Inquilinos proponen identificar los departamentos desocupados

En la Audiencia Pública para la actualización de las tarifas de la Empresa Provincial de la Energía, uno de los 22 oradores, en representación de la Asociación Inquilinos de Rosario propuso que la distribuidora identifique aquellas propiedades en las que -por su bajo consumo de electricidad- puede presumirse que no están habitadas.

Emmanuel Canelli sostuvo que según los cálculos de los que dispone esa entidad existen en la ciudad del sur unas 80 mil viviendas que no están habitadas y tampoco forman parte de la oferta inmobiliaria en el rubro alquileres.

La polémica propuesta no habla de obtener una información estadística sino de identificar a esas viviendas y así modificar sus impuestos a nivel provincial o municipal para penalizar lo que llamó "viviendas ociosas".

El representante de los inquilinos dijo que para no considerar a una vivienda como deshabitada se debería registrar durante 6 meses un consumo promedio menor al de 45,36 kwh/mes, que es el produce la utilización recurrente de una heladera. "Aquellas viviendas que no lo registren, serán consideradas como ociosas", definió.

Agregó que con esa información el Estado Provincial y Municipal podrían diseñar "políticas públicas" que agreguen impuestos más caros por no volcar esas viviendas al mercado de los alquileres.

La propuesta que forma parte de las inquietudes sectoriales que llegaron a la Epe y al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que conduce Silvina Frana, tiene antecedentes en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario. Allí hay proyectos de ordenanza como el Eduardo Toniolli (PJ-Frente de Todos), así como de María Eugenia Schmuck (FCyS-Bloque Radical) y de Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), que abordan el tema de las viviendas que no son usadas con ese fin.

Cabe señalar que, por la modalidad de la audiencia pública, no hubo una respuesta de la Epe ya que se trata de un debate en el que la lista de expositores se define con anterioridad y cada orador usa el tiempo asignado (cinco minutos) para dar a conocer su posición sobre la suba de tarifas o respecto de otros asuntos vinculados con el sector eléctrico. En la del 23 de abril todo se hizo de manera remota, por una teleaudiencia que se transmitió en redes sociales, y con la nómina de las intervenciones fue establecida de acuerdo con el orden de las inscripciones.

Por otra parte, la entidad pidió un sistema de "tarifas especiales para los inquilinos" que son "un 30%" de las personas que viven en la provincia, "aproximadamente un millón". Afirmó que producto de la crisis que ha generado la pandemia para muchos se les torna "inviable" afrontar el pago total del consumo energético, lo que se traduce a endeudamientos y caída de la calidad de vida. Dijo que así como la Epe tiene diagramadas tarifas subsidiadas para jubilados y casos sociales debería pensarse en beneficios para los inquilinos, sostuvo.

¿Tarifas de género?

Durante la audiencia pública en la que se expusieron argumentos sobre el pedido de aumento de la Empresa Provincial de la Energía, la concejala Norma López (PJ-Frente de Todos) destacó que la compañía estatal debería agregar a sus cuadros tarifarios "una mirada de género" que se traduciría en tarifas eléctricas más económicas para las mujeres consideradas jefas de hogares.

Describió con datos basados en estudios del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos el aumento de los hogares santafesinos en los que es una mujer quien aporta el principal sustento, y aseguró -ahora sin bases estadísticas- que las remuneraciones femeninas son menores a las masculinas. Dijo que las mujeres son "doblemente vulnerables frente a las tarifas porque ganamos menos que los varones", afirmó.

La edil no objetó el 33,8% solicitado por la compañía estatal en el Valor Agregado de Distribución que, según las intervenciones de diputados y técnicos de la oposición en la cámara baja de la Legislatura impactará en los bolsillos entre un 40 y un 50% más en los usuarios, según su consumo y categoría. López pidió que las subas de la Epe sean progresivas y sigan las variaciones de los salarios de los trabajadores.

Se extendió sobre el "sinceramiento tarifario entre 2015 y 2019" y señaló como responsables de esos aumentos, de entre 1.000 y 1.500% para demandas bajas y altas, a los gobiernos de Cambiemos en la Nación y del Frente Progresista, Cívico y Social en la Provincia.