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Emilio Rosatti

Juicio por Jurados: una deuda pendiente

“¿Si una persona puede votar por qué no puede decidir si alguien es culpable o inocente?” se pregunta el autor. “Creo que es la verdadera democratización de la Justicia”, arriesga. Con prólogo del Dr. Daniel Erbetta, el producto “nos interpela sobre el modo que hemos naturalizado un incumplimiento histórico”, señala el ministro.  

Juicio por Jurados: una deuda pendienteJuicio por Jurados: una deuda pendiente

Domingo 7.6.2020
 17:39
Juliano Salierno
Juliano Salierno

“Estudios sobre el Juicio por Jurados. Una deuda pendiente” se presenta al público como la primera obra del abogado y docente santafesino Emilio Rosatti. Publicado en mayo por la Editorial Librería Cívica, el texto pretende ser un aporte a la “democratización de la Justicia” y al mismo tiempo, saldar una vieja deuda con la Carta Magna, que desde 1853 propone la participación del ciudadano lego en los asuntos penales.

Con prólogo de Daniel Erbetta, el libro “nos interpela sobre el modo que, incluso desde nuestro lugar, hemos naturalizado un incumplimiento histórico”, señala el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Y “nos lleva a reivindicar un espacio decisivo que compromete al sistema de justicia pero que adquiere una especial relevancia porque involucra nada más y nada menos que a la dimensión democrática de un poder no representativo, monopolizado exclusiva y excluyentemente por la abogacía y sin participación de la ciudadanía”.

Así, en medio de una pandemia mundial, su autor realiza un breve pero agudo análisis sobre el sistema de juicio por jurados, desde su origen, desarrollo y devenir en nuestro país a lo largo de más de un siglo y medio de vida institucional.

-¿Por qué es una deuda pendiente?

-Bueno, el Juicio por Jurados está en nuestra Constitución Nacional desde que se sancionó en 1853 y en las sucesivas reformas, pero en ningún momento fue modificado ni sacado. No sólo está en una norma sino que está en tres artículos de nuestra Constitución. Es decir que de 1853 a la fecha, tenemos un espacio de tiempo más que interesante donde no se ha resuelto ni implementado a nivel Federal, aunque sí en ámbitos provinciales. Es decir, que el subtítulo es un llamado a reflexionar sobre este aspecto.

-¿En el contexto actual, el juicio por jurado no es una tentación a la demagogia? De poner a juzgar a alguien que no conoce de leyes...

-Esa es una visión. Yo comparto una visión totalmente opuesta. El sistema de justicia actual no está bien visto y esto está claro; las encuestas así lo reflejan. Sin embargo creo que hay un gran problema de desconocimiento de cómo se trabaja en la justicia, y la mejor manera de que esto se revierta, es que la sociedad se involucre. Y esta es la mejor herramienta para que vea como trabaja la justicia y decida respecto de un par. Creo que es la verdadera democratización de la justicia, que es una frase que venimos escuchando desde hace años -incluso con un paquete de leyes enviado al Congreso de la Nación-, esta es la mejor manera de democratizar la justicia. Independientemente de todo esto, no es un sistema por el que deberíamos optar para clarificar la justicia o para mejorar la imagen, sino que es un sistema que ‘debemos adoptar’ porque así lo indica nuestra Constitución. Es decir que no sólo le veo puntos a favor para mejorar la imagen de la justicia, para que la gente se involucre y no la critique desde afuera -mal o bien-, sino que además, esto debería suceder.

-¿Es el juicio por jurado una mirada esperanzadora de la justicia, un punto de equilibrio en ese ambiente de crítica?

-El sistema de Juicio por Jurados cambia el modo de ver y ejercer la justicia. El juicio por jurado en audiencias públicas supone que todo tiene que estar a la vista y suceder delante de la sociedad que va a estar juzgando. Es decir que toda la prueba que se produzca no va a ser por escrito y escondida como en los antiguos sistemas inquisitivos, sino que está todo a la vista. Lo importante es que todo suceda ahí, y de lo que se ofrezca, el jurado va a resolver. Inmediatez y transparencia como puntos positivos; y que la sociedad se involucre, conozca y decida.

-¿Cuáles son las principales críticas?

-Hay varias críticas, una es que el sistema actual no está preparado para mudarse al juicio por jurados, entendiendo que no hay salas de audiencia donde pueda entrar un jurado; que no hay garantías para resguardar a doce personas; o que esas personas que no entienden de leyes tienen que aplicar una ley. Bueno... todo esto, en mi modo de ver, es muy fácil de rebatir. El sistema de justicia está variando y cada vez existen más salas de audiencias, por lo cual el proceso no sería tan tedioso ni costoso. Varias provincias lo están implementando y no ha habido cuestionamientos de ese estilo. Respecto de confiar en doce personas que no entienden de la ley y van a aplicarla, siempre tiendo a pensar en que si una persona puede votar y elegir a un presidente o presidenta o legisladores, que definen el destino de un país, por qué no pueden decir -aplicando la sana critica y la razonabilidad- si una persona es culpable o inocente. Lo que no van a saber es si corresponde una pena de 8 o 25 años, pero van a decir si es culpable o no culpable.

-En el libro utiliza la frase “correr el riesgo” de ser juzgado por “personas del pueblo”. ¿Eso refiere a abrir el juego al ciudadano común a riego de perder el control?

-Abrir el juego y no tener miedo a que un par nos juzgue. Hemos visto a lo largo de nuestra historia muchas decisiones judiciales que no tenían ni pies ni cabeza y si a un juez técnico le encuentran puntos críticos, por qué no confiar en un jurado que puede tranquilamente tomar una decisión respecto si una persona es culpable o inocente.

Ocho provincias

En el país, hasta el momento son ocho las provincias que tienen reglamentado el sistema. Con Córdoba a la cabeza (lo tiene desde 2004), la siguen Buenos Aires, Neuquén, Chaco y Río Negro, donde ya hubo varios ensayos. En Mendoza el primero se desarrolló el año pasado y en la provincia de San Juan aguardan el paso del simulacro al caso real. Aquí en frente, en Entre Ríos, fue sancionada la ley el año pasado. En el caso de Santa Fe, el proyecto viene rezagado -tiene media sanción en Diputados-.

-¿Aunque bajo un patrón común, cada provincia tiene sus particularidades, no...?

-Sí, esto es interesante, polémico y opinable. El federalismo argentino permite que cada provincia organice su sistema de justicia y dentro de ese sistema puede optar por el sistema de Juicio por Jurados. Entonces al optar por este sistema puede darle un tinte diferente dentro de su jurisdicción.

-¿En qué puede variar de una provincia a otra?

-Las características más notables en que pueden variar dentro de cada distrito son, por ejemplo, si el imputado puede renunciar o no a someterse a un Juicio por Jurados y optar por un juicio tradicional, lo que supone un derecho del imputado a someterse o no a que sus pares lo juzguen. La paridad de género es otra particularidad, a mí me parece importante destacarlo y que ésto se cumpla. El tema de género no sólo atraviesa el sistema de justicia y dentro de éste el juicio por jurados sino todos los ámbitos. Me refiero a la conformación del jurado. Si es uno clásico de 12 personas, 6 por género contemplaría la paridad.

-Hay lugares en los que incluso se tiene en cuenta la condición socioeconómica del imputado...

-Sí. Hay varios parámetros donde uno puede apoyarse para intentar que el jurado sea lo más imparcial posible. La edad es uno, la condición socioeconómica es otro, la profesión de quien es imputado es otro parámetro. No diría en términos raciales, porque esto sería más en Estados Unidos. Y hay distintas cuestiones a tener en cuenta para elegir el jurado, en un sistema aleatorio, y que este sea lo más imparcial y refleje lo mejor posible a la sociedad misma, porque este es el fin último del Juicio por Jurados, que la sociedad juzgue a un par.

Orgullo, desafío y satisfacción

La obra que acaba de publicar Emilio Rosatti fue declarada “De Interés” por el Honorable Consejo Municipal de Santa Fe el mes pasado, por iniciativa de los ediles Juan José Saleme y Leandro González. Si bien es su primer libro, el autor ha incursionado en el mundo editorial a través de la publicación de artículos de corte académico, en libros jurídicos, en la revista de Derecho Público de Rubinzal; y como coautor de libros en materia Electoral y Derecho Público de la UBA.

-¿Qué significa esta primera publicación?

-En términos personales es un orgullo, uno ha plantado un árbol, tengo dos hijas y siempre tuve en la mira hacer una publicación solo. En términos familiares vengo de una familia en done se ha leído y se lee mucho y mis padres han escrito ambos, entonces eso también me incentivó a soltarme y a querer lanzarme en esto que espero sean varias publicaciones más. En términos de prólogo entendí que tenía que ser alguien de la provincia de Santa Fe, que esté relacionado con el tema y que tenga una visión similar a la que quiere reflejar el libro, me parece que el Dr. (Daniel) Erbetta, que ha sido decano en la Universidad de Rosario y es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, era la persona que iba a prestar la atención que yo quería para mi primer publicación.

Datos de autor

Emilio Rosatti tiene 37 años, es santafesino y el mayor de los hijos del ex intendente de la ciudad y actual ministro de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti. Emilio se graduó como abogado en 2008 en la Universidad Nacional del Litoral. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la UNL; y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF). En su recorrido académico se especializó en Derecho Procesal Penal; y es miembro de comité ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Su ámbito laboral es el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, donde ocupa el cargo de Secretario de Cámara.


Más información www.libreriacivica.com

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