Javier Milei volverá a pararse frente al Congreso el 15 de septiembre para defender el Presupuesto 2027, aunque antes intentará despejar buena parte de la agenda legislativa que condicionará la negociación más importante del segundo semestre.
El Presidente adelantó que presentará personalmente el proyecto de Presupuesto para 2027 el 15 de septiembre, pero en Casa Rosada pretenden llegar a esa fecha con varias reformas encaminadas, luego del traspié sufrido con la Extranjerización de Tierras.

Javier Milei volverá a pararse frente al Congreso el 15 de septiembre para defender el Presupuesto 2027, aunque antes intentará despejar buena parte de la agenda legislativa que condicionará la negociación más importante del segundo semestre.
La fecha coincide con el límite legal para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto y supone un cambio respecto del año pasado: en 2025, Milei presentó el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada; ahora volverá al formato que utilizó en septiembre de 2024, cuando expuso personalmente ante Diputados.
Más allá de los números que se establezcan en el proyecto, el mandatario buscará colocar volver a poner el foco en la necesidad del equilibrio fiscal como eje del programa económico y, al mismo tiempo, abrir la discusión que comienza a desandarse sobre las elecciones de 2027.
La exposición presidencial tendrá alta carga simbólica, porque Milei sigue siendo el principal vocero de su propio programa. Según se anticipa, el equilibrio de las cuentas públicas será la línea dominante de la exposición y servirá para fijar los límites dentro de los cuales el gobierno nacional estará dispuesto a negociar.
El Presupuesto de 2025 también había sido presentado por Milei personalmente, pero no logró convertirse en ley. El de este año, en cambio, fue anunciado por cadena nacional y terminó aprobado en las sesiones extraordinarias de diciembre luego de arduas negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich y se transformó en el primero sancionado durante su administración, aunque los números quedaron rápidamente lejos de lo aprobado.
Ahora el objetivo es evitar otra prórroga y llegar al año electoral con una hoja fiscal aprobada por el Congreso. Pero los votos no saldrán únicamente de La Libertad Avanza. El Gobierno necesita conservar acuerdos con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, los mismos interlocutores que requiere para las reformas que pretende acelerar durante las próximas semanas. Por eso las fichas legislativas empiezan a contarse desde bastante antes que el 15 de septiembre.
La estrategia oficial es evitar que el Presupuesto absorba toda la negociación política de entrada y llegar con más aire al Congreso, luego del revés en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Por eso, Diputados tiene previsto volver al recinto el miércoles 26 de agosto para tratar dos iniciativas particularmente sensibles para el Ejecutivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, ambos con dictamen de comisión.
La modificación del BCRA busca prohibir el financiamiento al Tesoro, endurecer las condiciones para remover a sus autoridades, modificar la distribución de utilidades y establecer mecanismos para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.
Inocencia Fiscal, en tanto, llegará con cambios introducidos durante la firma del dictamen para limitar los beneficios que podrían alcanzar a funcionarios públicos dentro del régimen simplificado de Ganancias.
El Senado también mantiene abiertas discusiones de peso, pero todavía en comisión. Continuará esta semana el tratamiento de la nueva Ley de Sociedades y del denominado Súper RIGI, mientras el Gobierno pretende sumar al paquete la reforma política y, particularmente, la suspensión de las PASO antes de que comience formalmente el año electoral.
En Diputados, además de la sesión proyectada para el 26 de agosto, continúan las reuniones de comisión sobre obra pública, comercio, economía y legislación penal. En el Senado avanzan las audiencias para nombramientos judiciales y los plenarios sobre sociedades, incentivos a grandes inversiones y mercado de carbono.
La secuencia busca cerrar primero las reformas y llegar con más aire a la discusión sobre el Presupuesto, una negociación que inevitablemente más amplia porque ahí aparecen una gran parte de las transferencias, partidas, obras y recursos que afectan a cada provincia. En ese plano, emerge la figura de Diego Santilli.
El jefe de Gabinete asumió buena parte de la tarea de recomponer la relación con los gobernadores después de algunos cortocircuitos legislativos que hicieron perder apoyos al oficialismo. Esta semana llevó esa misión a la Asamblea del Norte Grande, donde se reunió con mandatarios provinciales y aseguró: “La agenda que yo tengo es la de ellos, casi el 90% está resuelta”.
Uno de los planteos más concretos llegó de parte Osvaldo Jaldo. El tucumano sintetizó las demandas de los mandatarios señalando que “la integración y el trabajo conjunto entre las provincias del Norte Grande son fundamentales para defender una agenda federal”. Y le puso nombre al reclamo: la Reversión del Gasoducto del Norte para garantizar energía suficiente y a costos competitivos. Santilli respondió con anuncios sobre la reactivación de infraestructura vial. Según afirmó, unos 9.000 kilómetros de rutas podrían “entrar en obra a fin de mes, principio de septiembre”, justamente en la antesala de la presentación presupuestaria.
Los reclamos, sin embargo, siguen siendo concretos. Obras viales, energía, gasoductos, rutas nacionales, transporte, financiamiento de infraestructura aparecen repetidamente entre las demandas que se cruzan con las conversaciones incipientes sobre lo que estará contemplado en el Presupuesto del próximo año. Cuando el proyecto tome forma y llegue al Congreso, los gobernadores volverán a mirar qué obras aparecen y qué recursos tendrán disponibles para empezar a resolver su respaldo al programa financiero de 2027.
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