instancia.

El caso volvió a escena con la asunción del gobernador Maximiliano Pullaro. Porque en su propio discurso de asunción, consideró que la condena había sido excesiva e injusta para un agente policial que en apenas un puñado de segundos y frente a una situación amenazante, debía resolver cómo actuar frente a un par de ladrones. Lo volvió a decir en esos términos y arengando a la tropa, cuando puso en funciones a las nuevas autoridades de la institución policial. A poco de ello, en abril, Pullaro sorprendía –como revelara El Litoral- al confirmar que analizaba la posibilidad de indultar a policías condenados de manera injusta; el caso Nocelli constituía el paradigma. Sería la primera vez que un gobernador echara mano a esta facultad constitucional; la Constitución, de hecho, impide indultar a "empleados o funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". No se descartó, sobre esa base, explorar la vía de la conmutación de pena.

Fragmentación

Pero en el marco del proceso penal, la defensa de Nocelli presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, y ésta corrió vista al Procurador. Fue entonces cuando Barraguirre, en un dictamen emitido el pasado 19 de abril, se pronunció en línea con la posición pública que venía sosteniendo Pullaro, y cuestionó por "arbitraria" la decisión del Tribunal que condenó a Nocelli.

Su argumentación se centra en el registro fílmico obtenido de una de las cámaras del sistema de emergencias 911, que capta la escena del crimen y termina constituyéndose en uno de los elementos probatorios esenciales el juicio. El tribunal identifica en esa secuencia de apenas catorce segundos, dos momentos centrales: el del enfrentamiento que incluye los disparos de los asaltantes; y el de la reacción de Nocelli cuando dispara. Pero para Barraguirre, no fue correcta esa escisión, puesto que el hecho debe ser juzgado como un todo. Más aún, considerando el brevísimo lapso de tiempo en el que transcurren los hechos. Sobre esa base, consideró que "no resulta razonable fraccionar y juzgar en forma independiente una misma secuencia transcurrida en muy escaso lapso". A su criterio, se analizó la situación a partir de "una excesiva fragmentación del hecho".

"El fraccionamiento y el análisis de cada acción del imputado por separado sería cuanto menos arbitrario", plantea Barraguirre. Y considera que las aseveraciones formuladas en la sentencia "sólo pueden ser justificadas con el objetivo de otorgarles una autonomía e independencia irreales y, de ese modo, imponerle mayores consecuencias jurídicas" al imputado que las que hubiesen sido razonables. Para el Procurador, la fragmentación de la prueba llevó a una "forzada parcialización" que derivó en una consecuencia "que no es razonable". Asimismo, advierte que la prueba fílmica termina siendo un recorte, que carece de contexto. "La perspectiva visual desde la posición de Nocelli es totalmente distinta a la de la cámara que registró el video", planteó.

En otro orden, Barraguirre consideró que las normas invocadas para juzgar la conducta del policía, que se inscribiría según el Tribunal en un caso de violencia institucional, "no constituye derecho aplicable".

Por todo, interpretó que la sentencia podría ser calificada como "normativamente arbitraria", y sugirió ratificar la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.

Compás de espera

Habiendo dictaminado el Procurador, es ahora la Corte la que debe resolver sobre el planteo de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Nocelli.

Si la posición del máximo tribunal es en línea con la opinión del Procurador, ello podría derivar en una reducción de la pena para el imputado. De allí que, según pudo confirmar El Litoral, el Poder Ejecutivo haya resuelto aguardar ese fallo, antes de avanzar con un eventual decreto de indulto o conmutación.