Se puso en marcha el concurso para designar quién custodiará a las infancias argentinas

En un Congreso trabado en el tratamiento de leyes urgentes y designaciones clave, una agenda allanó su camino: la Comisión Bicameral avanzó en la búsqueda del nuevo Defensor/a de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con la publicación en el Boletín Oficial y el inicio del cronograma formal, se puso en marcha el Concurso Público de Antecedentes y Oposición para elegir al nuevo titular de la Defensoría de la Niñez, un cargo estratégico que quedó vacante en mayo pasado, tras la destitución de Marisa Graham.

La Comisión Bicameral, presidida por la senadora radical Natalia Sarapura, formalizó este martes el llamado público, tras semanas de negociación política por la salida de Graham. La ex Defensora —la primera en ocupar el cargo desde su creación en 2005— había prorrogado su mandato vencido en febrero ante la falta de reemplazo.

El cronograma prevé que entre el 19 de junio y el 3 de julio se abra la inscripción de postulantes. Luego vendrán las impugnaciones, audiencias públicas, exámenes, evaluación final y definición de terna. La fecha límite de elevación al Congreso para su votación es el 22 de septiembre.

La acefalía formal de la Defensoría no impidió que el Congreso se abocara con velocidad al diseño del nuevo proceso. A partir de este 19 de junio, quienes aspiren a ocupar el cargo podrán inscribirse mediante el sitio web de la Comisión Bicameral, con plazo hasta el 3 de julio.

El procedimiento, basado en la Ley 26.061 y en su reglamento, establece pasos precisos: presentación del plan de trabajo antes del 11 de agosto, evaluación de antecedentes, examen escrito anónimo, impugnaciones públicas y una audiencia ante la comisión.

Una vez finalizada la etapa de exámenes y entrevistas, el cuerpo seleccionará una terna con las candidaturas mejor calificadas. Esa lista será remitida al plenario de ambas Cámaras del Congreso para su votación. El plazo final para este trámite está previsto para el 22 de septiembre. De esta manera, el objetivo del oficialismo es poder tener la Defensoría de Niñez con la nueva conducción este mismo año.

Graham: una grieta en miniatura

El llamado ocurre a poco más de un mes de la salida abrupta de Marisa Graham, que había asumido en 2020 como la primera Defensora designada desde la creación del cargo. Su mandato de cinco años venció en febrero, y en lugar de dejar el puesto, emitió una resolución interna que prorrogaba su estadía hasta que el Congreso eligiera reemplazo.

El oficialismo y sus aliados calificaron la maniobra como "ilegítima", mientras que la oposición lo consideró como "un intentó mantener la institucionalidad". Finalmente, por mayoría simple, la Comisión Bicameral terminó por rechazar esa decisión, forzando la salida de Graham.

Sebastián Medina, jefe de Gabinete de la Defensoría, fue designado para sostener el funcionamiento administrativo del organismo. La Secretaría Legal quedó a cargo del abogado Nicolás Sipioni. Mientras avanza el concurso, asociaciones advierten sobre la necesidad de prontitud y transparencia.

Sin embargo, el procedimiento no estuvo ajeno de nuevas tensiones. Desde los bloques de La Libertad Avanza y el PRO plantearon en la última reunión de la Bicameral objeciones al calendario impulsado por la oposición.

El santafesino Nicolás Mayoraz pidió postergación y denunció que se "redujeron los plazos sin consulta". Su par María Sotolano reclamó una instancia para escuchar a las organizaciones civiles, algo que finalmente ocurrirá el 24 de junio, cuando se convoque a actores sociales y defensores del pueblo.

Asimismo, desde Unión por la Patria se solicitó que se convoque también para el 24 de junio a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y a Juan Bautista Ordoñez, Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Un cargo, múltiples urgencias

La ley exige que el futuro Defensor sea argentino, mayor de 30 años, y con trayectoria en defensa de los derechos de la niñez. Pero en la práctica, el proceso también estará atravesado por las tensiones políticas del momento. Graham había sido resistida en 2019 por sectores conservadores que cuestionaban su postura favorable a la ESI y los derechos reproductivos. La posibilidad de un perfil más alineado al oficialismo genera inquietud en los sectores progresistas.

Durante la gestión anterior, el organismo intervino en más de 300 casos individuales, promovió 20 causas judiciales y actuó ante situaciones de violencia, abusos, acceso a educación y salud, entre otros. Se trata del único órgano estatal con capacidad de representación judicial específica para niñas, niños y adolescentes, y con potestades de control sobre las políticas públicas.

Algunos de los litigios que actualmente lleva adelante la Defensoría impactan masivamente, como el reclamo por el acceso a becas escolares que afecta a más de 1,2 millones de adolescentes que solicitaron asistencia estatal para sostener su educación. También se destaca una causa en defensa del acceso al agua potable de niñas, niños y adolescentes en Salta, que puede afectar a 375.225 NNyA, de los cuales 81.725 son indígenas.

Recomendaciones y pedidos

Organizaciones civiles celebraron la apertura del concurso, pero advirtieron sobre algunas necesidades: asegurar la difusión pública de exámenes, antecedentes y puntajes, y se propuso la creación de un comité asesor para garantizar idoneidad técnica. También sugirieron tabular los antecedentes con mayor rigor y asegurar un perfil independiente de los partidos políticos.

"En un país donde las infancias más vulnerables crecen sin protección, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes es el único organismo nacional -con capacidad de intervenir frente al Estado y ante sujetos privados- con herramientas para garantizar sus derechos", resaltaron desde Infancia en Deuda.

Mediante un comunicado, el colectivo precisó que "según la Ley 26.061, es el único organismo del sistema de protección integral con capacidad de representar colectiva e individualmente a las niñas, niños y adolescentes que sufren vulneraciones a sus derechos. La Defensoría recibió más de 2.600 requerimientos, que dieron lugar a 310 casos, 463 actuaciones administrativas (solamente en el periodo 2023-2024) y 20 acciones judiciales entre amparos, hábeas corpus, denuncias y querellas, de las cuales 14 se encuentran en pleno trámite".

"Las temáticas de las intervenciones -tal como fue detallado por la Defensoría-, se relacionan con alimentación, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia y acceso a medicamentos, entre otros. También se destacan un 25% de intervenciones por graves situaciones de violencia, incluyendo abusos sexuales infantiles", agregaron.